Himno de España

Juristas sostienen que no es posible castigar penalmente la pitada

Pitada al himno expertos

Las previsiones se cumplieron. El sábado, al comienzo de la final de la Copa del Rey que enfrentaba al Athletic Club de Bilbao y al FC Barcelona en el Camp Nou, las aficiones de ambos conjuntos procedieron al unísono a una ensordecedora pitada que hizo que el himno de España apenas se escuchase de fondo. El rey Felipe VI, en el palco presidencial junto al president de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, revivió los silbidos que escuchó él mismo en 2012 y su padre Juan Carlos I en 2009, durante la misma final que enfrentaba a los mismos equipos, en el Vicente Calderón y Mestalla, respectivamente. El colegiado madrileño que arbitró el partido, Carlos Velasco Carballo, calificó como "normal" el comportamiento del público y no recogió en el acta los silbidos al sonar la Marcha Real.

Las reacciones no tardaron en producirse desde el fin de semana hasta este mismo martes. Desde el PP, PSOE y Ciudadanos, de boca de diferentes dirigentes políticos, se rechazó categóricamente la pitada. El primero en pronunciarse fue el propio Gobierno, que convocó, a través de un comunicado de prensa, a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que se reunió el lunes para decidir si propondría algún tipo de medida punitiva. "La Comisión sólo propone las sanciones, es decir, este lunes sólo se pronunciarán para decir si se debería o no aplicar algún tipo de castigo", explicó ese mismo día por la mañana a infoLibre Alberto Palomar, profesor de Derecho Público del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid y experto en Derecho deportivo. 

En opinión de Palomar, la Comisión Antiviolencia va a intentar que "haya una sanción en relación con los clubes de fútbol o con el organizador del evento –en este caso la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)–". "Yo no digo que no pueda haber sanciones, pero como no vas a sancionar a las cien mil personas que podía haber en el estadio en ese momento pues tendrán que operar sobre los que los controlan", apuntó, añadiendo a renglón seguido que "no es un terreno sencillo, hay que hilvanarlo bien para que funcione".

Las predicciones de Palomar se cumplieron y, en la tarde del pasado lunes, la Comisión Antiviolencia anunció unas medidas que fueron en la línea de las planteadas por el experto: recabar información policial y abrir expediente informativo a las personas o entidades que hayan promovido o colaborado para realizar la pitada –apuntando a los 12 grupos que se adhirieron al Manifest per la xiulada a l'himne espanyol i al Rei Felipe de Borbón–; remitir esta documentación a la Fiscalía General del Estado para evaluar la trascendencia penal de los hechos; y solicitar a los responsables de seguridad de la Generalitat las actas del coordinador de seguridad del encuentro y los criterios para ubicar a las hinchadas del equipo. En cuanto a los acuerdos adoptados para "depurar responsabilidades en el ámbito deportivo", el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, detalló, al final de la reunión, que los clubes deberán explicar las "medidas adoptadas".

En este sentido, el profesor de Derecho Público del Estado apostilló que "esto de la representación de las masas por los convocantes es un terreno muy resbaladizo" y se preguntó: "¿Habría que hacer responsables a los organizadores de una manifestación de los cánticos que suceden durante la misma?". Palomar añadió que, si bien se produjo un acto "desagradable de ejercicio individual" al pitar el himno, "no consta que exista ninguna fórmula intimidatoria ni de fomento" y repitió que es un tema en el que entran en juego "muchos matices".

"Difícil" por la vía penal

El profesor universitario afirmó, de forma categórica, que lo que salga de este proceso "acabará haciendo jurisprudencia y marcará por dónde irá el futuro y si los clubes tienen que preocuparse de actuaciones como pitar un himno". Sin embargo, dejó claro que "en el orden penal es muy difícil encontrar alguna salida" y detalló que en este caso tendría que tratarse a través de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Dicho texto recoge en su artículo 2 que será considerada como conducta violenta "la entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquellos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo". Pero nada dice de los silbidos, tal y como reconoce el experto en Derecho deportivo.

En la misma línea se posicionó Francisco Fernández, director del departamento de Derecho deportivo del bufete AeH Abogados. Destacó, en declaraciones a este diario, que por la vía penal "lo tienen un poco complicado" porque son hechos que no tienen espacio en "la normativa penal española". El experto dijo que "una cuestión es la descortesía y otra que sea punible" y definió la apertura del expediente que la Comisión Antiviolencia remitirá a la Fiscalía General del Estado como una fórmula para "salir airosos". Aunque destacó que algunos jueces "están viendo delito" en los silbidos al comienzo del encuentro, "la inmensa mayoría de la comunidad jurídica no lo vemos". "Si hay una buena defensa, no creo que el procedimiento acabe teniendo repercusión; no sucederá nada", sentenció, añadiendo a renglón seguido que "en el futuro estos comportamientos injuriosos habrá que regularlos de otra manera, con normas específicas para ello".

En sentido contrario se pronunció José Manuel Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y uno de los promotores del Fórum de derecho, ética y deporte. "Es un delito recogido en el artículo 543 del Código Penal, pero no sé si habría que aplicar directamente el derecho penal", argumentó el jurista, que añadió que "una sanción de tipo disciplinario o administrativo-deportivo es lo menos que podría ocurrir". Preguntado por la libertad de expresión en este contexto, el profesor apostilló que "la libertad termina donde empieza la del otro", al tratarse de unos "hechos delictivos que ultrajan los símbolos españoles".

Una ley poco clara

Preguntado por la Ley 19/2007 y la posible aplicación en el caso de la pitada al himno, Fernández apuntó que "aunque es la única que podría tener aplicación en este sentido, no la tiene". "Si hubiera sido tan sencillo, habrían terminado en media hora", se limitó a decir el abogado. El experto aseguró a infoLibre que, en su opinión, sería necesario "establecer un consenso": "Cuando es una cuestión de tal magnitud, en la que hay tendencias políticas que se quieren manifestar, hay que tratar de llegar a acuerdos políticos", detalló. 

José Manuel Ríos, por su parte, reconoce que el artículo 2 de la ley genera dudas. "Estoy de acuerdo. En el Código Penal se utiliza la expresión 'hechos', mucho más general y que permite englobar tanto cánticos como gestos o silbidos". El profesor, preguntado por las declaraciones del vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, en las que aseguraba que su partido impulsará cambios legales en este sentido, aseguró que "reformar la Ley 19/2007 para que este tipo de conductas se puedan sancionar" es suficiente.

Responsabilidades

Preguntados por la responsabilidad que los equipos de fútbol pudieron haber tenido en la pitada, tanto Fernández como Palomar, mostraron una opinión similar. "Pueden hacer todos los cambios que quieran en la ley contra la violencia en el deporte, pero es muy difícil hacer responsable a un equipo de lo que hacen sus aficionados", auguró el profesor de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid. El abogado de AeH, por su parte, remarcó que "la competición la organiza la RFEF, por lo que la responsabilidad recae sobre ella" y, en referencia a los equipos de fútbol, opinó que "deberían trabajar para solucionar estos sucesos".

Ríos, sin embargo, apostó por "individualizar a los que han pitado" porque, en su opinión, hacer responsables a los clubes "es más complicado". No obstante, reiteró su posición sobre los castigos: "Si un insulto a un jugador se puede sancionar, estos hechos también deberían poderse". 

Las denuncias de Manos Limpias y Vox

Otra de las reacciones destacadas tras la pitada del himno fue la posición de Manos Limpias. El sindicato formuló dos denuncias, una de tipo administrativo por vulneración de la Ley 19/2007 y la otra denuncia de tipo penal, en base a los artículos 510 y 543 del Código Penal, que recogen los delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de ultrajes a España. La denuncia fue dirigida contra los autores materiales, que son las aficiones o asistentes a dicho evento, y contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Maria Villar, como máximo responsable en la organización de la final y cooperador necesario, así como contra la delegada de Gobierno de la Generalitat de Cataluña por omisión imprudente al no evitar los hechos delictivos.

Vox, por su parte, también presentó el pasado lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las organizaciones que promovieron la pitada al himno nacional. En su denuncia, el partido de Santiago Abascal planteó los delitos de ultraje a la bandera, contra el orden público, provocación al odio por razón de origen nacional, injurias a la corona y delitos relativos a los derechos fundamentales y libertades públicas, incluido el de asociación ilícita. En su argumentación, el partido defendió que estas asociaciones, "con el beneplácito y apoyo" de Artur Mas "han venido actuando con total impunidad hasta perpetrar la totalidad de acciones de odio a España, al monarca, a la ciudadanía española y a la nación española".

Sin embargo, ya en 2009, tras los pitidos en el estadio de Mestalla durante la final del mismo torneo que enfrentó a los mismos equipos que en esta ocasión, la Fundación para la Defensa de la Nación Española presentó una querella, que no fue admitida a trámite por el juez Santiago Pedraz por considerar que "la pitada (...) está amparada por la libertad de expresión, y no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o calumniosas, ni mucho menos que propugnen el odio nacional o el ultraje a la nación".

El Gobierno convoca el lunes la Comisión contra la Violencia tras la pitada al himno

El Gobierno convoca el lunes la Comisión contra la Violencia tras la pitada al himno

Más sobre este tema
stats