El juez va cercando a Medina y Luceño mientras la Fiscalía deja al margen al Ayuntamiento de Madrid

José Luis Martínez-Almeida durante el Congreso Autonómico Extraordinario del PP.

La investigación del denominado caso mascarillas continúa avanzando. Seis semanas después de admitirse a trámite la querella de Anticorrupción, las diligencias llevadas a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid van estrechando poco a poco el cerco alrededor de los investigados Luis Medina y Alberto Luceño. La información recibida en los últimos días ha empezado ya a desbaratar la defensa armada por ambos comisionistas. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la falsedad documental o el alzamiento de bienes. Sin embargo, ahí queda la cosa. Los intentos de las acusaciones populares por tirar del hilo político han sido, por el momento, infructuosos. Anticorrupción no parece estar por la labor. Y el juez, si bien no escatima en preguntas sobre la conexión entre comisionistas y consistorio, cree que no hay por el momento indicios suficientes como para imputar a ningún cargo público.

Tanto el empresario como el aristócrata han sostenido en todo momento que actuaron como agentes exclusivos de Leno, la firma malaya a la que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó varios contratos para la compra de material sanitario. La Fiscalía, sin embargo, no se lo cree. Parece convencida, y así lo deja constar en la querella, de que ninguno de los documentos que Medina y Luceño aportaron a sus entidades bancarias para justificar la naturaleza y el origen de los fondos recibidos es "auténtico". A Anticorrupción, según se desprende del casi año y medio de investigación, le chirría que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que incluyan en la cabecera las señas del FBI o la Interpol. De ahí que uno de los delitos por los que están siendo investigados sea la falsedad documental.

El empresario ha insistido una y otra vez en la validez de los papeles, reconociendo únicamente ante el juez Adolfo Carretero "una errata en una fecha". Pero un informe remitido al instructor esta misma semana refuerza la tesis de la falsedad y hace temblar la defensa armada por los comisionistas. El documento ha sido elaborado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), a quien parecen atribuidos los diferentes contratos –algunos de ellos a través de logotipos antiguos–. Y es categórica al respecto: "La Cámara de Comercio Internacional no es su autora, ni ha participado en su elaboración o redacción de sus estipulaciones, ni ha autorizado el uso de un membrete antiguo". De hecho, recalca que los contratos que acompañaban al oficio que recibieron "son el habitual modelo" que se ha atribuido "erróneamente" al foro empresarial "desde hace 17 años". Un modelo sobre cuyo uso ya alertaron.

Pero de las siete páginas del informe se desprende otra cuestión importante. Es sobre la dimensión de las comisiones, que entre empresario y aristócrata ascendieron a cinco millones de euros. Y choca de lleno contra lo que mantuvo Luceño durante la investigación llevada a cabo por Anticorrupción. "Siempre seguimos las recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, que no las obligaciones. La Cámara de Comercio de París, que es la ICC, dice que recomienda que no se puede nunca llevar una persona más del 50% de la operación", aseguró Luceño en su declaración ante el fiscal. "¿Esa recomendación la tiene usted recogida, sabe usted qué recomendación es?", le interrumpe el representante del Ministerio Público. "[Se me ha dicho] verbal siempre", respondía entonces el investigado.

Comisiones y alzamiento de bienes

Pero la ICC no sabe nada de eso. "La Cámara de Comercio Internacional no tiene ninguna pauta o recomendación sobre el porcentaje de la comisión en operaciones de intermediación ocasional", sostiene en su informe. Según la querella de Anticorrupción, Luceño se embolsó una comisión del 44,8% en el caso de las mascarillas y del 49,4% en el de los test, mientras que en el caso de Medina esa cifra fue del 14,9% y 21,5%, respectivamente.

Más allá de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, sobre el aristócrata pende también un posible alzamiento de bienes. Al fin y al cabo, se deshizo de parte de los bienes que adquirió con el dinero de la comisión tras tener conocimiento de que estaba siendo investigado por el Ministerio Público. "Si el día de mañana [la investigación] va al juzgado, hay que pedir el embargo de los bienes. Y su abogado le podrá decir, si usted hiciera cualquier maniobra intentando, no sé, ponerlo a nombre de otro, eso sería un delito", le advirtió el fiscal durante su declaración ante Anticorrupción el 13 de abril de 2021. Pocos días más tarde, llevó a cabo una operación de venta de títulos de valores de uno de los bonos adquiridos, a la que siguieron otras tantas.

Esto ya fue algo que dejó entrever un resumen de los movimientos de cuenta del aristócrata facilitado al juez. Una información que hace pocos días pudo contrastar Carretero a través de los extractos bancarios enviados desde el Deutsche Bank. Los documentos vienen a confirmar cuatro operaciones de Medina relacionadas con uno de los dos bonos adquiridos tras declarar ante el Ministerio Público. El primer extracto de "liquidación de venta de títulos" está fechado el 21 de abril de 2021 por un importe de 12.239 euros. El último, el 26 de agosto por 18.973 euros.

Lento avance de la derivada política

Pero las acusaciones populares –PSOE, Más Madrid, Podemos y Recupera Madrid– no han sido capaces, por el momento, de meter en el cerco de la investigación a ninguno de los protagonistas, políticos y no políticos, que tuvieron relación con los comisionistas. Todos los intentos han sido en vano. La Fiscalía Anticorrupción ha levantado un cortafuegos alrededor del consistorio. Y no se ha movido ni un ápice en lo que va de instrucción. El Ministerio Público ha insistido hasta el momento en delitos que no afectan directamente al Ayuntamiento de la capital. Y se ha negado a cualquier imputación que tenga que ver con la derivada política de la investigación. Algo en lo que se ha encontrado con el respaldo del juez instructor.

Primero se intentó con el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF), a través de la cual se hicieron los contratos. Más Madrid solicitó su declaración como investigado al considerar que existían algunas irregularidades alrededor de la documentación que facilitó durante la investigación a Anticorrupción. Pero el Ministerio Público, si bien reconoció las "diferencias" detectadas por el grupo municipal, la rechazó alegando que no se había alterado "ningún elemento o requisito esencial de los documentos", un argumento que hizo suyo el juez para rechazar finalmente la petición.

Tampoco se ha aceptado la inclusión en la lista de investigados de la jefa de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado, que fue quien estuvo en contacto con los comisionistas. Ni tampoco de Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde que facilitó a Luis Medina el famoso "correo genérico" para ponerse en contacto con el consistorio. "Para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias (...) resulta evidente que la señora Collado no tuvo intención de causar un quebranto al erario público", argumentaba Anticorrupción sobre la primera. "Dicha declaración resulta irrelevante a los efectos de investigar los presuntos delitos que son objeto de la presente causa, pues se cometieron con posterioridad a la intervención de Martínez-Almeida en los hechos", decía respecto al segundo.

El juez, de nuevo, dio la razón al Ministerio Público. Consideró que Collado, hasta donde se conoce, "fue engañada por los comisionistas". Eso no quita, no obstante, que Carretero no haya explorado el desembarco de Medina y Luceño en el Ayuntamiento de Madrid citando en calidad de testigos. La pasada semana declararon en sede judicial tanto el primo del alcalde como la antigua profesora del aristócrata, quien hizo de nexo de unión entre el comisionista y Martínez-Almeida. Pero la Fiscalía estuvo ausente. En el primer caso solo lanzó una cuestión: "¿Recuerda si Medina cuando habló con usted por teléfono le dijo si la operación la hacía el solo o si tenía un socio?". En el segundo, rechazó preguntar. De hecho, durante un rifirrafe con una abogada dejó caer que "el modo" en el que Medina y Luceño accedieron al consistorio "no es objeto" de la causa.

A esto se le suma la imposibilidad de acceder al informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), el que puso a Anticorrupción tras la pista de Medina y Luceño. El documento, como desveló elDiario.es, tiene su importancia puesto que hacía alusión a posibles delitos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, un tipo penal atribuible a funcionarios o autoridades. La Fiscalía rechazó entregarlo a comienzos de mayo amparándose en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Algo que también descartó el director del Sepblac: "La información que obra en poder del Servicio Ejecutivo tiene un régimen jurídico de confidencialidad".

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