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Regeneración democrática

El PP fía su reforma de la ley electoral al apoyo de los nacionalistas

Mariano Rajoy en su escaño del Congreso de los Diputados.

El Partido Popular se fue de vacaciones con una propuesta de reforma electoral para que gobierne la lista más votada sobre la mesa. Era la última fase del paquete de medidas de regeneración que vendió el presidente del Gobierno en su primer debate del estado de la nación en febrero de 2013. A medida que iba transcurriendo el verano, los dirigentes del partido que estaban de guardia fueron vistiendo esta propuesta de imposición y se llegó a decir que, pese a que la voluntad de Mariano Rajoy era la de llegar a un acuerdo con el mayor número de fuerzas parlamentarias posibles, estaba decidido a llegar hasta el final. Es decir, a servirse sólo de la mayoría absoluta de su partido en el Congreso de los Diputados, algo, que, por cierto, dijo que nunca haría.

La próxima semana llega la hora de la verdad. El Gobierno abrirá una ronda de negociaciones con los partidos para intentar pactar de forma conjunta un paquete de medidas de regeneración democrática entre las que se incluye la de la denominada elección directa de alcaldes. Con el PSOE cerrado en banda a negociar con el PP cualquier asunto en el que vaya incluido este asunto a ocho meses de las municipales, los conservadores dirigen su mirada a los nacionalistas catalanes y vascos. Con sus votos, sostienen las fuentes consultadas, no podrá decirse que se trata de una reforma unilateral impuesta.

El PP busca precisamente como socios prioritarios para esta reforma a CiU y PNV, dos formaciones que, tras los conservadores, serían las más beneficiadas por la propuesta de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada otorgando mayoría absoluta a la lista que obtenga el 40% de los sufragios. Con los resultados de las elecciones de 2011, CiU habría logrado la mitad más uno de los concejales en 33 ayuntamientos y el PNV en 15. Este hecho, el de que los nacionalistas –también Bildu y ERC– saldrían ganando con esta reforma ha sido esgrimido por el Gobierno y el PP como ejemplo de que no hay "intereses partidistas" en esta cuestión.

Acuerdos con CiU al margen del 9-N

Pese al desafío soberanista, CiU se ha sumado en varias ocasiones a iniciativas planteadas por el partido de Mariano Rajoy en el Congreso. El pasado septiembre, CiU dio su apoyo a la Ley de Transparencia. Y, en diciembre, a la Ley de Seguridad Privada y a la rebaja de las multas por consumo de alcohol al volante. Ahora, el PP quiere reeditar este clima. Pero la principal complicación con la que se va a encontrar es la proximidad del 9 de noviembre, la fecha de la consulta. 

El PP vio que, al menos, había base para un posible entendimiento en la Diputación Permanente de la última semana de agosto. El de la reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada fue uno de los puntos del orden del día. Y, entre las negativas del resto de grupos, se coló la intervención del diputado de CiU Josep Sánchez Llibre. Criticó las formas del Gobierno y del PP por haber lanzado este debate en los medios de comunicación antes de llevarlo al Parlamento, pero se mostró dispuesto a hablar. "CiU siempre ha estado a favor de la regeneración. De acercar a los ciudadanos a los ayuntamientos y al Congreso de los Diputados", dijo.

Además, recomendó a los conservadores que se le tenga en cuenta en las negociaciones "si se plantea finalmente". "Para CiU es relevante que exista este debate con todas las fuerzas", añadió.

De la intervención de Aitor Esteban (PNV) se desprendió menos voluntad de pacto que de la de los nacionalistas catalanes. Pero el PP cree que también hay "margen para hablar". No obstante, Esteban criticó que esto se plantee a menos de un año de las municipales y que el Gobierno haya "alimentado" este debate sin confirmar ni desmentir nada.

Entre el rechazo frontal y la disposición a acuerdos puntuales

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, en manos de José Luis Ayllón, no había cerrado todavía el calendario de esa primera reunión con los grupos. La intención es que comiencen la próxima semana. Para fijar los turnos, el PP está a la espera de que el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, tome el relevo de forma oficial. Se estrenará el miércoles en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja. "Es una cuestión de respeto al principal partido de la oposición. Creemos que los contactos deben comenzar con ellos", señalan a infoLibre fuentes del Ejecutivo.

Fuentes de la dirección socialista precisan que su secretario general, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que el tema de la elección directa de alcaldes no está sobre la mesa. Pero que, evidentemente, acudirán a esta primera toma de contacto. En la reunión, el PSOE recordará a Ayllón y al portavoz parlamentario de los conservadores, Alfonso Alonso, su negativa a pactar un cambio de las reglas del juego electoral a las puertas de las elecciones. Asimismo, insistirán en su rechazo a otras iniciativas del PP como la reforma de la ley del aborto y la nueva ley de seguridad ciudadanas. "Son más recortes. Recortes en los derechos de las mujeres y recortes en los derechos de los ciudadanos. Y ahí no nos van a encontrar", precisan las citadas fuentes.

Precisamente, el PSOE va a poner en marcha una ofensiva en ayuntamientos y comunidades autónomas para instar al Gobierno a rechazar la modificación de la LOREG que propone para la elección directa de alcaldes. Según un comunicado de la formación, lo hará mediante la presentación de proposiciones no de ley en las cámaras autonómicas, así como mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares.

Desde la Izquierda Plural, José Luis Centella se muestra cauto respecto a la ronda de negociaciones. Pero muy crítico. "Nuestra intención es no ser descorteses. Pero no tenemos ni calendario. ni agenda, ni convocatoria oficial..." "No vamos a participar formalmente en una negociación que persiga una ley de punto final para tapar el pasado", dijo en relación al paquete de medidas de regeneración. Ello no impide que su formación acuda a escuchar las propuestas que quiera hacer el Gobierno o se avenga a discutir algunos temas puntuales durante el trámite parlamentario. Pero puntuales.

Fuentes de CiU rechazaron hacer cualquier tipo de pronunciamiento al respecto a petición de este diario. "Cuando haya una convocatoria formal y cerrada ya avanzaremos nuestra postura y ya diremos si acudimos a la cita", señalaron desde la dirección de este grupo parlamentario. Por su parte, desde el PNV confirmaron que la formación si estará en esta mesa de negociaciones. Y avanzan que podría haber margen para el acuerdo en el tema de la reducción de aforados pero que el Gobierno tiene un "problema" con ellos si pretende incluir en ese paquete el tema de la elección directa de alcaldes. 

Rosa Díez, de UPyD, también comparte que se reduzca el número de aforados. De hecho, desde su partido recuerdan que ya presentó una iniciativa similar en el Congreso cuando se debatía el aforamiento del rey tras su abdicación y el PP no la apoyó. En lo que no ven espacio para un pacto es en el tema de la reforma electoral. "No hay consenso. Y no puede hacerse a pocos meses de unas elecciones. Vulnera las normas europeas", mantienen.

Para esta primera reunión, de toma de contacto, el PP no pretende llevar propuestas concretas redactadas a fin de evitar que el resto de partidos conciban estas reuniones como un intento de imposición. 

Propuesta inicial: 40% de los votos, mayoría absoluta

Celebradas las elecciones europeas, la dirección nacional del PP convocó varias reuniones con dirigentes regionales y provinciales para analizar las causas del descalabro –ocho escaños menos, el 33%, en el Parlamento Europeo– de los comicios del pasado 25 de mayo. En estas reuniones, una de las demandas que más se escuchó fue la de la necesidad de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. Recordaban, sus defensores, que era una promesa electoral del partido. 

Rajoy recogió el guante. Y en el Comité Ejecutivo Nacional del mes de junio comentó a la plana mayor del partido que iban a ampliar el paquete de medidas de regeneración democrática con esta y otras propuestas como la de definir el momento concreto en el que un político imputado abandona su cargo. A partir de ese momento, el área de política local y autonómica del PP, en manos de Javier Arenas se puso a trabajar para redactar varias fórmulas.

A día de hoy, la que más triunfa –aunque desde la cúpula del PP aseguran que no hay nada cerrado y están dispuestos a moldear la propuesta final con el resto de grupos– es la que otorgaría la mayoría absoluta a la lista que logre el 40% de los votos. Una especie de plus o prima para evitar pactos entre las fuerzas que no han logrado votos suficientes. Y que el partido de Rajoy ve como una vacuna que acaba con los "acuerdos oscuros de Gobierno en los despachos".

No obstante, esto ocurriría siempre y cuando la segunda fuerza en número de votos se mantenga a una distancia de cinco o más puntos. Para el resto de casos, el PP se reserva la convocatoria de una segunda vuelta. Algo, a lo que, según sostienen, el PSOE no debería negarse porque fue durante años una de sus apuestas.Siempre que se mantuviese esta fórmula, el PP sería la formación más beneficiada.

 Teniendo en cuenta este porcentaje del 40% y utilizando como base los resultados de las últimas municipales, las de 2011, el PP sería la formación con más a ganar. Los datos son contundentes. Si se toman las 78 principales ciudades del país –las que superan los 100.000 habitantes y las capitales de provincia– la reforma electoral de Rajoy daría a su partido la mayoría absoluta en ocho ciudades donde hoy no la tiene. Y más contundente aún: trasladando el listón del 40% a los resultados de 2011, puede concluirse que el presidente del Gobierno busca que su partido mantenga el poder en medio centenar de grandes ciudades.Reservas y dudas

Pese a que los dirigentes conservadores insisten en que lo ideal es que esta cuestión ya fuera de aplicación en las municipales de mayo, saben que reformar una ley de tal calado como la electoral no es un asunto menor, sobre todo si el principal partido de la oposición no va de la mano. Cuentan las fuentes consultadas que Rajoy aún le tiene que dar una vuelta a la posibilidad de emprender esta reforma en solitario si de las rondas de contacto en el Congreso se desprende que están solos. Uno de los factores que tendrán que tener en cuenta es que hay un sector dentro del Grupo Parlamentario Popular que se muestra reacio a que esto se haga sin consenso.

¿Acabará esta propuesta guardada en un cajón? Sólo lo sabe Rajoy. Lo último que ha dicho al respecto es que no barajaba tener que aprobar esta reforma sólo con la mayoría absoluta de su partido porque esperaba lograr acuerdos con el resto de fuerzas. Así se pronunciaba en Dublín, donde acudió esta semana a la cumbre de la OTAN. Independientemente de lo que suceda al final, las fuentes consultadas insisten en que la decisión debe tomarse cuanto antes. Y es que el hecho de que la reforma de la ley electoral se haya incluido en las propuestas de regeneración democrática condiciona que pueda haber acuerdos en otras cuestiones, como, por ejemplo, el tema de la reducción de aforados.

Así las cosas, hay en el PP quien cree que la denominada elección directa de alcaldes debería ser excluida de este paquete y negociarse de forma independiente. "No sería lógico que pasasen dos meses, el tiempo que se ha marcado Rajoy para las negociaciones, y no hubiese nada claro por la negativa de gran parte de los grupos a negociar un cambio de la ley electoral por la proximidad de las elecciones".

EH Bildu es el único partido que ha planteado propuestas a la subcomisión del Congreso para la reforma de la ley electoral

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