El Partido Popular aspira a gobernar en solitario y sueña con replicar las mayorías absolutas de Madrid, Andalucía y Galicia en otros territorios, pero el ascenso fulgurante de la extrema derecha según los sondeos complica —y mucho— los objetivos del partido de Alberto Núñez Feijóo, al menos a corto plazo. El PP lleva años debatiendo internamente cómo hacer frente a Vox, pero por el momento no ha dado con la tecla, ya que sus mayorías absolutas son fruto de estrategias distintas y se explican, sobre todo, por el contexto de cada comunidad. El objetivo último del PP es desprenderse del apoyo de los ultras allí donde los de Santiago Abascal son imprescindibles para la gobernabilidad y llevan meses tensando la cuerda con sus antiguos compañeros de gobierno, a los que dejaron el verano pasado con la excusa de rechazar la distribución de menores migrantes no acompañados.
Prueba de ello es que en 2024 ninguno los Ejecutivos autonómicos del PP que llegaron el año anterior al poder gracias a Vox consiguió aprobar sus cuentas públicas. Así, los boletines oficiales de Extremadura, Castilla y León, Aragón, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Balears publicaron, a finales de diciembre, la orden de prórroga de sus cuentas públicas. Diez meses después, los tres primeros siguen en la misma situación y se debaten entre iniciar la enésima negociación o provocar un adelanto electoral, sobre todo en el caso de Extremadura y Aragón. En este contexto la idea de hacer coincidir las elecciones de Castilla y León —que deben celebrarse en marzo, como tarde— con las de las otras dos autonomías lideradas por el PP en un 'superdomingo' electoral en 2026 empieza a tomar forma si ninguna de ellas logra sacar adelante las cuentas.
Un escenario al que ya apunta el diario El Mundo, aunque en el cuartel general de Génova 13 rebajan esa información a una "elucubración". "La noticia sería que el PP lo viera imposible", señalan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. Con todo, en el PP admiten que la situación es delicada para María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón) después de que Feijóo diga prácticamente cada día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna "de espaldas a la ciudadanía" porque es "incapaz" de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que demuestra su "debilidad" legislativa. Una crítica que, siguiendo la misma lógica, sería extensible a los dos barones del PP.
Con el permiso de Génova
El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando defenestraron a su antecesor, Pablo Casado, garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Sin embargo, fuentes del PP admiten que la decisión de adelantar elecciones deberá contar con el aval de Génova aunque el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya dado supuesta libertad a los barones para decidir porque son "competencias exclusivísimas de cualquier presidente".
"Desde Génova, lo único que podemos hacer es respetar esa autonomía que cada presidente pueda decidir", aseguró el jueves el número dos de Feijóo ante las preguntas de la prensa. "Respetamos cualquier decisión que se pueda adoptar: la decisión de quienes crean que para su comunidad lo mejor es agotar la legislatura, o la decisión de aquellos que puedan contemplar un adelanto electoral", completó. Sin embargo, en la dirección nacional del PP ya avanzan que no quieren repetir los errores de Pablo Casado al precipitar adelantos electorales que les generen más dependencia de Vox.
Es lo que le pasó precisamente a Alfonso Fernández Mañueco hace ya casi cuatro años. Con la ruptura de la coalición de Gobierno entre el PP y Ciudadanos tras las complicadas relaciones con Francisco Igea, Mañueco provocó un adelanto electoral en Castilla y Léon con el que PP buscaba dos cosas: una victoria incontestable que permitiera a su partido gobernar esta comunidad sin necesidad de socios, y un empujón definitivo a sus aspiraciones de alcanzar La Moncloa. Ninguna de ellas se acabó cumpliendo pese a que la victoria de Mañueco se daba por segura.
El barón del PP tuvo que aceptar a Juan García-Gallardo como su vicepresidente y cerró un acuerdo con Vox que incluía no solo la Mesa de la Cámara autonómica, también el Gobierno de la Junta, ante el riesgo de perder el control de las Cortes. Casado fue defenestrado por sus compañeros poco después y fue Feijóo el que acabó avalando el pacto de Mañueco con los ultraderechistas.
El PP corre ahora el riesgo, además, de que esas campañas autonómicas acaben adquiriendo un barniz nacional, con Feijóo disputando casi cada día el protagonismo a sus propios candidatos, como ya sucedió con su antecesor.
Extremadura: Guardiola quiere aprovechar la imputación a Gallardo
Uno de los temores del equipo de Génova es adelantar elecciones para acabar, de nuevo, dependiendo de Vox. Y con una correlación de fuerzas más desfavorable para el PP. Sin embargo, la extremeña María Guardiola ha dicho ya claramente que si no cuenta con presupuestos para continuar con las políticas de su actual Gobierno, serán los ciudadanos quienes decidan democráticamente qué modelo de región quieren. "O presupuestos para el futuro, o que el futuro lo elijan los ciudadanos", afirmó esta misma semana. Una declaración de intenciones que el PP asegura que está respaldada por las encuestas, si bien hay voces conservadoras que recuerdan que su victoria se produjo "por la mínima" en 2023.
Los de Abascal, lejos de amilanarse, han pedido a Guardiola que dé ese paso para demostrar la fuerza que tienen en la comunidad. Pero antes de llegar ahí ambos partidos deberán negociar y Vox ya ha puesto líneas rojas "muy claras": una rebaja fiscal "real", la eliminación del "gasto superfluo", un apoyo cerrado a los agricultores y la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que consideran “fundamental para el empleo". El portavoz de Vox también ha avisado de que no permitirá que la presidenta extremeña busque acuerdos con los socialistas para sacar las cuentas.
Una de las razones que llevaría a Guardiola a adelantar los comicios es la situación procesal de su principal contrincante, Miguel Ángel Gallardo, procesado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la causa que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Una circunstancia que el PP cree que beneficiaría al bloque de la derecha, aunque en ese sentido las voces consultadas creen que podría irse hacia Vox a modo de "voto protesta". El propio Gallardo ha acusado recientemente a la presidenta de la Junta de plantear este posible adelanto electoral como una forma de “chantaje” relacionada con su proceso judicial y de no querer esperar a la sentencia porque "la verdad le da pánico".
Aragón: Azcón, frente a quien ya le derrotó en Zaragoza
En Aragón, Jorge Azcón sueña con una mayoría absoluta que, por el momento, no le dan sus encuestas internas, si bien estas apuntan a que ganaría posiciones respecto a hace año y medio. Lo que no quiere es volver a tener a Vox en el Gobierno pero, a diferencia de su homóloga extremeña, no quiere "perderse" en intereses políticos. "Respeto siempre las decisiones que toman otro tipo de comunidades autónomas, pero en Aragón tomamos nuestras propias decisiones", afirmó sobre la posibilidad de convocar elecciones si no consigue aprobar las cuentas el próximo año.
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Por el momento no se ha producido ningún movimiento que dé a entender que habrá un pacto entre el Gobierno de Azcón y Vox en un horizonte cercano. Los ultraderechistas, encabezados por Alejandro Nolasco, destacaron sus principales diferencias con el PP en el debate sobre el estado de la comunidad, con líneas rojas como la migración y el cambio climático. En el PP de Aragón creen que Azcón podría ganar de manera holgada las elecciones gracias al tirón de las inversiones, que ya suman una previsión de 58.000 millones, y a su discurso contra las políticas del Gobierno.
Aun así, el PP aragonés todavía no ha calibrado el efecto que tendría el aterrizaje de la ministra Pilar Alegría como candidata, a la que Azcón ya se enfrentó en 2019 por la alcaldía de Zaragoza y que se saldó con una victoria de la socialista que no le valió para alcanzar el bastión de mando por un pacto entre los conservadores y Ciudadanos.
Alegría se mantuvo como jefa de la oposición en el consistorio hasta que Sánchez la nombró Delegada del Gobierno en Aragón en febrero de 2020, donde continuó hasta el verano de 2021, cuando asumió la cartera de Educación. Su nombre es, por tanto, tan conocido como el de Azcón en la comunidad, por lo que la contienda podría no ser fácil.
El Partido Popular aspira a gobernar en solitario y sueña con replicar las mayorías absolutas de Madrid, Andalucía y Galicia en otros territorios, pero el ascenso fulgurante de la extrema derecha según los sondeos complica —y mucho— los objetivos del partido de Alberto Núñez Feijóo, al menos a corto plazo. El PP lleva años debatiendo internamente cómo hacer frente a Vox, pero por el momento no ha dado con la tecla, ya que sus mayorías absolutas son fruto de estrategias distintas y se explican, sobre todo, por el contexto de cada comunidad. El objetivo último del PP es desprenderse del apoyo de los ultras allí donde los de Santiago Abascal son imprescindibles para la gobernabilidad y llevan meses tensando la cuerda con sus antiguos compañeros de gobierno, a los que dejaron el verano pasado con la excusa de rechazar la distribución de menores migrantes no acompañados.