Venta armas

ONG denuncian que España autorizó exportaciones de armas en 2013 por el doble del valor del año anterior

Las modas de la guerra

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Las autorizaciones de ventas de armas españolas de 2013 superaron los 4.300 millones de euros, duplicando así las del año anterior, según han advertido este viernes las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón y FundiPau. En estas exportaciones hay, además de material de defensa, otro material antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo.

Según explican estas ONG en un comunicado, el Gobierno justifica este incremento en 2013 en un informe de la Secretaría de Estado de Comercio remitido al Congreso por el "peso específico" de las transferencias a países como Arabia Saudí, Australia y Emiratos Árabes Unidos por valor de 1.732,5 millones de euros, un 44,5% del total de ese año.

Así, recuerdan que el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés) ha situado a España en el séptimo puesto de la lista de los diez principales exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3% del mercado global, tras Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Francia y Reino Unido y por delante de Ucrania, Italia e Israel.

Las ONG temen que "la política de promoción de las exportaciones de armas del Gobierno español, con una intensa agenda internacional de las autoridades españolas, está afectando negativamente el control de estas operaciones y que se lleven a cabo operaciones cuando exista un riesgo claro de que el material exportado se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos".

Estas cuatro organizaciones han denunciado que las exportaciones españolas de material de defensa han oscilado entre los 383 millones de euros en 2003 y los 4.321 millones en 2013, por lo que han experimentado un crecimiento en diez años de 3.900 millones.

En su opinión, es necesario que el Gobierno y el Parlamento españoles garanticen que sus exportaciones de armas, tanto las autorizadas como las realizadas, "respetan escrupulosamente las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2013", por lo que han solicitado al Ejecutivo y a los partidos políticos que modifiquen la legislación española sobre este asunto para "adaptarla a la regla de oro del citado tratado, que supone la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades".

Las cuatro ONG han valorado el informe que el Gobierno ha remitido al Congreso con información sobre algunas de las operaciones de exportación y describe el tipo de producto exportado o autorizado, si bien han denunciado que "se mantienen algunas tendencias y elementos preocupantes reseñados en años anteriores".

Según han indicado, en 2013 se autorizaron o realizaron "operaciones preocupantes" con diversos países, tanto debido a la naturaleza del material exportado como al riesgo de que éste pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos.

Así, por ejemplo, citan las "exportaciones de material de defensa a Arabia Saudí, que superaron los 406 millones de euros" o la donación de cartuchos lacrimógenos para la policía de Egipto aunque sí se hayan suspendido cautelarmente licencias individuales en pistolas, escopetas de caza, repuestos para ametralladoras y equipos antidisturbios no letales.

También señalan la venta de material de defensa a Estados Unidos "sin que existan suficientes garantías de que las armas exportadas no terminen utilizándose en los conflictos armados en los que está implicado este país y el riesgo real de que puedan ser utilizadas para la comisión de delitos".

Asimismo, las ONG han mostrado su preocupación por la exportación de material de defensa también a Pakistán, la donación de botes lacrimógenos a la policía de Túnez "pese a las nuevas denuncias de tortura y otros malos tratos contra manifestantes" y la autorización para vender también material antidisturbios a las fuerzas armadas y la policía de Venezuela "por valor de más de 3,2 millones de euros". Sobre este asunto, no obstante, han recordado que el pasado abril el Gobierno suspendió cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a este país.

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