Tribunales

La política estará otro curso más pendiente del fallo de los tribunales

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, durante el juicio al 'procés'.

Además de por las tensas negociaciones mantenidas entre PSOE y Podemos hasta el último minuto, la sesión de investidura fallida del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se caracterizó por las diferentes advertencias en relación con el intenso curso judicial que arrancará tras el parón estival. Uno de los encargados de poner esta cuestión sobre la mesa fue el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien tras certificarse el hundimiento de un posible acuerdo entre PSOE y Podemos avisó a ambos partidos desde la tribuna de oradores de lo difícil que podría ser un nuevo intento de investidura después del verano: “Septiembre nos complica la vida política a todos y el otoño no será un buen momento para hacer política”. Pero no fue el único. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se encargó de recordar a Sánchez que el nuevo curso que se avecina en los tribunales será especialmente intenso. “¿Dimitirá usted si condenan a su partido y a sus compañeros del PSOE?”, preguntó al candidato socialista desde la tribuna.

El próximo 9 de septiembre, a mediodía, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo la apertura del año judicial 2019-2020. Un curso que se espera bastante cargado y al que se mirará con atención desde la arena política. Para los próximos meses están previstos algunos fallos de gran relevancia, empezando por el del procés y continuando por el del caso de la salida a Bolsa de Bankia, el de la pieza política de la macrocausa de los ERE o el de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Además, se esperan avances en otros tantos frentes judiciales abiertos que tocan de lleno al PP. Uno de ellos es el caso Gürtel, una macrocausa en la que todavía hay varias piezas separadas pendientes de juicio o sentencia. Pero también está sobre la mesa de los tribunales la Operación Lezo o el caso Púnica, por el que la Fiscalía Anticorrucpión ha pedido que se cite a declarar como investigadas a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Causas que se suman a las que también afectan al exministro de Economía conservador Rodrigo Rato.

  El independentismo espera al Supremo

Buena parte del foco judicial de este año se ha situado sobre el Tribunal Supremo, encargado de enjuiciar a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos por el referéndum del 1-O. El pasado mes de julio, tras 52 sesiones y después de que desfilasen por el Salón de Plenos del Alto Tribunal más de cuatro centenares de testigos –entre políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil–, el magistrado Manuel Marchena dejó el juicio visto para sentencia. Está previsto que el fallo se conozca antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, con el objetivo de no prorrogar la prisión preventiva de los acusados y evitar que la decisión de Luxemburgo interfiera en la sentencia. El TJUE ya ha fijado para el próximo 14 de octubre la vista para analizar el caso del exvicepresident de la Generalitat, por lo que se prevé que se haga público antes de esa fecha.

También está pendiente del calendario judicial el actual jefe del Ejecutivo catalán. A comienzos de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó la apertura de juicio oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de los comicios generales del 28A. El líder del Gobierno catalán acudió a declarar a mediados de mayo como investigado por un presunto delito de desobediencia. “Sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos”, apuntó en sede judicial. Se espera que Torra se siente en el banquillo de los acusados a comienzos de otoño, después de que el TSJC haya desestimado el recurso que presentó. La Fiscalía pide para el president un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000. Una pena que la extrema derecha de Vox, que ejerce como acusación popular, eleva a dos años y una sanción económica de 73.000 euros.

  El PP, atento a sus ‘manchas’ de corrupción

El PP también mirará con preocupación a los tribunales durante el próximo curso judicial. En estos momentos, la formación conservadora se encuentra a la espera de conocer la sentencia por la destrucción de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas, un procedimiento en el que el propio PP se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados como persona jurídica junto a tres de sus empleados –la gerente, el responsable de los servicios jurídicos del partido y el director del Departamento de Sistemas de la Información del PP–. El juicio se celebró el pasado mes de junio en el Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid y en él prestó declaración como testigo Bárcenas, quien aseguró al juez que los dos ordenadores cuyos discos duros fueron formateados más de una treintena de veces en Génova contenían información que permitiría acreditar “al cien por ciento” la contabilidad B de la formación conservadoracontabilidad B, algo que rechazaron tajantemente los acusados. Por el momento, las defensas y las tres acusaciones se mantienen a la espera del fallo.

Por otro lado, la formación conservadora tendrá que seguir haciendo frente al viacrucis que lleva soportando durante más de una década por el caso Gürtel, la macrocausa de corrupción que costó la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy. Tras la sentencia de la conocida como Época I, en la que se consideró probada la existencia en el PP de “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente, al menos, desde 1989”, todavía quedan varias piezas separadas pendientes de juicio o inmersas en plena vista oral. Una de ellas es la relativa a tres adjudicaciones irregulares que el Ayuntamiento de Jerez habría otorgado a empresas de la red corrupta para eventos de la feria de Fitur de 2004, que está siendo juzgada desde junio. Esta pieza se suma a otras que todavía están pendientes de juicio, como la de los papeles de Bárcenas o la de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, cuya vista oral se celebrará el próximo mes de marzo. Mientras tanto, el PP está maniobrando en el Supremo para intentar anular la sentencia de Gürtel Época IGürtel Época I que condenó al partido como partícipe a título lucrativo.

Otro de los quebraderos de cabeza que también tiene la formación conservadora es Lezo, la macrocausa en la que se investiga el desfalco del Canal de Isabel II y por la que ha estado en prisión preventiva el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Hasta la fecha, todavía ninguno de los investigados en las diferentes piezas en las que se divide este caso se ha sentado en el banquillo de los acusados. Sin embargo, ya hay más de una veintena preparados para hacerlo. El pasado mes de mayo, el juez instructor, Manuel García-Castellón, dictó auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y procesó a 22 personas por la compra presuntamente irregular de Inassa por parte del Canal de Isabel II, dejando fuera tanto al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón como a Ignacio González. Esta pieza será la primera de Lezo en ser juzgadaLezo. Anticorrupción pide para los acusados entre 6 y 7 años por malversación de caudales públicos.

En el próximo curso judicial también serán importantes los pasos que se den en relación con el caso Púnica, una trama corrupta presuntamente liderada por el ex secretario general del PP Francisco Granados. El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción propuso al magistrado García-Castellón reducir la macrocausa a 11 piezas diferentes, entre las que se encuentra la relativa a la época de Granados en el Ejecutivo madrileño –número 8– y la que versa sobre el supuesto desvío de fondos para el pago de gastos del PP madrileño –número 9–. En relación con esta última pieza, la de la financiación irregular, el Ministerio Público solicitó también al magistrado la imputación de las expresidentas madrileñas del PP Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, una petición que se extendió también a Ignacio González. La solicitud se apoyó en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra con epicentro en la fundación Fundescam. Ahora, la decisión está en manos de García-Castellón.

  El “artífice del milagro económico”El artífice del milagro económico

Otro frente judicial al que se prestará atención desde la formación conservadora será el que afecte a Rodrigo Rato, el exministro de Economía durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Tras su condena a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black, el que fuera considerado “gran artífice del milagro económico español” se encuentra desde el pasado mes de noviembre sentado en el banquillo de los acusados por el caso Bankia, un procedimiento casi concluido que se reanudará en septiembre y en el que se está analizando la fraudulenta salida a Bolsa de la entidad. Al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, que está siendo juzgado junto con una treintena de personas, se le acusa de un delito de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 de la entidad y de otro de fraude a inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo del salto al parqué español del banco. La Fiscalía, tras endurecer las penas pedidas en un principio, solicita ocho años y medio de prisión para el exministro de Economía.

Durante el próximo curso judicial, además, se espera que se avance en el conocido como caso Rato, en el que se investiga el origen de su fortuna. El pasado mes de febrero, el juez Antonio Serrano-Arnal acordó procesar a Rato y otra docena de personas en la conocida como Pieza Zenith-Publicis, en la que se investigaba un presunto trato de favor en la concesión de contratos publicitarios de Bankia a estas dos agencias, en los que habría mediado una comisión de 2 millones de euros. El paso dado por el juez la convertía en la primera pieza del caso Rato lista para ser juzgada. Sin embargo, a comienzos de julio, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el procesamiento del exministro de Economía por un presunto delito de corrupción entre particulares y ordenó al instructor de la causa que acumulase todas las piezas –una decena– en un único proceso por los delitos de corrupción en los negocios, delitos fiscales y blanqueo de capitales. Una unión que, valoró la Audiencia Provincial, no supone riesgo de dilaciones indebidas debido al avanzado estado de la instrucción de todas ellas.

  El PSOE mira a Andalucía

Pero no solo el PP tiene que hacer frente durante los próximos meses a su propio viacrucis particular. También lo tendrá que hacer el PSOE, tal y como se encargó de recordarle Albert Rivera a Pedro Sánchez en la sesión de investidura fallida. Además de la sentencia del procés, para el próximo otoño también se espera que la Audiencia de Sevilla falle sobre la conocida como pieza política del caso EREcaso ERE, en la que se ha analizado el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos.

A la espera de la sentencia se encuentra casi toda la excúpula del Ejecutivo andaluz: los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos. Sobre la mesa del tribunal, solicitudes de pena que llegan hasta los 8 años de cárcel y los 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

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