Pacto de Estado contra la Violencia de Género: claves e interrogantes tras su aprobación

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el respaldo de todos los grupos salvo Unidos Podemos, que ha criticado que el documento no cumpla con las "garantías" necesarias para un acuerdo tan relevante. El acuerdo ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones. ¿Cuáles son las claves del Pacto y qué pasos seguirá a partir de ahora hasta su puesta en marcha?

Presupuesto incierto

Entre las medidas que contempla el Pacto se incluye una partida presupuestaria de mil millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 200 millones anuales a partir del próximo año. No obstante, las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y atrasando la aprobación de los de 2018, pone en duda la promesa de acompañar el acuerdo de una partida presupuestaria.

La diputada de En Marea Ángela Rodríguez puso el acento sobre esta cuestión durante su intervención en el pleno parlamentario de este jueves. Rodríguez arremetió contra el Gobierno de Mariano Rajoy y cuestionó si va a realizar "una reformulación de crédito para tener financiación específica" destinada a la puesta en marcha del pacto. "¿Vamos o no vamos a tener dinero para la violencia machista?", preguntó la diputada gallega, quien además aprovechó la ocasión para subrayar que los mil millones a repartir en cinco años menguarán hasta quedarse, una vez se resten los 20 millones destinados a entidades locales, en "la ridícula cantidad de 2.000 euros por municipio".

El problema presupuestario es, de hecho, una de las cuestiones que más inquietan a la oposición. La socialista Ángeles Álvarez anunció en la Cámara Baja la intención de su partido de exigir un crédito extraordinario de al menos 200 millones de euros destinado a la violencia machista en el caso de que los Presupuestos Generales se prorroguen. 

También la diputada Patricia Reyes, en representación de Ciudadanos, reclamó la habilitación del presupuesto necesario o bien que se proceda a una negociación de las partidas.

Plazos no obligatorios

El informe, una vez aprobado, será remitido al Gobierno para que en el plazo máximo de dos meses sea sometido a acuerdo con los representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y civiles.

Además, las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes, tendrán que ser remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación.

También respecto a los plazos, el Pacto contempla la creación de una Comisión de Seguimiento que deberá reunirse, como mínimo, una vez al año con el objetivo de evaluar y analizar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación serán revisados, en todo caso, cada lustro.

Si bien sobre el papel el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con dos meses para comenzar a impulsar las medidas acordadas, la ausencia de obligatoriedad a la hora de cumplir plazos deja su efectiva puesta en marcha en manos de la voluntad del Ejecutivo. La garantía de cumplir con los límites temporales recomendados, por tanto, únicamente reside en el compromiso del Gobierno, lo que también desata dudas en la oposición. Ángela Rodríguez, por ejemplo, lamentó este jueves en el Congreso que no se sepa "cuándo se va a poner en marcha".

Una nueva medida conjunta

"El mejor ejemplo que damos hoy no está en la ruptura de la unidad, estará en el voto que presentamos de forma conjunta". Con estas palabras se pronunció Ángeles Álvarez sobre una medida acordada por todos los grupos parlamentarios y que supone un añadido a las 212 acciones inicialmente pactadas. La iniciativa, que parte del Grupo Socialista y que ha sido aprobada con una sola abstención y ningún voto en contra, reconoce automáticamente a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de violencia de género.

Quien ha puesto rostro a esta medida es Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados en 2011 por el padre de los mismos, José Bretón. La mujer se encontraba presente este jueves en la tribuna de invitados, y los diferentes representantes de los grupos parlamentarios han realizado diversas alusiones dirigidas a ella. Un día antes del debate en pleno, Ortiz aseguró en una entrevista con la Cadena Ser haber recibido "con alivio" la propuesta ahora aprobada. "Ya era hora", sentenciaba entonces la mujer.

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Votos particulares

Aunque la mayor parte de los votos particulares presentados por la oposición han sido rechazados, el pleno ha respaldado la puesta en marcha de seis, registrados todos ellos por Unidos Podemos. Estos votos particulares que han salido adelante abarcan cuestiones como el acoso sexual en el trabajo o los matrimonios forzosos. De este modo, el documento final contra la violencia de género incluirá nuevas medidas como una ley específica sobre acoso sexual en el ámbito laboral o una mayor formación es cuestiones de género en el marco de las empresas. También permitirá que la Inspección de Trabajo pueda imponer sanciones a aquellas empresas que no cumplan con la obligación de elaborar un plan de igualdad. Asimismo, y en base a los votos aprobados, se crearán centros especializados para las víctimas de matrimonios forzosos.

También han sido escuchadas las propuestas de Unidos Podemos relativas a la dotación de unidades de igualdad, la asistencia social integral y la inclusión en el pacto del acoso sexual como forma específica de violencia contra las mujeres.