Corrupción en el PP

La justicia investiga la financiación ilegal del PP en seis casos de corrupción

Fotografía facilitada por el PP del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el resto de los miembros del Comité de Dirección.

Seis casos judiciales, cinco de ellos relativos casi en su totalidad a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP en 2004, mantienen la financiación del partido del gobierno bajo la lupa de los investigadores. De las seis, tres siguen en instrucción: Púnica, Lezo –ambas centradas en los manejos del PP madrileño y muy conectadas entre sí– y la valenciana Taula, que ha alcanzado popularidad por su vertiente del pitufeo o presunto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades; una –la de Los papeles de Bárcenas– ha vuelto de manera parcial a manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio; y las dos restantes ya tienen fecha señalada para el inicio de la vista oral: la de la financiación del PP valenciano, que comenzará el 15 de enero en la Audiencia Nacional; y la de la pieza del caso Palma Arena conocida como la de Over Marketing, cuyas sesiones deben arrancar el 5 de febrero tras haber sido pospuesto y centrada en los –supuestos– enjuagues electorales del PP balear durante la etapa de Jaume Matas.

Entre los hechos que han aflorado en la causa que más lejos se remonta en el tiempo –la de los papeles de Bárcenas– y los de la más reciente, la Operación Lezo, hay una diferencia de hasta 25 años: las "anotaciones extracontables" del extesorero Luis Bárcenas reflejan datos desde 1990 y en una de las piezas de Lezo se investigan presuntos delitos vinculados a varias convocatorias electorales y que alcanzan incluso, aunque por ahora de manera colateral, a las de las municipales y autonómicas de 2015. En la pieza de los papeles o de la caja B del PP sigue sin respuesta a efectos penales la gran pregunta que planea sobre el caso desde el instante mismo en que salieron a la luz los manuscritos de Luis Bárcenas: si las "donaciones" de grandes constructoras y concesionarias encubrían en realidad el pago de comisiones ilegales por contratos públicos. Fue la declaración de Francisco Correa al comienzo del primero de los juicios de la serie Gürtel asignados a la Audiencia Nacional el que precipitó la reapertura de esa pieza al asegurar que los empresarios pagaban mordidas de hasta el 3%.

Aun con diferencias respecto a la materia sujeta a investigación y la envergadura de los hechos, en los seis casos donde asoma la financiación del PP emergen dos pautas comunes: la primera, que entre los aportantes de fondos opacos para la formación conservadora siempre hay beneficiarios de contratos públicos. La segunda es esta: los seis casos arrojan múltiples indicios de que se falsearon facturas para camuflar trabajos al partido que terminaban abonando empresarios afines. De momento, en ninguna de esas seis causas pesa sobre ningún imputado el delito de financiación ilegal, que no entró en vigor hasta julio de 2015.

Que en la última década el PP se benefició de las facturas ficticias que determinados contratistas aceptaban pagar a los proveedores electorales del partido es ya algo más que una presunción. En febrero, nueve empresarios valencianos, todos ellos grandes adjudicatarios públicos, confesaron por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que habían desembolsado 1,2 millones en facturas falsas para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 así como para las generales de 2008. Entre las compañías que se prestaron a ello figura Lubasa, ahora denominada Obinesa.

Y Lubasa hace doblete. Porque no solo aparece entre los financiadores del PP investigados en las llamadas piezas separadas de Gürtel 1,2 y 6, aquellas derivadas de Gürtel donde se examina la financiación del PP valenciano y cuyo juicio conjunto está previsto para el 15 de enero en la Audiencia Nacional. Lubasa también figura entre las 13 contratistas o concesionarias del Ayuntamiento de Valencia que, en los comicios locales de 2007 y según la documentación ya incorporada al sumario de la llamada Operación Taula, desembolsaron 2,6 millones por los trabajos ficticios que les facturó Laterne. Es decir, el proveedor electoral fetiche de la ya fallecida Rita Barberá y su equipo municipal.

El papel de Over Marketing

Pero la entrada en escena de distintas causas no es un fenómeno exclusivo del grupo fundado por Luis Batalla, una de cuyas filiales ya había sido inhabilitada en 2007 por tres años como contratista público tras recibir una condena firme por delito fiscal. Con Over Marketing como mascarón de proa, el conglomerado de empresas de publicidad y servicios electorales creado por Daniel Horacio Mercado y que en la pasada década vivió su propio boom al sumar 32 millones en contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP hace acto de presencia en otros dos de estos seis casos: en aquel al que ha dado nombre y que, derivado al igual que Nóos de la macrocausa del Palma Arena, se juzgará desde febrero en Baleares, así como en la Operación Púnica.

Mimada en las Illes por el Govern de Jaume Matas pero también en la central Madrid por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Over Marketing se ha convertido en paradigma de cómo lo que ahora se conoce como "dopaje electoral" puede borrar la frontera entre lo institucional y lo partidario. En su escrito de acusación sobre el caso balear, Anticorrupción sostiene que Daniel Horacio Mercado y Jaume Matas acordaron en una entrevista previa a las autonómicas de 2003 que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas" que le adjudicarían "desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear". A partir de ese año, los encargos de "campañas institucionales" pagadas con dinero netamente público llovieron sobre Over y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación. Mercado está citado a declarar como investigado –imputado– en Púnica el día 19 ante el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, que también instruye la Operación Lezo.

Esa lluvia de contratos no se ciñó a Baleares. Sobre Over diluvió en otras comunidades del PP, muy especialmente en Madrid, donde solo el Ejecutivo de Aguirre, sin contar lo que desembolsaron varios ayuntamientos de ese mismo partido y las empresas concesionarias de hospitales públicos, le adjudicó casi 10 millones

En 2012, Mercado terminó haciendo una confesión de largo alcance ante el fiscal Pedro Horrach, hoy dedicado a la abogacía, y el juez José Castro, ahora a punto de jubilarse: que, en efecto, había obtenido contratos amañados en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ganaban quienes los amañaban?, preguntó el fiscal. Esta fue su respuesta: "Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007".  Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

'Púnica', 'Lezo' y la "línea continua" 

Hace tres semanas, infoLibre publicó cómo nuevos documentos incorporados al sumario de Púnica certifican que una promotora inmobiliaria pagó la campaña para las municipales de 2007 de un alto cargo de Cristina Cifuentes, la directora general de FP, Guadalupe Bragado. Los pagos se vehicularon a través de facturas falsas endosadas por una de las filiales de Over Marketing a esa promotora. Así lo acreditan los correos electrónicos cruzados entre Bragado y el número dos de la hoy extinta Over, los archivos contables internos del grupo Over y las facturas finalmente emitidas.

Cifuentes, que en la campaña de 2007 ocupaba el cargo de responsable de movilización electoral de PP madrileño, no adoptará ninguna medida contra Bragado en tanto no exista una imputación judicial. PSOE y Podemos, que acertaron al dar por hecho que la presidenta eludiría adoptar medidas contra la directora general, creen que en materia de corrupción una "línea continua" enlaza los Gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con el de Cifuentes. 

Tanto si la investigación sobre los contratos que la Asamblea de Madrid otorgó a uno de los grandes donantes de la oscura fundación Fundescam –otro de los grandes canales de financiación del PP madrileño– complica la situación de Cifuentes como si sale indemne, lo cierto es que todo lo investigado hasta ahora en Púnica y Lezo apunta a que, en efecto, había una línea continua. "La única gran diferencia –resume una fuente conocedora de ambos casos– es que en la etapa analizada en Púnica el número dos del PP de Madrid era Francisco Granados y en Lezo ya era Ignacio González".

En otras palabras, y siempre supuestamente, Granados gobernaba la búsqueda de fondos opacos hasta que Esperanza Aguirre lo destituyó como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Y a partir de ahí, esa tarea quedó, también supuestamente, en manos de su sucesor y entonces delfín de Aguirre, Ignacio González. Enemigos acérrimos, y además de haber ocupado el segundo puesto en el escalafón del PP madrileño, ambos compartían una segunda característica a la que en su renuente comparecencia ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP se refirió hace dos semanas el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí.  "Yo creo –dijo– que cuando mezclamos corrupción con política al final lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio". "Con la corrupción –apostilló– un dinero va para gastos particulares y otro va para gastos de la familia".

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