Transición energética

Las interconexiones eléctricas entre España y Francia: ventajas, inconvenientes y medias verdades

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estrecha la mano al por entonces primer ministro de Francia, Manuel Valls, en el acto de inauguración en 2014 de una nueva interconexión eléctrica entre ambos países.

Las interconexiones eléctricas, aunque acaparan pocos titulares, marcan el presente y el futuro más inmediato de la energía en la Unión Europea, con todo lo que eso implica a nivel de economía, de sociedad, de política y de cambio climático –que es economía, y sociedad, y política–. Como por su propio nombre se puede imaginar, se trata de las conexiones que permiten intercambiar electricidad entre unos países y otros a través de cables submarinos, subterráneos o alzados por torres de alta tensión. España ha sufrido, a pesar de sus conexiones con Portugal, con Francia y con el continente africano (en el caso del gas), la etiqueta de isla energética, un calificativo que repudian desde Bruselas y que intentan solucionar a través de la estrategia conocida como Unión de la Energía para que el gas y la electricidad fluyan sin barreras por el continente en pos de la seguridad del suministro. En las últimas semanas se han publicado diversos informes que cuestionan la utilidad real de estas infraestructuras, costosas y de gran impacto, y que generan una defensa cerrada por parte de los países implicados y del Ejecutivo comunitario, como en el caso del gas.

El funcionamiento de las interconexiones eléctricas entre países es sencillo. Si a un país le sobra energía eléctrica, puede exportar a sus vecinos y, en caso de necesidad (por un clima desfavorable para las energías renovables, por ejemplo), importarla. Es por ello que los defensores de estas infraestructuras aluden a la seguridad de suministro. Catástrofes, fenómenos climáticos extremos o diversas circunstancias pueden provocar problemas en la producción eléctrica de un país. Si está interconectado, las consecuencias serán mucho menores.

Los motivos por los cuales Bruselas apuesta por ellas son parecidos al origen de la fiebre del gaseoducto. Una intención política de desengancharse de Rusia en los últimos años, que provoca una catarata de facilidades para proyectos de este tipo, calificados como Proyectos de Interés Común (PIC) y que tienen la puerta abierta para ser financiados por entidades como el Banco Europeo de Inversiones. En un artículo anterior ya explicábamos como el gaseoducto MidCat, puesto en duda por un informe remitido a la Comisión Europea por sus costes y beneficios, tenía el beneplácito del Ejecutivo europeo. La historia se repite, aunque con mucha menos polémica, en el caso de las interconexiones eléctricas entre España y Francia.

La eléctrica relación entre España y Francia

Red Eléctrica Española (REE) tiene planteadas dos interconexiones futuras con Francia. Una, que atraviesa por el golfo de Bizkaia, y que espera tener lista para 2025. Otra, pospuesta por el momento, que pasaría por el Pirineo aragonés y por Navarra y que levanta el rechazo de los colectivos ecologistas de la zona por su impacto ambiental y porque lo consideran innecesario, organizados bajo la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a Megaproyectos Energéticos. El primero de estos proyectos va a recibir una subvención (no un préstamo) de 578 millones de euros de la Comisión Europea bajo el mecanismo Conectar Europa, una pata más de la Unión de la Energía para crear un mercado libre y fluido. Y, por supuesto, es Proyecto de Interés Común.

El proyecto del golfo de Bizkaia aumentará la capacidad de interconexión entre ambos países hasta los 5.000 megavatios (MW) y elevará del 2,8 al 5% la tasa de interconexión entre ambos países, que a su vez llegaría al 8% si se aprueban finalmente las conexiones por Aragón y Navarra. La cifra está lejos del objetivo del 10% de interconexiones eléctricas que Bruselas exige a España para 2020 y más lejos aún del 15%, la meta de 2035.

"Hay una circunstancia que ha hecho cambiar el análisis, y que me ha hecho cambiar de opinión", advierte Javier García Breva, experto en el sistema eléctrico y miembro de la Fundación Renovables. "El objetivo del 10% fue aprobado en el 2002". En aquel momento, cuenta, él estaba de acuerdo con las interconexiones puesto que la tecnología por entonces disponible para las renovables hacía de la electricidad que generaban algo imposible de almacenar, por lo que era una excelente idea exportar el sobrante a otros países. Ahora tiene sus reservas: principalmente, porque dicha tecnología ha mejorado considerablemente y sí es posible, en la actualidad, almacenarla mediante baterías. Sin embargo, señala, siguen existiendo ventajas.

Pone un ejemplo: "En 2003, un tornado tiró toda la red de alta tensión de la autovía A-3, que comunica Madrid con Valencia. Se cayeron 1.000 megavatios, y se tuvo que poner en marcha la interconexión para que entraran otros 1.000", recuerda. Igualmente, ha habido olas de calor en el sur de Francia que han obligado a parar las centrales nucleares de la zona, por lo que los vecinos también se benefician en casos extremos, explica. Aunque matiza con una pregunta: "¿Cuántos episodios de estos ha habido en los últimos quince años?".

García Breva no es, ni mucho menos, un opositor a las interconexiones. Pero pide que antes de abordar proyectos e infraestructuras de gran tamaño como estos, se haga un análisis concienzudo de costes y beneficios y de la demanda y la oferta prevista, para evitar grandes dispendios de dinero público que no sirvan realmente de mucho y que acaben en los bolsillos de las grandes energéticas. Estudios como el del gaseoducto MidCat, sin ir más lejos. Porque la factura la pagamos todos a través de los peajes o tarifas de acceso incorporados a la factura eléctrica de todos los ciudadanos.

Otro argumento habitual entre los defensores de las interconexiones eléctricas (y energéticas, en general) es que, al fluir la electricidad por el mercado comunitario, bajarían los precios de la electricidad. El sobrecoste incorporado a la factura, en caso de que las infraestructuras resulten poco rentables para las grandes compañías que las gestionan, es un elemento en contra de esa hipótesis. Sin embargo, según afirma Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía, tender puentes hacia Francia nos saldría a cuenta en los próximos años.

En el caso de España y sus vecinos galos, el recibo de la luz de españoles o franceses depende de la producción de electricidad de uno y otro país. Si España produce mucha electricidad barata (de origen renovable), exporta la que le sobra, lo que encarece el suministro a sus ciudadanos. Si Francia genera la energía a poco precio, abarata el suministro a los españoles y lo encarece para los franceses. Gallego asegura que "lo más probable" es que el flujo de la electricidad correrá desde Francia a España. Hasta 2030.

En 2030 aumentarían las emisiones y subiría la luz

2030 es el año base de las estimaciones de la próxima década incluidas en el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, a la que Gallego pertenecía. El documento estima que, si para entonces contamos con 8.000 MW de interconexión con Francia (un número mayor que los 5.000 que se prevén con el cable subterráneo por el golfo de Bizkaia), la factura de la luz se encarecería entre un 5% y un 6% y las emisiones de dióxido de carbono se dispararían.

Las razones se encuentran en la producción renovable de España, que para entonces sería predominante en el mix. "Nosotros seríamos netamente exportadores", asegura, y eso repercutiría en lo que paga a final de mes cada español por su suministro. El aumento en las emisiones se explica porque, con una capacidad tan amplia de interconexión (en consonancia con los objetivos de Bruselas, por cierto), las productoras estarían tentadas de poner a funcionar las contaminantes centrales de ciclo combinado, habitualmente paradas, para satisfacer toda la demanda. Gallego realizó un voto discrepante, pero esa conclusión es a la que llegó la totalidad de la Comisión tras evaluar todos los escenarios.

"A día de hoy", añade Gallego, "las interconexiones no nos están aportando esa seguridad de suministro" que venden empresas, gigantes de la electricidad e instituciones europeas. Como publicó Red Eléctrica Española, la potencia instalada en España en 2017 es mucho mayor, más del doble, que el pico de demanda que se alcanzó ese año. Nos sobra electricidad. Aun así, Gallego tampoco se opone radicalmente a este tipo de instalaciones, que en determinadas circunstancias podrían ser beneficiosas para el consumidor –y para evitar apagones–. Pero como en el caso de los gaseoductos, el peligro de contaminación de las instituciones nacionales y supranacionales por los lobbies de la energía es tangible.lobbies Los expertos dibujan un escenario en el que las eléctricas siempre ganan: si la interconexión funciona, se abren las posibilidades de nuevos compradores para el producto. Y si no funciona, lo paga el cliente final: el ciudadano.

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