Manuel Olmedo, un 'bombero' de perfil técnico para una judicatura en llamas
La fusión de Presidencia y Justicia sorprendió, y mucho, en el mundo judicial. Primero, por lo novedoso a nivel nacional de aglutinar ambas cuestiones, además de Relaciones con las Cortes, bajo una misma cartera. Y segundo, por el alto perfil político de la persona que estará al frente de lo que tradicionalmente ha sido un ministerio único: Félix Bolaños. El hecho de que el nuevo ministro no pertenezca a la judicatura ni tampoco a la carrera fiscal no se ve como un inconveniente. Siempre y cuando sepa rodearse de un buen equipo técnico que conozca en profundidad el funcionamiento de los tribunales. Y así ha sido. El nuevo secretario de Estado de Justicia, su escudero a partir de ahora, será Manuel Olmedo. Un magistrado dialogante y conciliador para una judicatura en llamas.
Nacido en Ávila en 1976, Olmedo conoce muy bien los vericuetos del mundo judicial. Al fin y al cabo, forma parte de La Casa desde comienzos de siglo. Ingresó en la judicatura en 2003. Y desde entonces ha desempeñado diversos puestos en Asturias, Cataluña y Madrid, donde ha estado destinado en los Juzgados de lo Penal de Móstoles y en diversas Secciones Penales de la Audiencia Provincial. Su paso por los distintos órganos judiciales ha sido discreto. Nunca ha tenido nada parecido a esa proyección pública de la que gozan algunos jueces estrella. Sus últimas sentencias como ponente fueron en el caso de una banda dedicada al robo de coches y de una pelea en las fiestas de la localidad madrileña de Loeches.
Con un amplio conocimiento en lo que a cooperación judicial penal se refiere –tanto en el ámbito de la Unión Europea como con terceros países–, Olmedo conoce también a fondo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación tras cinco años en funciones será uno de los grandes retos del nuevo Ejecutivo de coalición. En el órgano de gobierno de los jueces ha ejercido como letrado. Y dentro de la Escuela Judicial, como responsable de la selección y especialización de jueces, fiscales y magistrados. Además, ha sido miembro y coordinador de los grupos de trabajo para la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal, para la implementación del plan de transparencia y acceso a la información y para la elaboración de los principios de ética judicial.
La elección de este magistrado como nuevo secretario de Estado de Justicia ha tenido un buen recibimiento en la judicatura. "Creo que es una decisión muy acertada. Es una de las personas más rigurosas y competentes con las que he trabajado, con un perfil técnico pero muy versátil", señala una jueza que ha coincidido con él. Quienes le conocen destacan su "talante dialogante", "constructivo" y "negociador". "Una persona con la que se puede hablar, discutir y llegar a acuerdos por el bien de la judicatura y de la ciudadanía", señala una de las fuentes consultadas. "Escucha y tiene capacidad de entendimiento", apunta otra. Y eso puede ser clave para una legislatura que se espera muy intensa en el ámbito judicial. "Puede ayudar a la hora de arreglar conflictos o apaciguar los ánimos dentro de la judicatura", completan algunas voces pulsadas por infoLibre.
Durante este último año, Olmedo ha tenido que hacer frente como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia –un puesto que ahora asumirá la fiscal vallisoletana Sofía Puente– con un largo parón de letrados judiciales y una amenaza de huelga general por parte de los jueces y los fiscales. Dos conflictos que el ministerio logró desactivar tras un intenso tira y afloja con la firma de acuerdos que incluían mejoras salariales y el compromiso de un aumento de efectivos en las carreras. Olmedo fue, según fuentes conocedoras de las mismas, una pieza clave en aquellas negociaciones. "Llevó el peso de la negociación y no faltó a una sola de las reuniones que se mantuvieron", recuerdan desde una de las asociaciones.
Con la elección del magistrado como número dos de Justicia se lanza, por tanto, un mensaje de cierta continuidad. "Sabe qué es lo que se acordó y qué es lo que se tiene que cumplir", sostienen desde uno de los colectivos judiciales. La mayoría de asociaciones de la judicatura reconocen una buena sintonía con el nuevo secretario de Estado. Y esperan que su vinculación a la carrera pueda ser de ayuda a la hora de resolver los graves problemas que desde hace décadas arrastra la justicia. "Conoce perfectamente dónde están y cómo se tienen que afrontar", apuntan. Hace catorce años, de hecho, Olmedo se quejaba con amargura de la falta de medios en la judicatura. Entonces, lo hacía desde su juzgado en el municipio asturiano de Pravia.
Parece que el único fuego que no se logró sofocar la pasada legislatura será el primero al que el magistrado tendrá que enfrentarse como secretario de Estado. Se trata, en concreto, de la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Un paro que quedó en suspenso con el adelanto electoral del 23J y que ahora, tras la conformación del nuevo Gobierno, amenaza con reactivarse. Este martes, CCOO ha anunciado su intención de retomar las movilizaciones en un par de semanas si el nuevo secretario de Estado de Justicia no presenta "de forma inmediata" una "oferta" a los sindicatos que dé comienzo a una negociación. "Este equipo es pleno conocedor de la problemática que originó el conflicto", han señalado en un comunicado.
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Olmedo sustituye en el cargo a Antonio Tontxu Rodríguez, cuya dimisión pidieron un su día algunos colectivos del ámbito judicial, en un momento especialmente delicado. El acuerdo político suscrito entre el PSOE y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez ha levantado ampollas en buena parte de la judicatura, que no ha escondido su profundo malestar –incluso recurriendo a concentraciones a las puertas de los tribunales– por la inclusión del término lawfare, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), en el pacto con la formación independentista. "El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", llegó a señalar la Sala de Gobierno del Supremo en un comunicado.
Y luego está la Ley de Amnistía, un borrón y cuenta nueva tras el procés que ya se tramita en el Congreso de los Diputados y que no gusta a parte de la judicatura. Su entrada en vigor y aplicación marcará la próxima legislatura. Así como la impugnación que algunos tribunales harán de la misma, tanto ante el Constitucional como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una norma que también ha puesto en pie de guerra al bloque conservador del caduco Consejo General del Poder Judicial, que a comienzos de noviembre, antes de conocerse la literalidad de la norma, forzó un pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces en el que se señalaba que la "proyectada" ley suponía una "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho".
El mandato, en el que también se espera que se implementen y se culminen las leyes de eficiencia que quedaron paradas por el adelanto electoral, será intenso. Y más si se tiene en cuenta que el Gobierno necesitará tejer alianzas de forma continua con un buen número de grupos parlamentarios para sacar adelante sus proyectos. Algo que, dice un juez, "puede complicar la adopción de mejoras en la Administración". Una búsqueda de consensos en la que, con total seguridad, Olmedo será "pieza importante". Como lo fue para extinguir la mayoría de incendios laborales que asolaron al ministerio en estos últimos meses. O como lo puede ser para tratar de calmar las aguas que hoy bajan revueltas en el mundo judicial. Un bombero para una judicatura, y una legislatura, en llamas.
