El futuro de Cataluña

La propuesta del PP para prohibir los lazos amarillos persigue cualquier símbolo no oficial salvo los religiosos

El presiente del PP, Pablo Casado, saluda al cardenal emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela.

Fernando Varela

El PP defenderá este martes en el Congreso que las autoridades y los empleados públicos no puedan exhibir —ni se lo permitan a particulares— en espacios públicos ningún símbolo no oficial salvo que sea religioso.

La medida forma parte de la proposición de ley que el partido de Pablo Casado registró en el Congreso para tratar de frenar la utilización de lazos amarillos,frenar el símbolo con el que una parte de los políticos catalanes y muchos ciudadanos llevan un año reclamando la liberación de los presos del procés. El PP quiere prohibirlos en cualquier dependencia o espacio público, incluidas playas y el mar territorial, y pretende castigar no sólo a los altos cargos y a los funcionarios que los coloquen o los luzcan en su vestimenta si no también a los que no se lo impidan a los ciudadanos particulares.

Los únicos que no se verían obligados a cumplir esta norma serían los diputados y senadores, cuya actividad es inviolable.

Con esta propuesta, que el Congreso debatirá este martes en sesión plenaria, los conservadores reclaman protección para la figura del rey, la bandera de España y las de las comunidades autónomas, el escudo constitucional y el himno nacional, así como “las banderas, escudos e himnos autonómicos y locales de carácter oficial”, además de “la bandera, himno y otros símbolos representativos oficiales de la Unión Europea”.

Para poder perseguir los lazos amarillos —o cualquier otro símbolo que el independentismo pueda crear con el mismo objetivo— la iniciativa considera “nulos” los símbolos contrarios a la ley, lo que incluye todos aquellos que no respeten el “principio de neutralidad institucional” o sean “partidistas”. Pero establece una excepción: “Quedan excluidos de la presente ley los símbolos de carácter religioso amparados en el artículo 16 de la Constitución Española”. El articulo en cuestión protege la “libertad religiosa y de culto”.

Si la propuesta prosperase, se abriría la puerta a la persecución en espacios públicos de símbolos ideológicos —una bandera no oficial, por ejemplo— pero se permitiría la exhibición de los que tuvieran naturaleza religiosa —como una una cruz—. Y se perseguiría cualquier actuación en contra del rey, de la bandera o del himno. Sería legal exhibir una estrella de David pero no la enseña republicana.

Libertad ideológica y de expresión

El PP no observa ninguna colisión entre esta medida y los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución en sus artículos 16.1 y 20.1, respectivamente. Su argumento es que “las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión”, un criterio que hace extensivo a las autoridades y a los empleados públicos, que no podrán incluir símbolos no oficiales en su vestuario. Para el partido de Pablo Casado, respetar la libertad ideológica es impedir los símbolos ideológicos en los inmuebles y los espacios públicos.

“Resulta perfectamente constitucional y conforme con los derechos fundamentales”, sostiene el PP, “exigir a los altos cargos y empleados que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier colocación en espacios públicos de símbolos, gráficos o lemas partidistas, es decir, no neutrales, que rompen la convivencia social”.

La iniciativa del PP incluye toda una gama de sanciones para perseguir a las autoridades que no protejan los símbolos o permitan la utilización de los que no son oficiales. Los castigos oscilan entre los que penalizarían las infracciones leves —una simple amonestación en caso de “mera negligencia o descuido”—, a las graves —pérdida de la indemnización por cese si se cometen dos faltas leves— y las muy graves: destitución e inhabilitación de entre cinco y diez años.

En cuanto a los empleados públicos, el partido de Casado propone castigos de los previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, que en el caso de las faltas muy graves pueden conllevar el despido.

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