Corrupción

Narcís Serra, en el banquillo por los sueldos desproporcionados de Caixa Catalunya: "No me arrepiento"

El expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, acompañado por su abogado Pau Molins y por el exdirector general, Adolf Todó.

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El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra ha afirmado este jueves, al salir de la primera jornada de su juicio en la Audiencia de Barcelona por los sueldos de la entidad, que "estos sueldos escandalosos no existen" y que todas las decisiones fueron legales y legítimas, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, al preguntarle por los sueldos supuestamente desproporcionados que se aprobaron en dos consejos de administración de 2010, ha afirmado: "Estos sueldos escandalosos no existen. El fiscal solo nos acusa del salario del director. No acusa de nada más".

Serra ha admitido que está preocupado: "Sería insólito que una persona estuviera bajo juicio y no estuviera preocupado. Tranquilo y preocupado".

El exministro, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por dos presuntos delitos de administración desleal a petición de la Fiscalía, ha asegurado que demostrará en el juicio que todos los acusados hicieron "lo que correspondía".

"Y que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección, que no hay más que decisiones legales y legítimas", ha añadido.

A su llegada al tribunal la mañana de este jueves, Serra ya había afirmado que no se arrepiente de su gestión al frente de Caixa Catalunya: "Hice lo que debía hacer".

La Sección 8 de la Audiencia le ha empezado a juzgar junto a otros 40 acusados por la causa de los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica, de 2008 a 2012, y durante la sesión se han planteado las cuestiones previas.

Dispensados de las sesiones

Durante la vista, el tribunal ha aceptado a petición de Pau Molins, abogado de Narcís Serra, que los acusados puedan ausentarse de algunas sesiones si así lo solicitan –están previstas 28 jornadas– una vez hayan declarado como acusados, si bien deberán estar para el turno de la última palabra.

La defensa de Serra ha planteado durante las cuestiones previas que se anule el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, al considerar que la CUP, que ejerce de acusación popular, no está legitimada para ejercer la acción civil y reclamar responsabilidades económicas a los acusados.

El tribunal ya ha adelantado que va a rechazar anular dicho auto de apertura de juicio oral, con lo que el juicio podrá proseguir, aunque ha anunciado que motivará por escrito los argumentos sobre si la CUP puede ejercer la acción civil.

Con este mismo argumento sobre la CUP, Pau Molins ha pedido reducir la fianza pedida a sus clientes como responsabilidad civil, porque ni la CUP ni la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) –acusación que se ha retirado– tienen legitimación para pedirles esa responsabilidad civil, con lo que la fianza debería fijarse en la cantidad que pide el fiscal, 2,5 millones de euros, y no 9,5 (por la petición de la CUP).

Juan Segarra –abogado del exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó, uno de los directivos acusados cuyas retribuciones el fiscal ve "desproporcionadas"– ha solicitado que, al retirarse la acusación particular de la CIC, se le debía devolver un aval bancario aportado para cubrir la petición que le hacían, de 800.000 euros de fianza.

Segarra ha pedido, por otro lado, que la Fiscalía excluya de su acusación que el consejo de administración de enero de 2010 aumentara el salario fijo de Todó, ya que en la denuncia inicial y en la instrucción judicial solo se refería al aumento variable, lo que para el letrado puede vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva.

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De admitirse esta petición, algo que el tribunal dirimirá en los próximos días, la cantidad de aumento salarial de Todó derivado de ese acuerdo del consejo que deberá juzgarse pasaría de 700.000 euros a 56.000, según el abogado.

Marc Molins –defensa de otros acusados– ha solicitado durante la vista que se alterara el orden previsto para la declaración de los 41 acusados en el juicio, y que declararan al final para garantizar el derecho de defensa y la igualdad de armas, una petición que ha sido desestimada por el tribunal.

La próxima sesión, al haberse concluido el trámite de cuestiones previas un día antes de lo previsto en el calendario, será el jueves 11 de octubre con la declaración de Serra y Todó.

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