Un informe documenta 1.500 casos de sin papeles excluidos de la sanidad pública

Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del real decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.

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Sin embargo, un informe realizado por la Red de Denuncias y Resistencia al real decreto (REDER), de la que forman parte 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales), ha mostrado que en poco más de un año y medio "muchas personas" que por ley tenían derecho a recibir asistencia sanitaria no han podido acceder a ella.

En concreto, REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

"Con estos datos la única salida es la derogación del real decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", ha explicado la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín.