Igualdad

Igualdad convoca a cuatro ministerios y medio centenar de organizaciones para definir un "sistema estatal de cuidados"

Una empleada del hogar trabajando.

"Las mujeres hemos estado muy solas realizando tareas fundamentales para que ruede el sistema". Las palabras pertenecen a Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, quien este martes ha anunciado un compromiso firme por parte del Ministerio de Igualdad: desarrollar políticas públicas que blinden los cuidados –a menores, mayores y personas dependientes– como "un derecho universal y reconocido en el marco normativo". Que no sean las mujeres quienes en exclusiva carguen con el peso de los cuidados y que sobre ellas deje de pesar la precariedad del trabajo doméstico. El objetivo pasa por asumir esa responsabilidad desde las instituciones y convertirla en una prioridad. Ese reto, "cambiar el paradigma más allá de reformas parciales", será el que aborde la Mesa asesora para los cuidados, un órgano que se reunirá este lunes por primera vez y que contará con la participación de cuatro ministerios además de Igualdad, sindicatos, patronal y más de medio centenar de organizaciones y expertas. La presidirá la ministra Irene Montero.

El compromiso es claro: el diseño de un documento de base con medidas para caminar hacia un sistema estatal de cuidados y paralelamente la puesta en marcha de actuaciones urgentes que fomenten la corresponsabilidad. Para lo primero, el organismo de Antonia Morillas se concede el plazo de un año. Entretanto, las medidas que prevé desarrollar se irán aplicando de manera paulatina. Algunas de ellas han sido anunciadas en los últimos meses, como el fortalecimiento de los servicios públicos a través del Plan Corresponsables, ideado hace casi medio año y por el que las comunidades ya han recibido el 75% de los 190 millones previstos. También se introducirán medidas en favor de la corresponsabilidad en la futura Ley de Familias que diseña el Ministerio de Derechos Sociales y se aplicará un enfoque feminista en la ejecución de los fondos europeos, con la mirada puesta en la atención a la dependencia y la ayuda a domicilio.

En la esfera laboral, Morillas se ha referido al impulso de compromisos ya conocidos, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, la creación de una red pública de escuelas de cero a tres años y la flexibilización de los horarios para que sean "las empresas las que se adapten a las necesidades de los trabajadores y no al revés".

La tercera tarea en esta estrategia por los cuidados tiene nombre: trabajadoras del hogar. El Ministerio de Igualdad asume el reto de "profesionalizar los cuidados en precario", para lo que insiste en la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una reivindicación histórica del colectivo. El convenio fija los criterios básicos para regular el trabajo doméstico, hoy día atravesado por condiciones de precariedad que redundan no sólo en los sueldos, sino en la parcialidad, las bajas médicas, las enfermedades laborales, el libre despido y las pensiones de las trabajadoras. La OIT advirtió ya en 2016 del amplio número de empleadas del hogar trabajando sin contrato: hasta un 30% en nuestro país. Actualmente, el Ministerio de Trabajo se encuentra recabando los informes necesarios para analizar "cómo se acomoda lo que dice el convenio a la normativa estatal" y proceder inmediatamente después a su ratificación.

Tarjeta roja a las mujeres

Morillas ha remachado el impacto de la pandemia sanitaria en una "crisis de cuidados" de la que el movimiento feminista ya venía advirtiendo y que derivó en el compromiso por un pacto estatal de cuidados, anunciado por Irene Montero hace ya más de un año. La Mesa que echa andar este lunes prevé encauzar y dar forma a esa promesa. La pandemia del coronavirus ha servido para mostrar que "cuando no hay políticas públicas que se encarguen de los cuidados, los asumen las mujeres", con las consecuencias que conlleva. "No sólo se trata de tareas invisibilizadas", sino que también han funcionado como tarjeta roja, imponiendo penalizaciones en lo laboral y en lo personal. La feminización de los cuidados "afecta a la calidad de vida de las mujeres", ha enfatizado la directora del organismo. La crisis sanitaria y la merma de los servicios públicos debido a los recortes previos evidencian que "no existe un reparto corresponsable" de los cuidados y las tareas del hogar. 

El lunes 20 se darán cita el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración y el Ministerio de Educación, además del Ministerio de Igualdad. Participarán voces expertas y entidades como la Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac), la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (Fams) y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). También estarán presentes UGT, CCOO, la CEOE y CEPYME, así como organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto de las Mujeres de México.

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