Deuda municipal

Madrid se subleva ante las agencias de 'rating', Barcelona cede y Pamplona queda 'atada'

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A principios de este mes el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de romper el contrato que mantiene desde 2002 con las agencias de calificación de riesgos Fitch y Standard & Poor's (S&P). El motivo de la ruptura contractual es, según el consistorio, que el servicio prestado por estas empresas no beneficia directamente al ciudadano. Con esta decisión prevé ahorrar aproximadamente 107.521 euros al año, la cifra que Standard & Poor's y Fitch recibieron en el ejercicio del 2015 (57.052 euros la primera y 50.469 la segunda).

Después de que el anuncio saltara a los medios, el portavoz municipal, Luis Cueto, expresó su desconfianza en estas empresas al esgrimir que "da mucho que pensar que las agencias de calificación dijeran días antes del catacrack de Lehman Brothers que tenía una solvencia maravillosa. Y no solo a nosotros, sino a medio mundo", añadió. Las palabras de Cueto no se alejan de la realidad: desde el estallido de la crisis, las principales agencias de rating han sido objeto de crítica constante.

Ya en 2012, el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20, planteó impulsar una hoja de ruta para reducir la dependencia de las tres principales agencias, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, cuya financiación proviene de las propias entidades que evalúan. En 2013, el Consejo publicó un informe donde destacó los conflictos de interés y la escasez de recursos técnicos y humanos de estas agencias. El texto se sumó así a otro documento anterior en el que el Banco Central Europeo reveló algunos de sus fallos más importantes.

A comienzos de 2015, S&P hizo frente a una multa de 1.210 millones de euros por manipular la nota de valores financieros respaldados por hipotecas basura, el origen de la crisis económica mundial.

La relación entre las agencias y los ayuntamientos

Con el anuncio del municipio madrileño la capital se suma a la lista de ciudades que no mantienen contratos con las agencias de rating, tal y como destacaron el pasado lunes desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato: "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación".

Según datos de S&P y Fitch, sólo otros dos ayuntamientos dedican un porcentaje de sus partidas a los servicios de calificación. Es el caso de Pamplona, que a finales de 2014 acumulaba una deuda de 91,1 millones de euros y que mantiene un contrato con S&P. La secretaria técnica del área de Economía Local Sostenible, Maite Catalán, explicó a infoLibre que esta relación se debe una obligación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con quien el ayuntamiento contrató un préstamo. "Este tipo de contrataciones te obligan a una vigilancia, para que te evalúen”, señaló. "Y encima sólo podemos escoger entre unas empresas determinadas, así que elegimos la más barata". Pamplona paga en la actualidad 14.000 euros al año por contar con la evaluación de Fitch.

Barcelona, con una deuda de 977,6 millones de euros al final del ejercicio pasado, también mantiene contratos con las tres principales agencias de rating "desde hace más de 20 años", tal y como confirmaron fuentes municipales a este periódico. "En el pasado –cuando se hicieron emisiones de deuda en yenes, apuntaron– se contrataban los servicios de una agencia japonesa, Rating and Investment Information, Inc.", y añadieron que por el momento "no está sobre la mesa plantear una ruptura del contrato ni un cambio de modelo". Al ser preguntados por el gasto anual que el ayuntamiento destina a la contratación de estas empresas, indicaron que "no es posible" facilitar ese dato.

Otros territorios cuentan igualmente con los servicios de la empresa Fitch, como las diputaciones forales de Álava (que pagó 21.799 euros este año), Gipuzkoa (en torno a 35.000 euros) y Bizkaia.

Sin embargo, ayuntamientos como el de Córdoba prescinden de la labor de las agencias, por entender que sus servicios no son necesarios. "Tenemos un plan de ajuste que cumplimos sobradamente, tanto en las necesidades de financiación, como en el porcentaje de deuda y en el periodo medio de pago", sostuvieron fuentes del ayuntamiento cordobés, quienes aseguran además cumplir "con la información económica y financiera que con carácter periódico nos solicita el Ministerio de Administraciones Públicas".

¿Son realmente necesarias?

Fuentes de S&P explicaron a este diario que sus calificaciones "expresan la opinión de la calificadora sobre la capacidad y voluntad de un deudor, que puede ser una empresa, institución financiera, estado o municipio, para cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma". No constituyen, sin embargo, una recomendación de inversión, ni garantizan tampoco la "calidad crediticia o respecto del riesgo crediticio futuro" sino que son "solamente un elemento que los inversionistas pueden considerar cuando toman sus decisiones de inversión". 

El economista Alejandro Inurrieta expresó en declaraciones a infoLibre que estas agencias "no son necesarias, sino que están impuestas por un sistema financiero que se retroalimenta, tienen relación con los grandes lobbies financieros y su única función es dar una especie de nota a países, empresas y entidades públicas". Lo que los ayuntamientos sí necesitan, subrayó Irrurieta, es una auditoría, para lo que ya "existe un cuerpo de intervenciones a nivel municipal, que es quien se encarga de analizar las cuentas todos los años".

El experto Juan Laborda coincide con su compañero al afirmar que "hay conflictos de intereses y conflictos geopolíticos, además de un dominio específico por parte de empresas de tipo anglosajón" de modo que "se utilizan como arma política, y eso es muy peligroso". Laborda sostuvo, sin embargo, que "en teoría, sí hay una necesidad de tenerlas", pero reclama un cambio de modelo para que sean "realmente independientes".

Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda de Madrid Carlos Sánchez Mato aseguró el pasado lunes que "las agencias, si les parece oportuno, darán el rating de Madridrating " pese a la no renovación. Tal y como afirmó el delegado, existen algunos ratings que pueden ser no solicitados, pero las agencias sólo los ceden a los Estados soberanos.

Si EEUU, por ejemplo, no contrata a una agencia pero esta tiene que calificar entidades del propio país, necesita saber el rating estadounidense porque es una herramienta fundamental para poder elaborar los demás. Un ejemplo claro: es imposible hacer el rating del Banco Santanter sin hacer primero el de España. Cuando las agencias deciden por voluntad propia elaborar estas calificaciones, lo hacen únicamente en el caso de países y atendiendo a dicho motivo.

¿Qué ocurre entonces cuando los ayuntamientos rompen con las agencias? "Nada, salvo que en algunos casos los inversores y fondos de pensiones obligan a que tengas esa nota", sostuvo Inurrieta, quien además señaló que "estas empresas dicen lo que sus clientes quieren que digan", señal de los "intereses políticos y financieros" existentes. "Tendrían que tener un procedimiento testado, y no estar participadas por posibles inversores", explicó Laborda, quien además criticó que "están muy sesgadas por su ideología económica".

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