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Muerte digna

La oposición de Casado a una ley de eutanasia no la comparten ni los votantes del PP

Concentración convocada por la asociación Derecho a Morir Dignamente en apoyo a Ángel Hernández.

Una noticia reabrió este jueves un debate inconcluso: Ángel Hernández había sido detenido por ayudar a su mujer, enferma de esclerosis múltiple en estado terminal, a poner fin a su vida. Es la de Hernández una de esas historias que regresan a la agenda pública cada cierto tiempo y que inevitablemente recuerdan a otras. La misma situación, las mismas características, la misma desesperación, las mismas demandas y casi siempre el mismo final. Casos particulares que representan una situación global y que lanzan un grito categórico: la despenalización de la eutanasia. Hernández quedaba en libertad sin medidas cautelares pasadas las 22.00 horas del mismo día. A su salida de los juzgados, recuperaba las últimas palabras de su mujer: "A mí no me llegó la eutanasia, que sea por los demás".

Desde el año 1994, el Congreso lleva acogiendo iniciativas para despenalizar la eutanasia, que no han prosperado por el rechazo explícito de los grupos o la dejadez de funciones de los mismos. Uno de últimos pasos se dio en los pasillos de la Cámara Baja el pasado 25 de septiembre. Entonces se amplió por primera vez el periodo de enmiendas a la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el mes de mayo. Desde entonces, el plazo se ha ido prorrogando semanalmente hasta su caducidad definitiva, consecuencia de la oposición escenificada por el PP y la inacción de Ciudadanos. La norma socialista fue tomada en consideración por el Pleno el pasado 2 de julio con el apoyo de todos los grupos menos el de los conservadores, que planteó una enmienda a la totalidad rechazada en el mes de octubre. En ese momento, la formación de Albert Rivera se posicionó junto al PSOE. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? En varias manifestaciones públicas, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, condicionó el apoyo de su grupo al texto a que antes se aprobase su propuesta de ley de cuidados paliativos.

En este escenario, el PP se consolida como el único partido que se opone explícitamente y por motivos ideológicos a despenalizar la eutanasia. Al PP se suma ahora un nuevo actor que ha irrumpido con fuerza en el arco político: la extrema derecha de Vox. Las filas de Santiago Abascal han criticado de raíz la propuesta socialista. Va en su ADN. La formación defiende con uñas y dientes su "compromiso con la defensa de la vida desde su concepción hasta su extinción natural".

La inmovilidad de los partidos de la derecha no coincide, sin embargo, con el sentir de sus votantes. Las organizaciones en favor al derecho a morir dignamente insisten de forma reiterada en que la sociedad "va un paso por delante" de los propios partidos. Y los datos así lo avalan: en el año 2009, el 73,6% de los españoles se pronunciaba a favor de regular por ley la eutanasia y en 2018 el porcentaje ascendía al 85%.

La primera encuesta fue confeccionada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En aquel sondeo el centro cuestionaba si España debería regular por ley la eutanasia y los ciudadanos respondían afirmativamente. Lo hacía el 73,6%, de los cuales un 58,4% lo apoyaba "con toda seguridad" y el 15,2% no estaba "totalmente seguro". Sólo el 10,3% decía rechazar una regulación legislativa "con toda seguridad", mientras que el 5% desconocía el significado de eutanasia y el 6,9% optaba por no contestar.

La encuesta del CIS ofrecía además los resultados en base a la variable "recuerdo de voto", lo que permitía entrever qué porcentaje de votantes de las diferentes opciones políticas estaba a favor de regular la eutanasia. De esta manera, el 82,7% de los ciudadanos que decían haber votado al PSOE se mostraban a favor de hacerlo, cifra que ascendía al 84,6% en el caso de CiU y al 88,7% respecto a los votantes de IU.

Los votantes del PP, pese a la clara oposición de su partido, también se inclinaron de forma mayoritaria por caminar hacia la regulación: un 62,8% así lo confirmó, de los cuales un 50,5% lo dijo "con toda seguridad" y un 12,3% sin estar "totalmente seguro". Existe, por tanto, una fisura evidente entre las líneas que defiende el partido de Pablo Casado y la opinión de quienes le apoyan electoralmente.

Los datos son similares a los vertidos por Ipsos en 2018, casi una década después. De acuerdo a los resultados del barómetro [consultar en este enlace], el 85% de la población se declara a favor de regular la eutanasia, de los que el 49% dice estar totalmente convencido. En su análisis, y tras cruzar las respuestas con la intención de voto, la organización concluye que "los votantes de partidos de izquierdas son los más dispuestos a que se debata y legisle sobre la eutanasia". Concretamente el 92% de los socialistas y el 93% de Podemos. En cuanto a Ciudadanos, el 89% de su electorado apoya una regulación.

Y de nuevo mucho más de la mitad de los votantes conservadores se encuentra en el mismo punto: el 74% cree que la eutanasia debe ser regulada. De ellos, el 35% está totalmente convencido. Aunque, en comparación con otros votantes, los electores conservadores son quienes menos se inclinan por la regulación, las cifras siguen constatando que existe una corriente social mayoritaria a favor de hacerlo, incluso aunque su partido se oponga.  

Retomar la hoja de ruta hacia una ley

El mismo día en que la noticia de la detención de Ángel Hernández golpeaba a la ciudadanía, una petición en Change.org se ponía en marcha para evitar que la Fiscalía presentara cargos contra él. "No ha hecho nada malo. Tanto es así, que él ni siquiera lo ha ocultado. Desde el primer momento ha reconocido lo que ha hecho", dice el texto. En la actualidad, aclara, "tanto el suicidio asistido como la eutanasia están castigados en el Código Penal: penas de dos a cinco años en el caso del suicidio asistido y de seis a diez años en el de eutanasia. No podemos dejar que Ángel sea castigado por un acto de compasión". El autor de estas palabras es Marcos Ariel Hourman, el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia. En apenas dos días la iniciativa ha logrado el apoyo de más de 240.000 personas.

La misma fórmula, cosechar el apoyo social, fue empleada antes por otras familias. También reunieron cientos de miles de firmas los familiares de Maribel Tellaetxe, una mujer que padecía un alzheimer extremadamente desarrollado y que falleció en marzo de este año. "Lo que pasa casi siempre es que la sociedad suele ir por delante y luego vienen las leyes", comenta David Lorente, uno de los hijos de Tellaetxe, al otro lado del teléfono.

Lorente confía a pesar de todo en la clase política, dice, porque hasta el momento "se ha puesto a la altura". El problema, agrega, es que "Ciudadanos y PP han estado bloqueando la propuesta semana tras semana". Por eso insiste en poner la mirada sobre las próximas elecciones. Lo que ocurra entonces "dependerá de quien gane: si ganan los que están contra los derechos humanos, luego no nos llevemos las manos a la cabeza", asevera. Por el contrario, de obtener una victoria en las urnas "la suma del resto, de quienes están por respetar que cada uno escoja su final libremente, tendremos ley de eutanasia". Y "muy pronto", augura. Sánchez ha prometido regular la eutanasia si obtiene la mayoría suficiente tras los comicios.

Lorente reconoce no haber perdido la esperanza en que una norma se conjugue pronto "si la sociedad despierta". Entretanto, recuerda que "las leyes están para respetarlas, pero cuando pisan las libertades individuales sin justificación, cuando atentan contra los derechos humanos y suponen un crimen contra la humanidad, en esas circunstancias la desobediencia civil queda legitimada". Mientras a Ángel Hernández se le trata "como un delincuente", lamenta, lo cierto es que "los que han torturado a su mujer son criminales de guante blanco amparados por una ley criminal".

Luis de Marcos falleció en 2017, afectado por una esclerosis múltiple. También con el objetivo de regular el derecho a morir dignamente su familia lanzó entonces una petición que cosechó el apoyo de casi 100.000 personas. Su viuda, Asunción Gómez, recuerda en conversación con infoLibre que casos como el de Ángel Hernández y su mujer llevan un poco de todos los que le precedieron y de aquellos que son invisibles. "Luis me decía: a ver si soy yo el último que tenga que sufrir de esta manera. Él se fue hace año y medio y hay muchísima gente sufriendo lo mismo que él, o más o diferente", relata.

Aunque la proposición socialista, afirma, trajo consigo "días muy felices", la realidad es que ahora "está todo estancado". Así que su petición es clara. "Que los partidos políticos estén a la altura de la sociedad, que va muy por delante. Olvidarse de egoísmos y tabús. Los ciudadanos queremos tener derecho a poder disponer del final de la vida cuando ya no es vida", pide y recuerda que ese derecho "no implica la obligación de aplicar la eutanasia a nadie". Gómez quiere evitar que, como hasta ahora, el camino parlamentario se recorra dando "dos pasos para adelante y uno para atrás". Toda la esfera política, estima, debe ir en conjunto. "Nos parece tan obvio", admite. "Siempre pensamos que dentro de unos años" las trabas quedarían en anécdota y la lucha habría dado sus frutos.

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El caso de Ángel Hernández ha desencadenado una oleada de reacciones políticas pero también un tsunami de solidaridad ciudadana. El viernes se celebraron en Madrid y Barcelona dos concentraciones para expresar el apoyo masivo de la sociedad. Fuentes de la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) insisten, en declaraciones a este diario, en pedir "honestidad a los partidos". Pero no sólo. "Que se informen, que entiendan cómo funciona la muerte asistida en otras países y que con los datos en la mano hagan juicios de valor".

Entre sus demandas, una está especialmente dirigida a Pedro Sánchez. Si los socialistas entran de nuevo en Moncloa, la ley que impulsen debe ser una norma "acorde a 2020, que sería cuando se aprobaría, en el mejor de los casos". Actualmente existe una "experiencia de más de 80.000 casos y ni uno sólo es de homicidio", de manera que "no tiene sentido un control previo", pues supondría "burocratizar en exceso el proceso y una posible herramienta de boicot por parte de algunas comunidades".

La duda, reconocen las mismas fuentes, "siempre ha sido Ciudadanos". Respecto al PP, creen que es necesario un "avance" para que "se quite esa mochila confesional" y construya una "derecha acorde con una sociedad plural", aunque no confían en que suceda pronto. En todo caso, la organización recuerda –y con ello lanza un mensaje a todos los partidos– que la simple puesta en valor de "la libertad de las personas" va necesariamente ligada al apoyo de la eutanasia.

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