El juez envía a prisión a Villar, a su hijo y a Padrón por desvío de fondos de la Federación de Fútbol

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó este jueves el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, por el presunto desvío de fondos del organismo a empresas vinculadas por la trama.

El juez que investiga la Operación Soule atendió así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos y para el cuarto detenido, el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, a quien envió a prisión eludible bajo el pago de una fianza de 100.000 euros, según informaron fuentes jurídicas.

En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación, ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

El juez apunta a que, al menos desde 2009, Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal, que recae en familiares de los acusados, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

A lo largo de 44 folios, el magistrado señala que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros". Todos ellos prestaron declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que les interrogó por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica, que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 comenzó tomando declaración a Gorka Villar, abogado especializado en derecho deportivo y a quien los investigadores le acusan de beneficiarse de la influencia de su padre como presidente de la Federación. Tras él compareció Ángel María Villar, quien declaró durante dos horas. Luego lo hizo Padrón.

La investigación se inició en 2016 con una denuncia del Consejo Superior de Deportes contra el presidente Villar, quien supuestamente acordó partidos amistosos entre la selección y otros combinados nacionales para que él y su hijo Gorka recibieran los beneficios económicos de las distintas empresas de servicios contratados.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el vicepresidente económico se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. También habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio, en forma de contraprestación económica.

El magistrado instructor del caso tomó declaración también al secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, el cuarto acusado en la conocida como Operación Soule. Tanto este como Padrón viajaron a Madrid desde Tenerife, donde se practicaron registros por ser una de las federaciones con más conexiones con la trama presuntamente encabezada por Ángel María Villar para desviar fondos de los derechos de la Selección Española de Fútbol.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó este jueves prisión eludible bajo el pago de fianza de 100.000 euros para Hernández Boussau, en el marco de la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre el presunto desvío de fondos del organismos a empresas vinculadas con esta trama, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Traslado desde los calabozos

Ángel María Villar fue trasladado desde los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Las Rozas hasta las dependencias judiciales, donde llegó pasadas las 8.15 de la mañana, mientras que los otros tres acusados llegaron procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde permanecen desde su detención el pasado martes.

Los investigadores les imputan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación se inició a principios de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada explicó que las detenciones se realizaron en el marco del "contacto directo y estrecho con la Guardia Civil", siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado en una instrucción de 2008 y a la circular en el mismo sentido de 1989.

"Este contacto con la Guardia Civil", explicó Anticorrupción, "es el que debe permitir, en el más breve plazo posible, apreciar la necesidad de mantener la privación de libertad para conseguir el doble objetivo de, por un lado, asegurar las fuentes de prueba y, por otro, calibrar la necesidad de solicitar del Juzgado nuevas medidas de carácter personal".