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Corrupción

Imputado en la 'operación Púnica' el consejero delegado del gigante tecnológico Indra

El directivo de Indra Javier Monzón durante una visita del expresidente madrileño Ignacio González. Al fondo a la derecha Salvador Victoria.

Alicia Gutiérrez | Tono Calleja

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado este miércoles el secreto de la operación Púnica desvela que entre los imputados figura Javier de Andrés, consejero delegado de IndraIndra, la primera multinacional tecnológica española y donde el Estado posee una participación del 20% a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Con 39.000 empleados, el gigante tecnológico facturó 2.914 millones de euros en 2013. 

Hasta ahora, se conocía la imputación del ya ex director general de la compañía, pero no la del consejero delegado, que mantuvo el cargo después de que el anterior presidente, Javier Monzón, fuese sustituido por Fernando Abril Martorell en enero

Además de De Andrés, también permanece imputado el director general de Operaciones de Indra, Santiago Roura, dato que ya trascendió al comienzo del caso.

Secreto de las rogatorias

La resolución del juez Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, confirma que el instructor ha decidido mantener todavía secreta una parte del caso, en concreto la relacionada con las comisiones rogatorias.

Sobre la presunta implicación de Javier de Andrés y Santiago Roura en la trama corrupta, la resolución del juez Velasco destaca cómo ambos, Javier de Andrés y Santiago Roura, participaron en el supuesto encubrimiento de pagos a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa prestaban a políticos de distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, servicios de mejora reputacional en internet.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –dice el auto–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura Lama y Javier de Andrés González, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”.

El sustituto provisional de Fígar, también imputado

El auto contiene una segunda imputación desconocida hasta la fecha: la de Manuel Pérez Gómez, quien sustituyó por poco más de tres semanas a Lucía Figar cuando la antaño poderosa consejera de Educación se vio forzada a dimitir por su implicación en el caso y para no entorpecer las negociaciones del PP con Ciudadanos para la investidura de Cristina Cifuentes.

Viceconsejero con Figar y consejero solo entre el 4 y el 27 de junio, cuando los integrantes del Gabinete de Cifuentes tomaron posesión de sus cargos, Pérez Gómez había ocupado distintos puestos de segundo nivel en distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y, luego, de Ignacio González.

La inclusión de Pérez Gómez en la nómina de imputados empeora el panorama para el PP madrileño en una investigación que sitúa al hasta hace días número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, como uno de los ejes de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad. Son los también imputados José Martínez Nicolás, exjefe de la Agencia de Informática de Madrid, y el empresario Alejandro de Pedro, quienes implican al exdirigente en la trama.

Según Nicolás, Victoria ordenó cobrar 120.000 euros en negro a la empresa Indra, y también habría entregado 10.000 euros en B a De Pedro. El ya exconsejero de Presidencia niega los hechos. Este lunes, el juez Velasco acordó prohibir la salida de Victoria de España.

La también ya exconsejera Lucía Figar, por su parte, contrató supuestamente servicios de las empresas Madiva y EICO –propiedad de De Pedro– por un coste total de 80.000 euros entre 2012 y 2014. Estos contratos tenían como objetivo mejorar el posicionamiento de las noticias que afectaran a la consejera en internet. También acordaron la creación de una página web que divulgase en el extranjero los estudios universitarios que pueden seguirse en Madrid.

Reputación de Aguirre

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De la importancia de las relaciones de la trama con el Gobierno madrileño de Ignacio González habla el siguiente dato, adelantado en exclusiva por infoLibre este martes: la red generó decenas de noticias para mejorar la reputación en internet de Esperanza Aguirre, y así lo confirma un informe de EICO, cuyo propietario es el conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro, al que ha tenido acceso este diario.

El contrato entre EICO y la Comunidad de Madrid, que generó un mínimo de 120.000 euros de beneficio a la red Púnica, se firmó en abril de 2012. Y la responsable en el Gobierno madrileño era Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por el contrato.

Este periódico trató, sin éxito, de contactar con la empresa Indra para incluir su versión de los hechos en la información.

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