Derechos humanos

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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cargó el pasado jueves contra el Gobierno de Mariano Rajoy en un nuevo informe en el que se recogen las observaciones del organismo después de someter a examen a España a principios del mes de julio en Ginebra. La ONU recoge en el texto tanto los aspectos positivos como las deficiencias encontradas en materia de derechos humanos, instando al Ejecutivo a solventarlas. De esta manera, la organización internacional analiza temas como la Ley de Seguridad Ciudadana, discriminación racial, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, la reforma de la ley del aborto o las expulsiones irregulares de migrantes indocumentados o solicitantes de asilo, entre otros, según señaló este viernes Rights International Spain (RIS), una de las organizaciones acogidas por el Comité durante el examen.

Así, el Comité comienza sus observaciones instando a España a que garantice el cumplimiento de las decisiones dictadas por la ONU. "Debe tomar las medidas correspondientes, incluyendo medidas legislativas si fueren necesarias", recoge el informe en este sentido. Además, la organización internacional solicita al Gobierno que se acelere "la aprobación del segundo plan de derechos humanos" y pide que este aborde de manera "adecuada y efectiva" todas aquellas cuestiones planteadas desde la ciudadanía, el Comité y el resto de mecanismos de derechos humanos.

En cuanto a temas relacionados con la discriminación racial, la ONU denuncia la "práctica de controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos", además de la "discriminación en el acceso a la vivienda, educación, empleo y la atención a la salud". Por ello, el Comité solicita que España luche "eficazmente" y ponga fin al uso de "perfiles étnicos" y lleve a los responsables "ante los tribunales".

Naciones Unidas también hace hincapié en la reforma de la ley del aborto que fue aprobada a mediados de julio en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de cinco diputados del PP, y que ahora deberá pasar el trámite en el Senado. Así, el Comité de Derechos Humanos manifiesta en el informe su "preocupación" por esta ley y, en particular, por la decisión de que las mujeres menores de 16 y 17 años tengan que tener el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo.

El informe también pone el foco sobre la violencia policial, "en particular en el marco de protestas ciudadanas", y expresa su "preocupación por la concesión de indultos a policías condenados por el delito de tortura", algo que, en opinión de la ONU, "contribuye a una sensación de impunidad". En este sentido, el Comité exige al Ejecutivo conservador que establezca órganos de denuncia independientes para atender las quejas de malos tratos por parte de los agentes y que prohíba en el ordenamiento jurídico la concesión de medidas de gracia para los policías condenados por tortura.

Ley de seguridad ciudadana y memoria histórica 

El informe también carga contra la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, en vigor desde el pasado 1 de julio. En este sentido, la ONU se muestra preocupada por el "efecto disuasorio" que esta norma puede tener para "la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica" y, en particular, el "uso excesivo de sanciones administrativas", así como la utilización en algunas disposiciones de "términos vagos y ambiguos" y la prohibición del uso de imágenes de autoridades o miembros de la policía, uno de los aspectos que más polémica ha desatado en los últimos meses. "El Estado parte debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y las subsecuentes reformas del Código Penal", exige Naciones Unidas.

Además, el texto analiza la situación de España en materia de memoria histórica, después de que Naciones Unidas haya instado al Gobierno de Mariano Rajoy en diferentes ocasiones a que cumpla con la Ley de Memoria Histórica. Así, el Comité de Derechos Humanos critica las "lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas", algo que, según denuncia la organización internacional, "se deja a manos de los familiares". En este sentido, el informe reitera la recomendación de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977 y exige al Ejecutivo que vele por que en este tipo de investigaciones "se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan las sanciones adecuadas".

CIE y expulsiones en caliente

Finalmente, Naciones Unidas también hace hincapié en la situación de los migrantes en nuestro país. Sobre este aspecto, el Comité muestra su preocupación por las expulsiones en caliente y su cabida en la Ley de Seguridad Ciudadana, así como por los conocidos como vuelos de deportación, que "se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución". Además, el texto pone el foco sobre las constantes denuncias de solicitantes de asilo no sirios a los que se les está "negando el acceso a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla". "El Estado debe garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados", exige Naciones Unidas en este sentido.

Además, la organización internacional critica también el "uso excesivo de la fuerza" en estas devoluciones, tanto por las autoridades españolas como por las marroquíes. Por este motivo, el Comité de Derechos Humanos insta al Gobierno a que garantice que agentes extranjeros "no cometan violaciones" en territorio español y pide que se realice una "investigación completa y efectiva" sobre los sucesos de El Tarajal, en el que quince migrantes murieron ahogados mientras agentes de la Guardia Civil disparaban pelotas de goma y lanzaban botes de humo al agua.

Además, el informe expresa su preocupación por las diferentes denuncias por malos tratos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y por casos de violencia entre internos "sin que hubiera intervención de los agentes". En este sentido, Naciones Unidas pide que el Gobierno "adopte todas las medidas necesarias para evitar la detención de los solicitantes de asilo" y, en caso de que sea necesaria, que "se recurra a la detención durante el periodo más breve que proceda". Además, solicita investigaciones de manera "rápida, completa e independiente" sobre estas denuncias de malos tratos.

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