Transparencia

Madrid es la única comunidad que no dispone de portal de transparencia

González se declara víctima de un “chantaje policial” y pide la colaboración de Interior

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que las comunidades autónomas tienen hasta el 10 de diciembre de 2015 para adecuarse a su articulado. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos. Disponen de un año más del que ha tenido para adaptarse la Administración General del Estado, que el 10 de diciembre de 2014 inauguró su portal de transparencia. Pese a este año de moratoria, todas las comunidades autónomas menos una, Madrid, disponen ya de un apartado específico dedicado a la transparencia en sus respectivas páginas web. Es decir, de su equivalente al portal de la transparencia, pero a nivel autonómico.

La información facilitada no es en todos los casos la misma ni se ofrece con igual grado de profundidad. Pero en sus páginas institucionales –salvo en la de Madrid– ya existe un apartado específico en el que se pone a disposición de los ciudadanos información pública de forma estructurada y centralizada. En ocasiones, los datos que se ofrecen eran ya públicos, pero no de fácil acceso. Según el texto legislativo, deben ofrecer “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Y esto se hará “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

Como ocurre con toda esta ley, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga una serie de perjuicios que van desde la seguridad nacional hasta la protección del medio ambiente. Una galería de excepciones que ya fueron criticadas en su día por los partidos de la oposición y las asociaciones y organizaciones que velan por la transparencia. En definitiva, transparencia a medias.

A la espera de Madrid

Si hubiera que poner nota a las comunidades autónomas en lo que se refiere a la adaptación de esta ley, sería Madrid la que peor calificación registra a día de hoy. Fuentes del Gobierno regional consultadas por infoLibre aseguran que están trabajando sobre este asunto con la intención de ponerse al día con el cumplimiento de la normativa en los plazos que esta marca. Estas tareas le han sido asignadas a la Consejería de Vicepresidencia y Justicia, en manos de Salvador Victoria.

Las mismas fuentes señalan que, no obstante, los ciudadanos sí pueden encontrar ya en www.madrid.org datos –disgregados, eso sí– que en un futuro estarán en un apartado específico destinado a la transparencia.

La Comunidad de Madrid ya ocupó el pasado verano el último puesto del ranking elaborado por la ONG Transparencia Internacional en su Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2014 (INCAU). ¿Su puntuación? 65 sobre 100, casi 24 puntos por debajo de la media (88,6).

La portada de la página web institucional del Gobierno regional madrileño no ofrece ni una sola mención a la transparencia. De estructura básica, el portal de internet del Gobierno que preside Ignacio González dispone, bajo el menú de navegación, tres noticias relacionadas con la actividad autonómica, un apartado para las redes sociales y una pestaña para las cuestiones más consultadas por los internautas que navegan por esta página. Nada más.

Después, accediendo a cada uno de los apartados del menú, tampoco se encuentra ningún espacio dedicado a la transparencia. Sí se ofrece una plataforma integrada dentro de la web con la normativa sobre contratación pública. Es el denominado “portal de la contratación pública”.

En los enlaces que conducen a cada una de las consejerías no figura el sueldo de sus máximos responsables. Y, en el caso de Ignacio González, sí figura un enlace a sus datos fiscales. Pero sólo a los del ejercicio de 2011.

En plena polémica por el caso del ático de Estepona (Málaga) del presidente madrileño, éste mantuvo que no sólo estaba dispuesto a mostrar sus declaraciones de la renta y las de su mujer de los últimos años para que se despejara todo tipo de dudas sobre el alquiler y la posterior compra del inmueble, sino también que estos datos ya eran públicos. Un simple cotejo con la web permite comprobar que no es así.

Madrid tampoco ha aprobado una ley de transparencia.

Primeros pasos

Murcia es, junto a Madrid, otra de las comunidades autónomas más atrasadas en lo que tiene que ver con la implantación de la plataforma. No obstante, sí ha puesto ya a disposición de los ciudadanos una especie de avance de lo que será su portal de transparencia definitivo en un apartado denominado “Iniciativa integral para la transparencia”. “Lo que hay es un embrión de lo que será”, señalan fuentes del Gobierno de la Región de Murcia (PP).

La información viene estructurada en tres bloques: presupuestos y gastos, cargos públicos y servicio al ciudadano. A diferencia de lo que ocurre en Madrid, esta comunidad también gobernada por el PP, sí ofrece los sueldos de los altos cargos de la Administración, el número de altos cargos y otros datos como los vehículos del parque móvil regional. Según esta información, la comunidad autónoma dispone de 828 vehículos para uso en servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, obras públicas y administración.

Su ley autonómica de transparencia data del mes de diciembre.

En una situación similar a Murcia está Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores. La comunidad, que sí dispone de un apartado específico en el que se vierten algunos datos sobre la comunidad, los contratos y los cargos públicos, no cuenta todavía con una ley específica que adapte los preceptos de la normativa estatal al ámbito autonómico.

En este apartado, figura el listado de retribuciones del personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha de 2012. No figuran los nombres concretos. Se limita a señalar el cargo y las cantidades consignadas como importe se refieren a las retribuciones íntegras percibidas en 2012 por todos los conceptos y complementos.

Según estos datos, en 2012 Cospedal percibió 72.470,30 euros. La información correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 no figura.

Comunidades pioneras

Una de las comunidades que se ubican en el extremo opuesto es Castilla y León. También gobernada por el PP, esta región acaba de aprobar su ley de transparencia. Fuentes de la Presidencia de Castilla y León precisan a este diario que su legislación va más allá de la nacional. De hecho, aseguran que muchas de las exigencias ya las cumplían antes.

El portal de transparencia de esta comunidad, gobernada por Juan Vicente Herrera, se denomina portal de Gobierno Abierto. Está listo desde 2012 y para estructurarlo se emplearon los indicadores estipulados por Transparencia Internacional. De hecho, esta comunidad obtuvo la mejor puntación en su último barómetro. Vio la luz tras tres años de trabajo.

Los datos que figuran publicados –más de 160 conjuntos–, según precisa un portavoz en conversación con infoLibre, están actualizados.

Entre los datos que ofrece en su apartado de transparencia institucional figuran las retribuciones de los altos cargos, el número de asesores, las declaraciones de bienes de los altos cargos y las agendas de los mismos. Además, incluye un apartado dedicado a la protección medioambiental con los planes de protección y ordenación de los recursos naturales.

La página web del Gobierno vasco también es puesta como un ejemplo de transparencia. De hecho, en el último índice de las comunidades autónomas elaborado por Transparencia Internacional, correspondiente a 2014, esta comunidad obtiene, junto a Castilla y León y Cataluña, la puntuación más alta (100 puntos).

Fue en el año 2010, con el socialista Patxi López como lehendakari, cuando nació Irekia, el proyecto de Gobierno abierto en Euskadi. “Una ventana abierta a la participación ciudadana”, según lo definen.

Una de las patas más importantes de este proyecto es la de la participación y colaboración. Irekia cuenta con dos espacios al respecto: propuestas del Gobierno y propuestas ciudadanas.

El primero de los campos, propuestas del Gobierno, está habilitado para que la ciudadanía aporte sus comentarios y dudas sobre propuestas, anteproyectos o iniciativas de los diferentes departamentos del Gobierno. En el segundo, propuestas ciudadanas, los ciudadanos pueden crear sus propias propuestas sobre aquellas cuestiones que les resulten de interés. La respuesta del Gobierno a las peticiones y observaciones ciudadanas también se publica.

El proceso de participación es mucho más breve y ágil que el del portal de transparencia de la Administración General del Estado. Basta con que el interesado en participar o demandar información se registre con un correo electrónico y una clave y confirme, a su vez, la recepción de un correo, para que reciba en cuestión de minutos, el alta en la plataforma.

En el caso del portal de la transparencia del Gobierno central es necesario DNI electrónico o certificado electrónico o estar dado de alta en el código cl@ve de la Agencia Tributaria.

A diferencia de otras comunidades autónomas, las retribuciones de los altos cargos figuran actualizadas a fecha de marzo de este año. Además, puede consultarse la evolución desde el año 2009 hasta la actualidad.

Así, podemos comprobar que en 2009 el lehendakari percibió lehendakari 105.425 euros y que en 2015 la cantidad será de 97.518.

Baleares también se define como una comunidad pionera en este campo. Fuentes de la Presidencia regional, en manos de José Ramón Bauzá (PP), subrayan que la comunidad dispone de una ley de transparencia desde abril de 2011. Es decir, antes de la estatal, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de diciembre de 2013.

Una vez aprobada la ley estatal, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley “para modernizar” la iniciativa autonómica y adaptarla a los estándares nacionales.

La proposición de los conservadores, explican desde el Govern, consta de 59 artículos y recoge medidas como la simplificación administrativa, el derecho de acceso efectivo a la información, la publicación de datos, contratos y subvenciones, la aplicación de nuevas tecnologías, la publicación del plan de Gobierno, la aplicación del principio de austeridad o las evaluaciones de calidad.

La relación de los datos de todo el personal que presta sus servicios para esta comunidad autónoma es de las más completas en España. En este sentido, se publica el número, evolución y relación de altos cargos, eventuales y de libre designación y el importe de las retribuciones totales de cada uno de los puestos.

El caso de Cataluña es muy similar al de Castilla y León, País Vasco y Baleares. Esta comunidad autónoma dispone de un portal de transparencia muy avanzado vertebrado en cinco ejes: Gobierno y presidente, acción de Gobierno, gestión, datos de Cataluña e indicadores.

En el apartado de acción de Gobierno, el portal web de la Generalitat va más allá del estatal. En el de la Administración Central del Estado se cuelgan todas las iniciativas legislativas. Pero los informes de los órganos consultivos sólo se hacen públicos cuando el proyecto de ley en cuestión pasa al primer trámite parlamentario. Es decir, al Congreso de los Diputados. En el caso de Cataluña, estos informes se cuelgan sin necesidad de que el texto tenga que pasar de la categoría de anteproyecto a la de proyecto.

En el caso de La Rioja, el portal de la transparencia autonómico llegó antes que la ley, que data del 11 de septiembre de 2014.

Fue en enero de 2011 cuando el Gobierno de La Rioja inauguró esta herramienta. La información disponible está estructurada en seis áreas: información institucional; contratación de servicios y suministros; ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; relaciones con el Parlamento; información económica y financiera; y relación con los ciudadanos y la sociedad.

Fuentes del Gobierno regional mantienen que su portal web facilita mayor número de datos que el estatal.

Por ejemplo, en lo relacionado con las peticiones de información por parte de los ciudadanos el trámite es, como en el caso del País Vasco, muy sencillo. Basta con rellenar un sencillo formulario acompañado de una validación de seguridad.

Las últimas en llegar

Andalucía, que tiene en vigor una Ley de Transparencia desde enero de 2014, anunció el pasado martes que su portal específico en esta materia ya estaba listo.

Desde ahora hasta el mes de julio, cuando la ley tiene que entrar el vigor, la Junta de Andalucía –el PSOE ganó las elecciones del pasado 22 de marzo– volcará todo tipo de datos relacionados con contratación, altos cargos, información institucional, estadísticas, presupuestos, empleo público, información jurídica, relaciones con la ciudadanía y datos del Consejo de Gobierno.

Según el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia en funciones, Manuel Jiménez Barrios, los primeros datos que se han incluido en el portal son los relativos a los contratos mayores y menores que ha firmado la Administración autonómica, así como todas las subvenciones que han otorgado desde enero del pasado año.

"Cualquier ciudadano podrá conocer no sólo el objeto, la duración, el importe o el procedimiento que se ha seguido en cada contrato, sino que, como novedad, además, se podrá consultar el número de licitadores que han participado en el proceso de adjudicación, las modificaciones y prórrogas que se celebren, las revisiones de precio o las subcontrataciones", mantuvo.

Cuatro días antes, Aragón (PP) presentaba también su ventana a la transparencia.

El portal ofrece información institucional con un desglose de los altos cargos y sus sueldos, datos de contratación pública, información presupuestaria y detalles sobre el patrimonio autonómico.

Una de las novedades que incorpora esta página y que no suele ser frecuente en el resto de portales analizados es el coste en sí mismo de la herramienta. El coste total invertido en este portal, a fecha 27 de marzo, ha sido de 56.850,50 euros.En continua evolución

La ley de transparencia de la Xunta de Galicia data de 2006. Si bien, esta iniciativa va a ser modificada para adaptarse, entre otros asuntos a las prescripciones de la ley estatal, según anunció el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo el pasado enero.

El anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Xunta está en fase de sugerencias públicas hasta principios de abril.

La intención del Gobierno gallego es la de que el nuevo portal homologue e unifique toda la información disponible con interconexiones con el resto de plataformas de otras administraciones. Y es que, a día de hoy, más que portal específico, esta comunidad dispone de dos apartados de transparencia en las consejerías de presidencia y vicepresidencia.dos apartados de transparencia

El portal de transparencia de Extremadura agrupa los datos de una forma particular si se tiene en cuenta el grueso de los portales autonómicos. Lo hace en seis categorías: sector público, economía, educación, salud, cultura, ocio y empleo.

La información relativa a contratos y retribuciones de los altos cargos no es de fácil acceso. Y, en el caso de los sueldos de los miembros del Gobierno de José Antonio Monago, los datos que figuran son sólo de 2012.

Se trata de un escenario opuesto al que presenta la página web del Ejecutivo cántabro, en la que los datos de retribuciones facilitados van del año 2012 al 2014.

Además, el Gobierno de Ignacio Diego (PP) ofrece un archivo con la hemeroteca de la agenda de actividades de los miembros del Gobierno entre los años 2012 y 2014. La publicación de las agendas de los políticos se ha visto envuelta en la polémica en los últimos meses después de la polémica de los viajes de Monago con cargo a los presupuestos del Senado.

En el Gobierno canario mantiene que su portal de transparencia ofrece a los ciudadanos más información de la que marca le ley estatal y destacan que esta herramienta está en vigor desde 2013, año en el que la página web de la Administración General del Estado no era todavía una realidad.

Para la forma de presentar los datos, según cuenta un portavoz del Gobierno, se han tomado como base los cinco bloques definidos por Transparencia Internacional (TI) más uno nuevo de participación ciudadana.

En el último examen de esta ONG, que data del verano de 2014, la comunidad gobernada por Paulino Rivero (Coalición Canaria) obtuvo la peor calificación –80, de un máximo de 100–, sólo por delante de Murcia y Madrid. Sus puntos más débiles fueron registrados en el área económico-financiera y en la información relativa a la comunidad autónoma.

En los casos de la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, la información facilitada es muy similar. En todas ellas se aportan datos institucionales, información económica, información sobre contratos y participación.

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