Cataluña ante el 1-O

Los pasos del Gobierno para evitar las urnas y la indefinición de los 'comuns' marcan la recta final del 1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en primer plano, este martes.

Este miércoles comienza la cuenta atrás definitiva para el anunciado referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Salvo sorpresa mayúscula, los independentistas aprobarán este mismo día en el Parlament la ley para dar –según su interpretación– soporte legal a la consulta y el Gobierno de la Generalitat la convocará oficialmente, a lo que el Gobierno tiene previsto responder recurriendo a la justicia para que la suspenda cautelarmente. Pero las herramientas que utilizará el Estado para evitar que las urnas salgan a la calle aún se desconocen, y lo mismo ocurre con el grado de implicación con el referéndum de los comuns y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una pieza que los independentistas consideran fundamental para el éxito del 1-O.

Después de meses de tira y afloja entre el Gobierno y la Generalitat y de unas últimas semanas en las que ambas instituciones han mostrado algunas cartas y han escondido muchas otras, este miércoles caerá la primera ficha de un dominó que acabará, en teoría, en la celebración del referéndum del 1 de octubre. Si no hay sorpresas de última hora, la mayoría que tienen Junts pel Sí y la CUP en el Parlament aprobará este miércoles la Ley de Referéndum con el rechazo de PP, PSC y Ciudadanos –que ya han anunciado que se marcharán del hemiciclo si finalmente se vota la norma– y la incógnita de Catalunya Sí que es Pot, que aún no ha conseguido consensuar en su seno una posición sobre la ley.

Los diputados del grupo que engloba a ICV, EUiA y Podemos se reunieron este martes durante más de dos horas para tratar de acordar una posición conjunta sobre la norma, pero las tres fuerzas no lograron alcanzar un pacto. Mientras los seis diputados pertenecientes o cercanos a ICV se muestran reacios a apoyar una norma que va a ser aprobada por un procedimiento exprés que el portavoz del grupo, el ecosocialista Joan Coscubiela, tacha de "bucanero", Joan Josep Nuet, el líder y único diputado de EUiA, apuesta por la abstención. Los cuatro diputados de Podemos, por su parte, anunciaron en la tarde del martes que se abstendrán en la votación de la Ley de Referéndum.

Vista esta situación, fuentes de los comuns no descartan que se termine dando libertad de voto al grupo de Catalunya Sí que es Pot dada la dificultad de alcanzar una postura común. El propio Coscubiela se abrió a esa posibilidad tras la reunión y aseguró que "la pluralidad" del grupo "se puede expresar" a la hora de votar. El portavoz, además, también alertó de que, tras el pleno del miércoles y el jueves, el Parlament puede acabar "roto, como un espacio donde no se dialoga y sólo se producen descalificaciones mutuas y compartidas".

Esa indefinición también se traslada a Catalunya en Comú, el partido liderado por Xavier Domènech en el que están presentes ICV, EUiA, Barcelona en Comú y algunos dirigentes de Podemos, aunque no la dirección catalana del partido morado liderada por su secretario general, Albano Dante Fachin. Por ahora, lo único que ha decidido la formación es apoyar la votación del 1-O entendiéndola como "una movilización", pero no como un referéndum vinculante, que es lo que trata de vender la Generalitat y lo que se esfuerza en rebatir el Gobierno. El próximo sábado, la dirección de Catalunya en Comú tiene prevista una reunión para decidir si llama a participar en la consulta, y su resolución tendrá que ser ratificada por sus bases en una votación que se celebrará entre los días 12 y 14 de septiembre.

El principal referente institucional de Catalunya en Comú, Ada Colau, tampoco ha definido todavía su grado de apoyo al referéndum. La alcaldesa de Barcelona mantiene desde hace semanas el mismo discurso: no tiene intención de dificultar la celebración de la votación en la medida de sus posibilidades, pero tampoco está por la labor de poner en riesgo a los funcionarios municipales. Fuentes de los comuns explican que Colau esperará a que el Gobierno catalán convoque oficialmente el referéndum para examinar el decreto y pedir un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento para saber hasta dónde puede llegar sin temer repercusiones legales. "Y si el secretario del ayuntamiento dice que no se pueden abrir locales, por ejemplo, pues no se hará", plantean estas fuentes.

Lo cierto es que la decisión que tome Colau con respecto a su apoyo a la celebración del referéndum es clave para su éxito o fracaso, y así lo reconocen los propios independentistas. Barcelona cuenta con el 21% de la población llamada a las urnas el 1 de octubre, por lo que un eventual rechazo de Colau a abrir los colegios electorales o a gestionar la seguridad a través de la Guardia Urbana –la policía local barcelonesa– dificultaría la celebración de la consulta y afectaría negativamente a la participación, si bien no la paralizaría en Barcelona, ya que la Generalitat es propietaria de locales públicos –institutos, centros culturales o escuelas– que podrían ser utilizados como centros de votación. 

La respuesta del Gobierno, "jerarquizada"

Otra de las incógnitas que se resolverán en las próximas horas será la reacción del Gobierno para tratar de paralizar el referéndum. Parece claro que, en primer lugar, el Ejecutivo central recurrirá al Tribunal Constitucional para que éste suspenda tanto la Ley de Referéndum como el decreto de convocatoria que firmará el Ejecutivo catalán en pleno. Fuentes del Gobierno central y la Fiscalía, además, sostienen que su intención es actuar contra los responsables "jerárquicos" de las iniciativas, lo que implica que las eventuales acciones legales se pondrían en marcha contra el presidente Carles Puigdemont aunque todo su gabinete fuera formalmente convocante de la consulta.

El papel del Constitucional a la hora de actuar contra los promotores del referéndum podría ser bastante amplio, e incluso cabe la posibilidad de que sea el Tribunal el que acabe llevando el peso de la reacción estatal para frenar la consulta. Este escenario ha generado ya incomodidad entre varios de los magistrados que componen el órgano, tanto de tendencia conservadora como progresista, y así se lo han trasladado estos jueces al Gobierno, según ha informado infoLibre. Y es que cabe la posibilidad de que el Ejecutivo plantee al Tribunal incidentes de ejecución de sentencia, un mecanismo que traslada al Constitucional la responsabilidad de hacer cumplir la ley a través de multas, sanciones o incluso inhabilitaciones.

"El TC puede acordar la suspensión en sus funciones de los miembros del Gobierno catalán y tal vez pueda hacerlo antes del 1-O, pero no creo que pueda hacer más si ellos no se dan por aludidos", explica a este respecto Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Si Puigdemont y los suyos se negasen a acatar esta suspensión, como ya han dicho que harán, eso podría constituir "un acto de desobediencia" que sería punible, pero que a efectos prácticos no serviría para parar el referéndum porque "sería juzgado mucho después".

Pero esa no es la única herramienta legal con la que cuenta el Ejecutivo para intentar paralizar la consulta, aunque lo más probable es que el recurso al Constitucional sea la primera decisión que tome para que éste anule cautelarmente la convocatoria. El Gobierno sigue teniendo en su mano la posibilidad más extrema: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permitiría desde la suspensión temporal de la Generalitat de Cataluña hasta la disolución del Parlament. El dirigente que se ha mostrado más abiertamente favorable a esta iniciativa es el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, si bien el Gobierno de Rajoy ha llegado a descartar la aplicación de este artículo, que requeriría una comunicación previa a Puigdemont y un trámite en el Senado.

Otra de las opciones sobre la mesa es aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que, según explicaba hace unos días a infoLibre el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós, puede ser activada por Rajoy cuando lo considere necesario y faculta al Gobierno central a "intervenir algún departamento de la Generalitat, aunque no a disolver el Parlament ni a paralizar el Gobierno" autonómico. Pero esta opción genera discrepancias. Y es que Presno afirma que la norma "está pensada para otro tipo de situaciones", y recuerda que en su articulado la ley señala que "se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos" y "a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales", una definición que, a su juicio, no se adecúa a la situación en Cataluña.

En cualquier caso, aunque las urnas se coloquen en los centros de votación el 1 de octubre, no está garantizado que la votación termine celebrándose. "Un particular cualquiera podría acudir a un juzgado a denunciar que se está cometiendo una ilegalidad y el fiscal no podría negarse a investigarlo" porque sería flagrante la comisión de este delito, según Arbós, que aseguraba que la intervención de la justicia podría venir por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga la querella de la fiscalía contra la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el referéndum.

Esta querella señalaba que la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Cataluña, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional, y esos argumentos fueron considerados válidos por el TSJC para abrir diligencias, por lo que, argumenta Arbós, el tribunal podría "dar la orden de secuestrar" estas urnas.

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