Justicia universal

“Ni el PP esperaba estos efectos de la reforma de la justicia universal”

La Fundación Baltasar Garzón impulsa un congreso para elaborar los principios de la jurisdicción universal

Ibon Uría

“Si el líder de Boko Haram viene a Mallorca no se le puede detener”. Es la frase con la que el juez Baltasar Garzón ilustra los efectos de la reforma de la justicia universal impulsada en solitario por el PP y que en su aplicación ha demostrado suponer la práctica liquidación de la facultad de jueces españoles de investigar crímenes fuera de nuestras fronteras. Una reforma a la que Garzón acusa, además, de carecer del necesario debate previo. Una norma impuesta a golpe de presiones internacionales que ha convertido a España en un país "de saldo" en materia de persecución del crimen transfronterizo.

Precisamente para paliar esa falta de diálogo y con el objetivo de establecer los principios que marquen el camino presente y futuro de la jurisdicción universal, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) impulsa estos días en Madrid el primer Congreso de la Jurisdicción Universal en el siglo XXI. Un encuentro en el que, a lo largo de cuatro días, jueces, fiscales, juristas, profesores y víctimas intercambiarán ideas para, como explica a infoLibre el propio Garzón, "elaborar unos principios de la jurisdicción universal que den continuidad y amplíen los aprobados en 2001 en Princeton".

Preguntado por los efectos que ha tenido la reforma del PP, Garzón se muestra crítico: "Está claro que han quedado fuera hechos delictivos, y no sólo el narcotráfico en aguas internacionales", ha asegurado pocas horas después de que siete nuevas excarcelaciones hayan elevado a 43 el número de presuntos narcotraficantes liberados en aplicación de la nueva regulación. A juicio de Garzón, tanto este hecho como las "dudas razonables" de que en España se pudiera perseguir a personajes como el líder de Boko Haram ponen de manifiesto la "ligereza" con la que se ha modificado la legislación.

Difícil encaje legal

El juez cree que el factor determinante que "desató la urgencia del Gobierno" por limitar la justicia universal fue la orden de la Audiencia Nacional de detener al expresidente chino Jiang Zemin. "Fue la causa inmediata", subraya. "Pero cuando se actúa así –apostilla– surgen estos problemas: la falta de diálogo y debate es uno de ellos. Legislar a golpe de acontecimientos no es una buena técnica, y en este caso la reforma ha acarreado un resultado que ni el propio PP esperaba".

No es el único punto oscuro de la reforma. Garzón cuestiona el encaje legal de la nueva norma con la Constitución –especialmente con su artículo 96, que obliga a España a cumplir los tratados internacionales ratificados– y también con esos mismos textos internacionales. "La Convención de Viena, la Convención de Ginebra, la Convención contra la Tortura...", enumera, son textos que establecen la "obligatoriedad de perseguir el delito", algo que ahora se "está quebrantando".

En dirección contraria

Garzón también contrapone lo que sucede ahora en España con la actitud de otros países. "En Bélgica –comenta–, se ha optado por una moderación en la línea de los estándares que España estableció en 2009". Sobre esa primera limitación a la justicia universal durante el Gobierno de Zapatero, asegura que "no era necesariamente inconstitucional, tal y como dijo el Defensor del Pueblo", pues podía interpretarse en línea con la Carta Magna. 

De igual forma comenta el caso de Argentina, donde se opta por el "principio absoluto, pleno", algo que ha permitido que estos días la jueza Servini investigue en ciudades españolas los crímenes del franquismo, "para sonrojo de la jurisdicción española", añade Garzón. Y en Francia, agrega, "se está optando por un desarrollo que va hacia el nivel que había en España en 2009". En definitiva, zanja, "ni siquiera países como EEUU o Rusia renuncian por completo a la jurisdicción universal, no al menos en lo referente a proteger nacionales fuera de sus fronteras". Algo que, afirma, sí ha hecho España.

Expertos de todo el mundo

Sobre el congreso que comienza este mismo martes, Garzón señala que acudirán expertos de Naciones Unidas, del tribunales penales internacionales y de cortes de derechos humanos, así como juristas, jueces, fiscales, profesores y víctimas. Destaca entre los ponentes a la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, a la presidenta de la Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto o a Juan Diego Botto, que participará en el acto final, donde también tendrán cabida víctimas de diversos crímenes relacionados con la jurisdicción universal.

El congreso, el primero de este tipo que se celebra en España, y que está abierto al público general, contará también con el único fiscal superviviente de los juicios por los crímenes de Núremberg, Benjamin Ferencz. Así, conferencias magistrales, paneles de debate y presentaciones y proyecciones de documentales relacionados con la importancia de la jurisdicción universal abarcaran cuatro jornadas de actividad que culminarán con un acto en el que se dará cuenta de las conclusiones alcanzadas y los principios que se presentarán a la sociedad.

Finalmente, el juez lamenta el "desinterés por parte del Gobierno" para con este encuentro. Garzón explica que se remitieron invitaciones al Ejecutivo y que no se ha obtenido respuesta. No acudirán miembros políticos ni tampoco funcionarios de la Policía ni de la Guardia Civil, algo que sorprende al magistrado. Es algo, dice, que "llama la atención", especialmente habida cuenta de que en congresos similares celebrados en otros países, asegura, la asistencia acostumbra a ser "masiva" por parte de representantes institucionales.

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