Justicia

Qué hacer ante la máquina de 'denuncias falsas' de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso.

Vox vuelve a disparar contra sus rivales políticos en los tribunales. El partido de extrema derecha presidido por Santiago Abascal ha aprovechado el Día de las Víctimas del Terrorismo para anunciar la interposición de una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir los delitos. En concreto, la formación ultraderechista utiliza las actas incautadas en Francia a la organización terrorista ETA para acusar al exlíder del Ejecutivo de haber alertado de detenciones de miembros de la banda en suelo galo durante el proceso de negociación. Además, asegura que Zapatero, al que han reclamado interrogar, “era conocedor” de que la organización terrorista “estaba fabricando explosivos tres meses antes del atentado de la Terminal-4 de Barajas”. “Lo que importa es que haya responsabilidades penales”, ha apuntado, en rueda de prensa, Santiago Abascal, que no ha asistido al homenaje institucional a las víctimas del terrorismo en el Congreso.

No es la primera vez que Vox acude a la arena judicial para golpear a sus enemigos políticos. La mayor parte de las querellas interpuestas por el partido de extrema derecha en los últimos años han tenido como objetivo a dirigentes de formaciones progresistas o independentistas, aunque también han intentado sentar en el banquillo al expresidente del Gobierno conservador Mariano Rajoy. Así, se han querellado contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber utilizado, supuestamente, trabajos de otros autores en su tesis doctoral sin citarlos. Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le acusaron de blanqueo de capitales y delitos electorales a raíz de un texto publicado por OkDiario sobre la cuenta falsa de Iglesias en un paraíso fiscal. También se han querellado contra el president de la Generalitat, Quim Torra; la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; el expresident Carles Puigdemont y varios de sus consellers; alcaldes o la Mesa del Parlament.

Una intensa actividad que ha ido chocando contra los tribunales. En los últimos meses, la justicia ha archivado al menos una docena de querellas de Vox contra rivales políticos. La última, la que interpuso contra Torra por sus declaraciones sobre la denominada vía eslovena. A pesar de ello, la formación de extrema derecha, que también ha ejercido como acusación popular en el juicio por el procés, no afloja y carga ahora contra el expresidente Zapatero. Un movimiento que ha sido criticado por dirigentes políticos de distinto signo. “No hay por dónde cogerla. (…) No tiene ni pies ni cabeza”, ha señalado el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. El senador del PP Rafael Hernando, por su parte, ha señalado que la ofensiva lanzada por la ultraderecha supone una “utilización perversa de los tribunales”. Y desde el PSOE han decidido dejar clara su postura a través de Twitter: “La ultraderecha demuestra una vez más que sólo han venido a alimentar el odio y la persecución a los demócratas”.

Mecanismo de sanciones

La estrategia de Vox ante los tribunales se asemeja a la seguida por otras organizaciones como  Abogados Cristianos, que según reconoció el pasado mes de abril su presidenta tiene más de 60 causas abiertas por supuestos motivos religiosos. La secuencia de hechos es, en la mayoría de los casos, la misma: querella, titulares en medios de comunicación, debate sobre la cuestión y archivo definitivo. Una suerte de permanente actitud querellante para la que el sistema judicial no tiene mecanismos de respuesta inmediata. En este sentido, el magistrado Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, considera que es necesario “reflexionar” sobre la “instrumentalización de la acción judicial al servicio de intereses políticos partidistas”. En conversación con infoLibre, reconoce que estas “actuaciones abusivas” son un “problema”. Y, por ello, plantea que se establezca un “mecanismo de sanciones económicas” que permita castigar acciones “claramente fraudulentas” que no tienen “la más mínima posibilidad de prosperar”.

En lo que no está de acuerdo, explica Bosch, es en eliminar la acción popular, un instrumento contemplado en el artículo 125 de la Constitución que lleva años siendo objeto de debate. “La actuación no podría ser eliminarla porque hay muchos procedimientos, sobre todo en temas de corrupción, que sólo han seguido adelante gracias a la acción popular”, señala el magistrado. En la misma línea se pronuncia Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, que considera que “hay un interés tremendo en cargarse la acusación popular”, una figura que “ha servido para intentar controlar los abusos de poder”. Álvarez explica que el único mecanismo que existe ante situaciones de este tipo es el “control” que puede ejercer “de entrada” el juez “inadmitiendo la querella” y cree que no hay forma de evitar esta utilización partidista que en ocasiones las formaciones políticas hacen del sistema judicial.

Delito de denuncia falsa

El catedrático de la Universidad Carlos III, sin embargo, no se muestra partidario del mecanismo de sanciones planteado por Bosch: “Cuando hay una brutalidad, ya tenemos el control del juez y, además, los delitos de acusación y denuncia falsa e injurias”. Es esto último, justamente, lo que ha planteado la Fundación de Análisis e Iniciativas Socialdemócratas, que preside el miembro del comité regional del PSOE de Madrid Antonio Miguel Carmona, en respuesta a la querella interpuesta por la formación ultraderechista contra Zapatero. “Ya pueden esmerarse en presentar pruebas reales y hechos probados, y no divagaciones y recortes de prensa con el único objetivo de hacer propaganda de su formación a cambio de mancillar el nombre del expresidente del Gobierno”, ha señalado el exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, añadiendo que los servicios jurídicos de la fundación van a estudiar “con pelos y señales cada coma, cada palabra, cada frase” por si la acción judicial de Vox pudiese ser constitutiva de un delito de acusación y denuncia falsa.

De analizar la querella del partido de extrema derecha se encargará el abogado Wilfredo Jurado. En conversación con este diario, reconoce que “lo normal” en este tipo de casos es que el juez termine rechazando el escrito y no pase “nada” más. Por eso, han llegado a la conclusión de que la mejor manera de hacer frente a las permanentes ofensivas judiciales de este tipo es a través de la figura de la “denuncia falsa”, recogida en el artículo 456 del Código Penal y que contempla penas de tres meses a dos años de cárcel a aquellos que “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal”. Pero para dar este paso, explica, primero tienen que estudiar detenidamente el escrito presentado por Vox. En el caso de que encuentren encaje, añade, tendrían que esperar a que el juez dé carpetazo a la querella para que ellos puedan pasar a la acción.

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