Caso ERE

La imputación de Magdalena Álvarez en el caso ERE coloca a Griñán en el ojo del huracán

José Antonio Griñán, durante su intervención en la reunión del Comité Director del PSOE-A que se celebró este martes, 2 de julio, en Sevilla.

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía dio ayer lo que su propio auto define como “un paso cualitativo” al imputar a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, junto con otros 17 exaltos cargos y un cargo actual del Gobierno autonómico. La magistrada Mercedes Alaya imputa a Álvarez, hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por haber aprobado como consejera de Economía las normas legales y los procedimientos que permitieron el reparto discrecional de ayudas por expedientes de regulación de empleo (ERE) y abrieron la puerta al “dispendio continuado de fondos públicos”.

Ese sistema, implantado por una orden de 2003 en la que "que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación", siguió siendo utilizado cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, sucedió a Álvarez como consejero de Economía en 2004. En la práctica, la juez está colocando así a Griñán en el ojo del huracán de un caso convertido en talón de Aquiles del PSOE y trufado de episodios escandalosos, desde el reparto de ayudas millonarias a empresas controladas por cargos locales socialistas de la Sierra Norte sevillana a la incorporación de familiares y amigos como intrusos en distintos ERE.

El PSOE habla de "causa general"

Que el auto de Alaya, fechado el 28 de junio pero conocido ayer, marca un punto de inflexión lo corrobora un hecho: por primera vez desde que hace dos años y medio comenzaron las investigaciones, el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, acusó ayer a Alaya de impulsar “una causa general” contra los Gobiernos de Chaves y Griñán.

El Gobierno andaluz, que ejerce la acusación particular en el caso, guardó silencio, aunque algunos dirigentes expresaron en privado su malestar con el hecho de que el auto considere delito la aprobación de normas legales, un hecho que califican de “inédito”. “Es como si culparas de un accidente de tráfico al que ha fabricado el coche”, ejemplificó una fuente.

Como presidente andaluz, Griñán solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, lo que obligaría a Alaya a abandonar total o parcialmente la investigación si observa indicios de delito en su conducta. Hace una semana y en un gesto que se presta a nuevas lecturas tras el auto de Alaya, Griñán anunció que no optará a la reelección y dio el pistoletazo de salida para que el PSOE elija a un nuevo candidato a la Junta. A priori, la favorita en las primarias del 29 de julio es la consejera de Presidencia, Susana Díaz, cuyo número dos, Antonio Lozano, figura en la lista de nuevos imputados como el único alto cargo en ejercicio.

¿Sabía Griñán lo que se avecinaba? Sus portavoces lo niegan, pero la resolución de la juez añade dudas al porqué de su inesperado y desconcertante anuncio de retirada cuando la legislatura no ha cruzado aún el ecuador.

El sistema empleado durante la etapa de Álvarez como consejera puede resumirse así: utilizar para el pago de ayudas sociolaborales las llamadas transferencias de financiación –es decir, aportaciones dinerarias para el funcionamiento general del ente, o departamento receptor o para equilibrar sus cuentas– y hacerlo sin los preceptivos controles. Ese sistema, dice el auto, "habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención".

Dosificar los tiempos

Censurada por la Cámara de Cuentas, esa práctica continuó vigente oficialmente hasta 2010, aunque, una vez anulada, la juez sostiene que se siguió empleando. Por qué, si el sistema se mantuvo, la juez imputa a Álvarez, aún sin fecha para su declaración, y no inicia los trámites para que el Supremo haga lo mismo con Griñán plantea la incógnita de si está dosificando los tiempos o si, por el contrario, maneja algún factor diferenciador todavía desconocido.

En el caso hay un precedente similar al fenómeno de la dosificación de imputaciones que afecta a dos políticos socialistas de menor importancia, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. Ambos –el primero como presidente de un organismo de la Junta, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y el segundo como consejero de Empleo- firmaron en 2001 un convenio marco por el que, en la práctica, las ayudas quedaron exentas de fiscalización.

Por ese convenio, la juez dictó hace un año prisión incondicional para Fernández, quien finalmente y previo recurso logró la libertad tras pagar 450.000 euros de fianza. El otro alto cargo que rubricó el convenio, José Antonio Viera, ni siquiera está imputado. Viera ocupa un escaño en el Senado, lo que le garantiza el aforamiento ante el Supremo.

La clave argumental del auto se localiza en el informe de fiscalización aprobado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en octubre de 2012. La juez Alaya reproduce varios pasajes de ese informe, que califica de “inadecuada” la fórmula que permitió abonar subvenciones con dinero procedente de transferencias de financiación. “En las sucesivas leyes de presupuestos de la comunidad autónoma (…) se ha utilizado de forma inadecuada la figura de las transferencias de financiación”, dice el informe, que a renglón seguido expone las consecuencias de ello.

Una de esas consecuencias es esta: “En el proceso de ejecución presupuestaria se han tramitado como transferencias de financiación expedientes de gastos de subvenciones excepcionales, obviando el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza”. En el cierre del entrecomillado se encuentra el misil. La juez considera desviados los 700 millones que entre 2001 y 2010 conformaron la partida 31L de ayudas sociolaborales. Y parte de una premisa: sin el marco legal que permitió esquivar los controles no habría sido posible la malversación a gran escala.

La resolución judicial no atribuye ningún delito concreto a Magdalena Álvarez pero la señala como “la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación”, las utilizadas como camuflaje, según Alaya, para abonar las ayudas sociolaborales.

Más allá de 2004, cuando Zapatero la nombró ministra de Fomento, la juez no habla de Álvarez. Pero dicta la imputación de otros exaltos cargos de distintas consejerías que en años posteriores aplicaron el mismo sistema. De hecho, entre los nuevos imputados figura Manuel Gómez, que fue interventor general de la Junta hasta abril de 2010. Gómez intentó meses atrás desmarcarse sin éxito de lo sucedido: en declaraciones al diario ABC, llegó a señalar a Griñán como responsable directo de “cebar sin descanso” la partida de ayudas sin control.

Desde que la juez emprendió sus investigaciones hace dos años y medio , el PSOE andaluz había mantenido una actitud de prudencia pública y respeto a sus actuaciones. Ayer, la imputación de Magdalena Álvarez rompió el molde. Emulando al portavoz del PP, Carlos Floriano, en sus acusaciones sobre la instrucción del caso Gürtel, el número dos de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, saltó por la tarde a la yugular de Alaya.

La juez, espetó Jiménez, intenta trasladar a la opinión pública a través de sus autos “una causa general contra los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán sin ningún sentido”. Pese a lo anterior, el vicesecretario general del PSOE andaluz se declaró “absolutamente respetuoso” con la instrucción, si bien introdujo otra cuña al afirmar que “no existen las casualidades”. Era esa una referencia casi explícita al hecho de que la notificación del auto haya coincidido con la celebración del comité director del PSOE andaluz, máximo órgano de dirección entre congresos, y con el arranque de las primarias.

Miles de personas se manifiestan contra los recortes en 60 ciudades

Auto de imputación de la jueza Alaya (PDF)

Más sobre este tema
stats