'Pegasus' envenena las medidas contra la crisis por Ucrania y hace saltar todas las alarmas en Moncloa

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso

Otra votación clave al límite. El Gobierno se tienta la ropa y vive las horas previas a la convalidación del decreto de medidas económicas por la guerra de Ucrania en la más absoluta incertidumbre. A última hora de este miércoles, el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguía sin tener atados los apoyos necesarios para dar luz verde a la norma.

El escándalo del presunto espionaje a líderes independentistas ha vuelto a hacer saltar por los aires la unidad de acción de la mayoría parlamentaria que ha sustentado al Gobierno desde el principio de la legislatura. Los socios más duros fueron los de ERC, que este miércoles y en boca del propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, llegaron a poner encima de la mesa una exigencia inasumible para Sánchez: el cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles como responsable política del presunto espionaje del CNI.

Los republicanos habían llegado a dar públicamente su conformidad al contenido del paquete de medidas económicas que se vota en el Congreso, pero en los últimos días la relación política entre el Gobierno central y la Generalitat se ha ido envenenando progresivamente a cuenta del conocido como 'caso Pegasus'.

Durante gran parte de este miércoles el Ejecutivo mantuvo la esperanza en que los republicanos al menos se abstuvieran en la votación, aunque ese optimismo desapareció después del encontronazo que mantuvieron durante la sesión de control el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián y Pedro Sánchez. Rufián le aconsejó al presidente que fuese "buscando el teléfono de Alberto Casero", en referencia al diputado del PP que se equivocó al votar la reforma laboral y posibilitó la aprobación de la norma, dando a entender el 'no' de su grupo.

Sánchez cancela su viaje

Minutos después, el propio Rufián y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, improvisaron una reunión en los pasillos del Congreso de la que los socialistas sacaron la conclusión que esta vez no podrían contar con el voto de los independentistas catalanes. Un panorama al que se suma la negativa explícita de Ciudadanos a apoyar el decreto y la incertidumbre sobre la postura final de otro socio como Bildu, menos hostil que ERC pero también afectado por el presunto espionaje y que no fue capaz de ofrecer garantías sobre su sentido final del voto.

Así las cosas, el presidente del Gobierno decidió en la víspera de una votación decisiva posponer el viaje previsto a Moldavia y Polonia. A última hora del miércoles, y sin tener garantizados los votos necesarios para sacar adelante una medida estructural como es el plan de choque económico contra los efectos de la guerra de Ucrania, el Ejecutivo en cierta forma le hizo caso a Gabriel Rufián y miró de frente al PP.

Los de Feijóo llevan semanas exigiendo que el Gobierno incluya alguna de sus propuestas de bajada de impuestos a cambio de apoyar el decreto, un extremo que tanto el presidente, la ministra de Hacienda o la ministra de Economía han rechazo en reiteradas ocasiones. Con la posibilidad real de que el decreto pueda decaer, Moncloa da un paso y se abre a su tramitación como proyecto de ley "para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios", en un claro guiño a los conservadores. Ese gesto podría terminar de convencer a los de Feijóo, ya reacios a tumbar las medidas por la presión de sectores como los transportistas, por optar al menos por una abstención en la votación del decreto que en la práctica lo salvaría del voto en contra de socios como ERC. Algo que, en cualquier caso, tampoco tenía atado el Gobierno a última hora del miércoles.

El decreto que se vota supone unas inversiones cifradas en 6.000 millones de euros e incluye, entre otras cosas, bonificaciones al consumo de gasolina, ayudas directas a sectores como el de los transportistas o la agricultura, la prórroga de las bajadas de impuestos al recibo de la luz o nuevos avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros.

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