Bloqueo institucional

La posible carambola final del CGPJ caducado: amagar con suspender los últimos nombramientos y acabar haciéndolos

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en el centro, conversa con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el líder del PP, Pablo Casado, en la celebración del 40 aniversario de la Constitución.
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A un día del que será el último Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con sus funciones intactas, el panorama no puede estar más abierto. En medio de un clima político favorable a un acuerdo para la renovación de este organismo que lleva más de dos años con mandato caducado, los vaivenes sobre la posición que mantendrán los vocales en la decisiva reunión de este jueves han sido la tónica de la última semana. El desbloqueo que se puso de manifiesto tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero no es ajeno a los miembros del órgano de gobierno de los jueces y así se ha constatado estos días, pero lo que en un principio pareció un gesto dirigido a facilitar el pacto congelando ocho nombramientos discrecionales de magistrado en distintos órganos judiciales se ha transformado ahora en la posibilidad de que esta institución siga adelante con agenda al margen del ruido político.

Todo está en el aire. ¿Se votarán todos los nombramientos previstos? De estos, ¿cuáles saldrán adelante? ¿Y con cuánto apoyo? En caso de que el Gobierno y el Partido Popular anuncien oficialmente un acuerdo para renovar órganos constitucionales que están pendientes, ¿se paralizarán las designaciones? Vocales consultados por infoLibre reconocen que "no es imposible" que el CGPJ continúe el jueves con el orden del día que está previsto, a pesar de que los dos actores políticos reconocen avances en las negociaciones, a no ser que se comunique el pacto que llevará a la renovación del órgano. Si esto ocurre, admiten que lo más probable sería que los nombramientos decayeran.

A finales de la semana pasada, fuentes del CGPJ remarcaron que, a diferencia de lo ocurrido en meses anteriores, el desbloqueo en las conversaciones entre los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Casado hacía pensar en avances para llevar a cabo la renovación de los veinte vocales, por lo que no descartaban que los nombramientos discrecionales, una potestad del órgano muy cuestionada desde el Ejecutivo por haberse hecho en funciones, fueran congelados. Pasado el fin de semana, y tras consultar con los vocales de más confianza, el presidente Carlos Lesmes tomó la iniciativa y renunció a incluir la asignación de las ocho plazas en el orden del día del Pleno.

El camino parecía despejado y este movimiento fue interpretado en un principio como una confirmación del avance de las negociaciones. Pero en cosa de minutos, ocho vocales de distinta procedencia –progresistas y conservadores– dieron la vuelta a la situación y presentaron un escrito en el que solicitaron el debate en el Pleno de los nombramientos, como estaba previsto. Algunos de los firmantes de ese documento defienden que su intención es mantener la "normalidad" en el funcionamiento del CGPJ, como la que han mantenido en los últimos meses, al margen de los "rumores" sobre la renovación. Aseguran que hay más vocales que respaldan que las asignaciones de plazas se debatan y se voten si se constata que pueden salir adelante.

Otros se quejan que esta situación parece un déjà vu porque ya sería la tercera vezdéjà vuen poco más de un año que el Pleno renuncia a efectuar nombramientos discrecionales ante la posibilidad de un pacto político, por lo que defienden continuar con su agenda a no ser que el Gobierno y el PP anuncien el acuerdo. Además, explican que el proceso para asignar las ocho plazas –la calificación de los aspirantes, la formulación de las ternas por parte de la Comisión Permanente, etc.– se completó para llegar a la sesión plenaria de este mes, de modo que no verían lógico paralizarlo ahora sin tener garantizado que la renovación del CGPJ se va a producir.

Lesmes, imagen conciliadora

Pero hay quien piensa que el movimiento de Lesmes, primero, y el de los ocho vocales, después, ha resultado una jugada de lo más provechosa para el presidente del órgano de gobierno de los jueces. Una vocal cree que, lo hiciera intencionadamente o no, lo que queda es que Lesmes hizo una propuesta conciliadora en medio de las negociaciones políticas, pero se ha visto obligado a incluir en el orden del día el escrito que solicita debatir los nombramientos al ser una petición de cinco o más vocales, como así establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ. "La jugada es perfecta, y en el Consejo no pasa nada por casualidad", precisa esta vocal. Fuentes del sector conservador al que pertenece el presidente admiten que éste se habrá sentido "aliviado" de que el debate de los nombramientos se vaya a producir a consecuencia de la iniciativa de un grupo de vocales y habiendo previamente rechazado él mismo incluirlo en el orden del día.

Los ocho nombramientos pendientes que pueden quedar en suspenso este jueves son dos de magistrado de Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares–, una en la Sala Cuarta (de lo Social) también del alto tribunal, otras dos en las presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Canarias y País Vasco –ambas llevan un año en interinidad–, dos en las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, y una en la Sala de lo Social del TSJ vasco. Los cinco primeros requieren una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno (13 vocales), mientras que los dos últimos saldrían adelante con mayoría absoluta (11).

Esta es otra posibilidad que plantean los miembros del Consejo consultados: que en la sesión plenaria se constate que los primeros cinco no concitan los apoyos necesarios para hacerse efectivos, y por lo tanto no se voten, mientras que los últimos sí salgan adelante. Todo ello en función de los vocales que estén o no de acuerdo con la votación a la vista del nuevo clima político que hace pensar en una renovación del órgano, pero también de la especificidad de las plazas en liza. Así, ponen como ejemplo las presidencias de los TSJ vasco y canario, que llevan un año en interinidad al no haberse producido un acuerdo que permita la elección de los magistrados que ocuparán esas plazas. Todas estas dudas se irán disipando a lo largo del miércoles y ya de forma definitiva este jueves.

Los últimos nombramientos

Este es el escenario tan abierto en el que el CGPJ se encamina al que será su último Pleno con sus funciones al completo. Los ocho nombramientos mencionados serían los últimos que podría hacer este Consejo en funciones si no hubiese acuerdo político y su interinidad se alargara en el tiempo, ya que previsiblemente el mes que viene estará aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos que limita los poderes del órgano cuando esté en situación de interinidad. Por eso, una de las vocales consultadas alerta: si no se asignan estas plazas ahora, no se sabe cuándo se podrá hacer sin un pacto político a la vista.

En todo caso, parece que las negociaciones marchan. O al menos es lo que trasladan desde ambas partes. Si en los últimos meses las conversaciones estuvieron lideradas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de este área en el PP, Enrique López, desde las elecciones catalanas se han puesto al frente el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del partido conservador, Teodoro García Egea, para tratar de dar el empujón final al acuerdo.

Fuentes conocedoras del proceso consultadas por infoLibre trabajan en el escenario de que el pacto esté listo esta misma semana y que incluya no sólo el CGPJ, sino otros órganos pendientes de renovar como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el presidente de la Corporación RTVE. Estas fuentes no ven a día de hoy escollos insalvables y no descartan que el acuerdo pueda producirse a lo largo de este miércoles o en la mañana del jueves, coincidiendo este día con el Pleno del Congreso para la elección de miembros del Consejo de Administración del ente público.

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