Pobreza energética

La nueva factura, el calor de récord y el precio disparado amenazan con asfixiar a los 'pobres energéticos'

Manifestación de vecinos de Cañada Real (Madrid) contra los cortes de suministro.
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Activistas, analistas y expertos en pobreza energética lamentan que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha pensado lo suficiente en los consumidores vulnerables a la hora de ejecutar su reforma de la factura eléctrica. Desde un punto de vista que incluso podría denominarse ético, lamentan que se les cargue con la responsabilidad de cambiar de hábitos mientras las tres eléctricas que concentran al 80% de los usuarios (Endesa, Iberdrola y Naturgy) dispararon sus beneficios durante 2020. Pero, además, otras circunstancias se suman para pronosticar que este puede ser un verano difícil para quien no logra pagar con holgura los recibos o quien no consigue el confort térmico en su hogar: el precio de la luz se disparará durante julio y agosto, el 8 de agosto podría terminar la moratoria de cortes y el estío será especialmente caluroso en un contexto de cambio climático, según avanzan los meteorólogos. 

La reforma de la factura eléctrica que se aplica a partir del 1 de junio a los consumidores sujetos al mercado regulado (aquí se explica cómo saber si te afecta) no es fácil de entender. No se trata de una subida general de la luz a todos los usuarios: muchos, dependiendo de sus circunstancias, se beneficiarán. Sobre todo si hacen el esfuerzo de cambiar sus hábitos para, como pretende el Gobierno, evitar unos picos de demanda que hacen que, a la larga, el Estado deba invertir más en infraestructuras de red que pagamos todos. Otros incluso podrían ver una ligera bajada si no los cambian. Antes de la modificación, una parte de los hogares con el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) no tenían discriminación horaria: según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, estos 19 millones pagarán algo menos que antes. Los otros 10 millones pagarán más si no cambian sus hábitos.

El problema es que, calculan las organizaciones que luchan contra la pobreza energética, muchos de los más afectados están dentro de esos 10 millones. Para cobrar el bono social, que aplica reducciones de entre un 25% y un 40% a la factura, hay que estar en el mercado regulado. Y los activistas recomendaban a las familias que se apuntaran a la modalidad de discriminación horaria para ahorrar. Mediante la nueva factura, podrán ahorrar más si hacen más esfuerzos de los que estaban haciendo. Pero dudan de que, en primer lugar, puedan hacerlos: y en segundo lugar, que sea justo pedirles más sacrificios en pos de la transición ecológica cuando las eléctricas ganan cada vez más dinero. Es una cuestión de justicia, consideran. 

"Creemos que con estos nuevos peajes se dificulta bastante que las familias puedan adaptar sus consumos, más alla de intentar trasladar lo que puedan al fin de semana. Nuestra lectura es que se ha hecho sin conocer la realidad social de la ciudadania", asegura María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. La organización ha sacado un comunicado este viernes 4 de junio bastante duro con la reforma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

"Prevemos un incremento exponencial de las primeras facturas que lleguen a partir del mes de julio", concluyen. "Desde una perspectiva bastante paternalista, se intenta incentivar un consumo más consciente por parte de la ciudadanía (...) Unos consejos que las personas o familias con poder adquisitivo pueden decidir si seguir o no, ya que mientras puedas pagar el aumento en las facturas, la medida te puede traer sin cuidado. (...) La propuesta se apoya en la práctica en quienes más difícil lo tienen, mientras quien lo puede pagar se puede mantener en los mismos hábitos de siempre".

La Alianza contra la Pobreza Energética señala que el terreno está abonado para que las eléctricas pesquen en río revuelto y, aprovechando la alarma social y la incertidumbre, intenten pasar a clientes del mercado regulado al libre, donde son ellas las que fijan el precio. "Es un contexto perfecto para que aparezcan campañas agresivas de marketing ofreciéndonos tarifas fijas que no necesitamos y que son más caras". En mercado libre, de media, se abona más por el kilovatio/hora. Por lo tanto, las compañías siempre intentan el trasvase. A veces, de manera ilegal, como se encarga de recordar periódicamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en forma de multas millonarias. De hecho, la organización de consumidores OCU ya denuncia que las energéticas están aprovechando para subir sus tarifas hasta un 27%. Solo LuceraSom Energía y Goiener se han abstenido de esta práctica, aplicando solo los cambios obligatorios en los peajes y cargos que dicta Transición Ecológica.

Campuzano lamenta que los españoles en situación de pobreza energética, 10 de cada 100 hogares según los cálculos del Gobierno relativos a 2019, sean quienes más tienen que vigilar su factura "mientras, en el último año, Endesa e Iberdrola han seguido aumentando beneficios". Para Marta Gayoso, investigadora del grupo Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible (ABIO) de la Universidad Politécnica de Madrid, es evidente que, aunque la reforma tenga sentido para racionalizar la demanda, "no todos lo vamos a vivir igual". Lamenta que la carga se ponga sobre los hombros, mayoritariamente, de mujeres de bajos ingresos, que son las que, desgraciadamente, siguen ejecutando la mayoría del trabajo del hogar y de cuidados en España.

Gayoso y Campuzano piden reformas estructurales. El Gobierno ya ha empezado con dos reformas legislativas que limitarán los "beneficios caídos del cielo" de nucleares e hidroeléctricas y harán que petroleras y gasísticas paguen una parte de los costes del sistema y de la factura de los consumidores con más problemas para llegar a fin de mes. Pero no se aplicarán hasta 2022. Demasiado tarde para unos pobres energéticos que, además de la tarifa, tendrán que abordar un precio disparado durante el estío por las condiciones meteorológicas, la subida del precio del CO2, el encarecimiento del gas natural y el funcionamiento deficiente del sistema marginalista que impera en Europa, donde la tecnología más cara marca el precio del resto del mix. Los sujetos al mercado regulado no solo pagarán más si consumen en hora punta: pagarán más en general con respecto a febrero y marzo de este año, donde el pool estuvo en mínimos.

Los activistas temen que los impagos se acumulen y el Ejecutivo no alargue la moratoria a los cortes de suministro, que en principio acaba el 8 de agosto. "Puede ser un drama", asegura Campuzano: no hay una solución sobre la mesa para abordar las deudas de miles de euros que miles de familias pueden haber contraído con las empresas. 

La organización de Campuzano pide ampliar la definición de "consumidor vulnerable" y ampliar a todo el país una medida que ya se ejecuta en Cataluña: el principio de precaución. Las eléctricas deben consultar con el Ayuntamiento antes de cortarle la luz o el gas a un hogar. Gayoso ve clave que los 6.800 millones del Plan de Recuperación para la eficiencia energética se gasten pronto y bien: en muchas ocasiones no hace falta poner el aire acondicionado ni encender la calefacción, sino vivir en una vivienda bien aislada. "El parque de viviendas es muy antiguo e ineficiente. Las ideas están muy bien, pero luego es posible que se pierdan", advierte la investigadora. 

"Se tendría que implantar una tarifa social progresiva, en función de los ingresos de las familias", considera Campuzano. Que no necesite una petición, sino que se aplique automáticamente: según datos de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), el 54% de personas que tienen derecho a bono social no lo perciben por desconocimiento. Y si no resulta sostenible económicamente una reforma así, reivindica, que lo paguen las eléctricas. "Tiene que asumir su responsabilidad". 

¿Cuántas personas hay en España en pobreza energética? No se sabe

El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha publicado sus estimaciones sobre cómo ha afectado la pandemia a la pobreza energética, con millones de personas en ERTE o que se han quedado en el paro. Las cifras de 2019, las últimas disponibles, mejoraban los registros de 2018, pero mostraban que aún queda camino por andar: el 7,6% de la población no puede mantener una temperatura apropiada en su casa, el 6,6% sufre retrasos en el pago de las facturas, el 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos y el 10,6% de los domicilios gastaban demasiada poca energía, lo que se conoce como "pobreza energética escondida".

El mismo informe reconoce que no cuenta con datos sobre las personas que declaran no poder alcanzar el confort térmico en verano. Solo en general. En un contexto de cambio climático, el dato es más importante que nunca: la Agencia Española de Meteorología prevé que el verano de 2021 sea, una vez más, más caluroso que la media. La ausencia de datos, la subida de la factura y el posible fin de la moratoria amenazan con un golpe de realidad para España durante el verano con respecto a la pobreza energética. 

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