Inmigración

La incierta travesía que les espera a los 2.500 inmigrantes que esperan en los CETI de Ceuta y Melilla

La incierta travesía que les espera a los 2.500 inmigrantes que esperan en los CETI de Ceuta y Melilla

La última entrada masiva de inmigrantes a través de la valla de Melilla tuvo lugar este martes, cuando alrededor de 500 personas traspasaron la frontera que separa España y Marruecos. No son los únicos: desde hace años, cientos de hombres y mujeres procedentes, en su mayoría, del África subsahariana, intentan entrar en territorio europeo cruzando a las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que lo consiguen? ¿Son atendidos en España? ¿Se procede a su repatriación?

No existe una única posibilidad, explica María Serrano, responsable adjunta de política interior de Amnistía Internacional, aunque sí que hay algunos patrones claros. Según la ley, relata la activista, el primer paso que deben seguir las autoridades es abrir un expediente de expulsión a todo aquel inmigrante que entre de manera ilegal en territorio español, con el fin de ser repatriado a su país de origen.

No obstante, no todos los indocumentados son efectivamente expedientados: los hay que acuden directamente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma a la que hayan llegado para ser alojados. Otros, no obstante, prefieren "documentar" su estancia en España, señala Serrano, para evitar que puedan ser devueltos a sus países sin garantías y tener derecho a asistencia letrada y a un intérprete. ¿Y cómo lo hacen? Presentándose en comisaría para que se les abra, precisamente, un expediente de expulsión.

Una vez expedientados, estos inmigrantes se unen al resto en los masificados CETI de Ceuta y Melilla –donde en total se alojan unas 2.500 personas–, unos centros de asistencia y no de detención, como recuerda la responsable de Amnistía Internacional. En ellos, los inmigrantes tienen derecho a entrar y salir, y no se encuentran sometidos a un régimen de vigilancia, a diferencia de lo que ocurre en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península.

No obstante, la saturación en los CETI, además de dificultar la gestión del cuidado de los inmigrantes, también puede tener consecuencias sanitarias. Un total de 226 personas, entre inmigrantes y personal, están ahora mismo siendo tratadas en Melilla para evitar ser contagiadas al haber podido entrar en contacto con un inmigrante que padece meningitis y que se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Hospital comarcal de Melilla, según han informado a Europa Press desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Los inmigrantes pendientes de expulsión, enviados a la península

Pasado un periodo de tiempo que varía en función de factores como la cantidad de plazas disponibles, los inmigrantes con un expediente de expulsión abierto son trasladados a los CIE y quedan, de esta manera, distribuidos por los centros de esta naturaleza existentes en la península a la espera de que se tramite su expulsión, una estancia que puede durar un máximo de 60 días. Y aquí se produce un problema: muchos de los indocumentados provienen de países con los que España no tiene un acuerdo de devolución, por lo que su expediente no se hace efectivo.

Según las cifras que ofrece Serrano, unas 11.000 personas fueron expedientadas en el año 2011, pero el número de expulsiones que se hicieron efectivas no llegó siquiera al 50% de esa cifra. A pesar de esto, denuncia Amnistía, todos los inmigrantes, sean finalmente repatriados o no, quedan encerrados en los CIE durante los 60 días reglamentarios, una situación que la ONG califica de "abusiva" e "indiscriminada", ya que este tipo de centros son lugares de detención en los cuales, según Serrano, muchos de los inmigrantes están confinados "sin tener información de por qué".

En los CIE los inmigrantes "tienen restringido el derecho a la movilidad, al contacto con el exterior, a recibir visitas..." enumera la activista, que denuncia que en ocasiones se producen malos tratos e incluso "a veces no se respetan los derechos humanos". Por ello, y a pesar de que no quiere hacer una valoración definitiva hasta no conocer el texto completo, Serrano se felicita por la aprobación de un reglamento para estos centros que garantizará, por ejemplo, la asistencia letrada para los inmigrantes.

La última etapa es la finalización del plazo máximo de 60 días de internamiento. En ese momento, cierto número de inmigrantes son enviados de vuelta a sus países de origen, mientras que el resto quedan libres... pero sin papeles.

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