El PP incrementa la presión sobre los imputados valencianos para que renuncien a sus actas

El Partido Popular está incrementando la presión sobre el grueso de sus concejales en el Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia–fueron imputados nueve de un total de diez en el marco del caso Taula– para que renuncien a sus actas. Esto ocurre cuando no ha transcurrido todavía una semana desde que la dirección nacional de los conservadores anunciara la apertura de un expediente informativo para investigar este caso que, según sus cálculos, afecta a medio centenar de dirigentes conservadores, Rita Barberá incluida.

Durante toda la semana pasada fue Isabel Bonig, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, la encargada de hablar con los concejales imputados para trasladarles la necesidad de que renunciaran a sus asientos en el pleno municipal. Estos, investigados por blanqueo de capitales y financiación ilegal, se negaron y desde la formación regional se les dio unos días para reconsiderar su postura. A tenor de la reacción este lunes del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, el plazo estaría a punto de expirar. La formación quiere gestos de los afectados y los quiere ya.

En plena negociación para la formación de Gobierno o a las puertas de otras elecciones generales, el partido no quiere dar "armas" a la oposición y que se les pueda seguir acusando de "permisividad" con la corrupción.

"Próximas horas o días"

Según señaló en una entrevista concedida a la Cadena Ser, "en las próximas horas o días" se producirán dimisiones de los miembros del Grupo Municipal Popular de Valencia que están siendo investigados en el marco de este escándalo.

"Espero que en el curso del expediente informativo las cosas se muevan. Es muy probable que haya decisiones voluntarias en el ámbito interno en las próximas horas o días", añadió el número tres de los conservadores.

¿Surtirán efecto estas presiones?

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por infoLibre admiten contactos con la dirección regional en la Comunidad Valenciana para "dar por zanjado" el asunto. Pero rechazan aventurar el momento concreto en el que se anunciarán las novedades. Esgrimen, para ello, que se trata de un asunto "muy delicado" y que, pese a que son nueve los investigados, "hay que ir caso a caso".

Recurriendo a las propias palabras de Maillo, el PP prefiere que las decisiones sean "voluntarias", es decir que sean los propios afectados los que se aparten antes de que sea el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario del partido, el que tenga que proceder a las expulsiones. Estas decisiones podrían venir en forma de peticiones de suspensiones temporales de militancia cursadas por los propios ediles, consideran en el PP de la Comunidad Valenciana.

A juicio de Maillo, la situación en Valencia es "muy complicada" y "el nivel de las grabaciones y de algunas declaraciones exigen algún tipo de decisión".

Lo complicado y delicado de la situación tiene mucho que ver con la situación en la que quedaría el Grupo Municipal Popular si en vez de dimitir los investigados optan por mantener sus actas y pasan al grupo de los concejales no adscritos. Sería tan grave como que los conservadores se quedarían sin grupo.

En todo caso, la última palabra la tienen los propios concejales porque el acta les pertenece a ellos y no al partido. 

Complicado estatutariamente

También estatutariamente es un tema complicado. Y es que, con las normas internas de funcionamiento del partido en la mano no es sencillo expulsar a un militante. De ahí que las presiones siempre vayan en la dirección de que sean los propios afectados los que tomen la decisión ¿Cómo debe proceder la formación en estos casos?

La respuesta se encuentra en el artículo 13.c de los estatutos, que dentro de la categoría de “infracciones muy graves” enumera la siguiente: “La condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los presentes estatutos, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente”.

La expulsión del partido es una de las sanciones ligadas a las infracciones muy graves. “Esta sanción se impondrá, en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración, y cuando pasase a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los del Partido Popular”, reza en el punto 13.3 de los estatutos.

Esto implica, pues, que la expulsión sólo es obligatoria cuando exista una condena en sentencia firme.

En este sentido, la exalcaldesa de Valencia y senadora reclamó la semana pasada a Maillo, vía SMS, que el partido cumpliese con los estatutos. El mensaje fue mostrado en la portada del diario La Razón. "Defended a la gente del partido que no ha hecho nada. Cumplamos con los estatutos para todos igual. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo que quiere hacer Isabel [Bonig, presidenta del PP de Valencia] no sólo perjudica políticamente, si no (sic) también la argumentación de la defensa".

¿Y qué pasa con Barberá?

La dirección nacional del partido presidido por Mariano Rajoy desvincula esta estrategia encaminada a que los concejales den un paso atrás del caso de la exalcaldesa Rita Barberá, aunque la opinión más extendida es que sería bueno para la formación que dejase ya el escaño. "Ella no está imputada. Pero no hay que olvidar que está haciendo mucho daño al partido", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

La senadora es una de las personas a las que la formación ha abierto expediente informativo. Al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le costó mucho tomar esta decisión. Ambos han mantenido una estrecha relación de amistad en los últimos años y nunca ha dejado de mostrarle su apoyo en público. Ni siquiera en las últimas semanas.

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En el partido han sido otros, los vicesecretarios, los encargados de marcar distancias con la senadora, hasta el punto de que la semana pasada se exhibieron desde la dirección nacional dos discursos: el de Rajoy, declarándose tranquilo tras la comparecencia de Barberá en la que aseguró que acudirá voluntaria a declarar ante el juez, y los de Pablo Casado (Comunicación) y Javier Maroto (Sectorial), considerando insuficiente el gesto de la exalcaldesa.

Este mismo lunes,  la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, subrayó que Barberá está haciendo daño a su partido ya que al PP no le gusta no poder tener "un comportamiento intachable" en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

"Yo creo que sí", respondió Levy en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, al ser preguntada por si cree que Barberá está haciendo daño al PP tras el estallido del caso Taula.