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El futuro de Cataluña

El PDeCAT se alinea con las tesis de Esquerra para presionar a Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en una imagen de archivo.

Los caminos del expresident Carles Puigdemont y del partido en el que milita, el PDeCAT, se alejan. Este jueves, la coordinadora general de la formación, Marta Pascal, pidió en una entrevista en La Vanguardia investir "un Govern estable dentro de la legalidad vigente", lo que supone un portazo a las aspiraciones del expresident, cuya intención es cambiar la ley para tratar de ser reelegido desde Bruselas, pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Pascal se alinea así con las tesis de ERC, que apuesta por investir a otro candidato en el Parlament y dar a Puigdemont un cargo simbólico como presidente del Consejo de la República en Bruselas, pero el expresident aún cuenta con el apoyo de más de una veintena de los 34 diputados que tiene Junts per Catalunya en la Cámara catalana (el resto se alinean con las tesis oficialistas del PDeCAT expuestas por Pascal).

Las dos grandes formaciones independentistas no dejan de hacer llamamientos a la unidad de acción, pero lo cierto es que, desde hace semanas, los desencuentros entre Junts per Catalunya y ERC son notables y, además, en los últimos días se han hecho públicos. La última polémica estalló el pasado martes, cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a través de una demanda para pedir medidas cautelares para garantizar la investidura de Puigdemont. Junts per Catalunya fue muy crítica con ese paso, que tachó "unilateral" y "arbitrario" y que, aseguró, podría poner en peligro la defensa judicial de Puigdemont.

Eduard Pujol y Gemma Geis, diputados de la formación, aseguraron el mismo martes que las garantías para la investidura del expresident "no hay que ir a buscarlas demasiado lejos, ni en Estrasburgo ni en ningún otro lugar", ya que están "al alcance" en el reglamento del Parlament. "Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y ponernos en marcha", sostuvo Pujol. Pero ERC no está por la labor de desobedecer al Tribunal Constitucional para investir a Puigdemont, y de hecho Torrent aparcó ese mismo día una iniciativa de Junts per Catalunya para que el Parlament modifique por la vía exprés la Ley de Presidencia catalana para que ésta permita la investidura sin que el candidato esté presente en la cámara.

Pese a que Esquerra sigue defendiendo que su único candidato hoy por hoy es Puigdemont, los republicanos han trazado dos líneas rojas que consideran infranqueables. En primer lugar, se niegan a que ningún otro dirigente independentista corra el riesgo de ir a prisión por desobedecer las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional, que ha prohibido expresamente realizar una investidura a distancia, como pretende el expresident. Y, en segundo término, ERC quiere acabar cuanto antes con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y eso sólo ocurrirá –tal y como ha afirmado en varias ocasiones el Gobierno– cuando el Parlament escoja un nuevo Ejecutivo catalán plenamente operativo.

Por ello, ERC asume que es imposible que Puigdemont sea investido de nuevo presidente de la Generalitat, y apuesta por que el Parlament elija a otro dirigente para liderar el Gobierno mientras el expresident sería relegado a presidir el Consejo de la República en Bruselas, un órgano que tendría una fuerte carga simbólica pero cuyo reconocimiento, a efectos legales, sería nulo con la ley actual. Por el contrario, Puigdemont y Junts per Catalunya insisten en modificar la Ley de la Presidencia para introducir expresamente la posibilidad de que la investidura sea a distancia y, además, con el fin de fundar ese Consejo de la República que lideraría Puigdemont como forma de cubrirse las espaldas si su investidura como president de la Generalitat no fuera posible por los cauces legales.

Cualquier modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat con el fin de crear un órgano que asuma el poder efectivo al margen del Govern sería recurrido ante el Tribunal Constitucional con total seguridad por el Gobierno central, que tampoco aceptaría que el president fuera elegido desde Bruselas, una opción que ya vetó el Constitucional hace unos días. Pero Junts per Catalunya está dispuesta al choque, y así lo aseguró el miércoles Josep Costa, vicepresidente del Parlament y diputado de la coalición, que aseguró que la formación no descarta ninguna fórmula para hacer posible la investidura y se mostró dispuesto a que la cámara catalana se dote de sus "propias normas" si el Estado impide la elección de Puigdemont. Es decir, de desobedecer de nuevo al Estado.

El PDeCAT se enfrenta a Puigdemont

No obstante, la posición de Puigdemont es una y la del PDeCAT otra. Pese a que más de una veintena de los 34 diputados de Junts per Catalunya en el Parlament son fieles únicamente al expresident y éste ha intentado distanciarse cuanto ha podido de la desgastada marca de la antigua Convergència, el PDeCAT sigue teniendo peso e influencia en la toma de decisiones en el bloque independentista. Y Marta Pascal, lejos de apoyar la idea de mantener el pulso, como defiende Puigdemont, se ha alineado con ERC y ha pedido expresamente ajustarse a la "legalidad vigente" a la hora de elegir al nuevo president de la Generalitat.

"El reconocimiento [de Puigdemont] fue clarísimo en las urnas, pero no podemos crear expectativas en la gente que no podemos cumplir", señaló Pascal en una entrevista este jueves. La coordinadora general del PDeCAT no pide expresamente en ningún momento que Puigdemont renuncie a sus planes, pero deja claro que "la prioridad absoluta es tener Govern", esté o no presidido por él. Las líneas rojas son idénticas a las de ERC: acabar ya con la intervención de las instituciones catalanas –"el país no se puede permitir 155 días de 155"– y, además, evitar que ningún otro dirigente independentista se exponga a acabar encausado o en prisión –"la solución tiene que pasar necesariamente por lo que dice el reglamento en cada momento, no nos podemos permitir poner en peligro a personas por las decisiones que se tomen"–.

En esa entrevista, Pascal deja claro que ejercer la presidencia de Cataluña desde Bruselas, como pretende Puigdemont, no es una opción viable. "El liderazgo no se tiene que ejercer a la fuerza in situ, pero queda claro que nosotros necesitamos un gobierno que desde el Palau de la Generalitat ejerza el trabajo diario de recuperación de las instituciones", señala la dirigente del PDeCAT. Y "tener un Govern que saque políticas adelante no tiene que excluir que Puigdemont pueda hacer una tarea clara al servicio del país y que siga siendo el referente y el líder clave" aunque el expresident no forme parte del Ejecutivo, plantea Pascal, que rechaza volver a declarar unilateralmente la independencia y apuesta explícitamente por la "vía escocesa", es decir, por un referéndum pactado con el Estado.

No obstante, tanto la coordinadora general del PDeCAT como otras fuentes del partido consultadas por infoLibre admiten que la decisión final sobre la estrategia a seguir la tomará Puigdemont. Al ser preguntada por si es el momento de buscar un candidato altenrativo, Pascal responde que "ese escenario sólo lo puede plantear Carles Puigdemont" y asegura que "no hay planes B ni C hasta que el president no diga lo contrario". Y otras fuentes del PDeCAT son más explícitas: ahora mismo, ningún dirigente independentista está en posición de cuestionar el liderazgo del expresident dado el gran tirón que tiene entre las bases secesionistas. "La decisión está en sus manos, y ni nosotros ni ERC nos vamos a mover hasta que él lo haga", señala un dirigente de la formación nacionalista.

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Puigdemont juega sus cartas

La principal baza con la que cuenta Puigdemont para defender sus tesis es su dominio de la mayor parte del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. El expresident es consciente de que sin sus fieles –más de dos tercios del grupo– y sin contar tampoco con los cuatro diputados de la CUP, que solo aceptan la vía unilateral y la restitución del Gobierno cesado al aplicarse el 155, el independentismo no tendría mayoría suficiente para investir a otro parlamentario como president. Por ello, Puigdemont tiene incentivos para mantenerse como candidato y, si no consigue ser investido, forzar una repetición electoral en la que, si el PDeCAT decidiera darle la espalda, el expresident calcula que arrastraría consigo la mayoría de los votos de Junts per Catalunya.

No obstante, la justicia podría dar al traste con esta estrategia, ya que Puigdemont podría verse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos a finales de marzo si así lo decide el Tribunal Supremo. Esta inhabilitación sería posible cuando termine la instrucción de su caso –algo que está previsto para el mes de marzo– y el expresident sea procesado por el delito de rebelión, una imputación a la que probablemente se sumarán las de sedición y malversación de caudales públicos. Cuando esto ocurra, si el Alto Tribunal decreta prisión provisional para Puigdemont, este quedaría inhabilitado para ocupar un cargo o presentarse a unas nuevas elecciones. Y si no puede concurrir a unos eventuales nuevos comicios, la principal herramienta de presión de Puigdemont –la amenaza de armar una candidatura por su cuenta y sin las siglas del PDeCAT y quedarse con la mayoría de su electorado– se viene abajo.

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