El accidente del Metro de Valencia

Punto y final a 13 años de batalla judicial por el accidente del Metro de València

La Asociación de Víctimas del Accidente del Metro a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València.

Punto y final al periplo judicial de las víctimas del accidente del Metro de València. Este lunes, el Juzgado de lo Penal número 6 de València dictó una sentencia por la que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de prisión. Así lo decidió en apenas media hora, una rapidez esperada teniendo en cuenta que las partes —Fiscalía, asociación de víctimas y defensas— acudieron a la cita con un acuerdo bajo el brazo. Lo alcanzaron hace una semana, pero las negociaciones comenzaron hace un mes, tal y como asegura Vicente Baeza, abogado de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006 (AVM3J). El 26 de diciembre, concretamente, comenzó a gestarse el pacto por el que sólo la mitad de los ocho acusados aceptaron los cargos. Los otros cuatro, por su parte, vieron cómo los que pesaban sobre ellos fueron retirados. Un resultado que, para las acusaciones, ha sido "una auténtica victoria", según Baeza. 

El camino hasta este lunes no ha sido ni breve ni sencillo. El 3 de julio del año 2006, hace casi 14 años, un convoy de la red del Metro de València descarriló cerca de la estación de Jesús. El accidente dejó 43 víctimas mortales y a otras 47 personas heridas. Pero también hizo que comenzara una larga batalla por parte de todos los familiares para que se depuraran las responsabilidades de lo ocurrido. Tanto políticas como penales. Y aunque las primeras se resolvieron hace tiempo y dejaron a varios políticos señalados —entre los que se encuentran Francisco Camps, expresidente de la Generalitat; Víctor Campos, exvicepresidente; Juan Cotino y Serafín Castellano, ambos exconsellers; y José Vicente Dómine, ex director general de Transporte—, las segundas han resultado más complicadas. De hecho, antes de llegar a la sentencia de la Audiencia Provincial las víctimas han tenido que ver cómo la magistrada Nieves Molina archivaba la causa hasta en tres ocasiones. Tres puntos y aparte que la Audiencia frenó reabriendo la causa hace ahora dos años. Una decisión que supuso, según declaró entonces Rosa Garrote, presidenta de la AVM3J, "un paso más para conocer la verdad y hacer justicia".

De la velocidad del conductor a la mala gestión de los directivos

Garrote, que en aquel entonces se mostraba esperanzada, ahora se encuentra satisfecha. Y es que, según dice, las víctimas han conseguido que, tras más de 13 años, se reconozca lo que llevan denunciando desde el primer día: que la responsabilidad del accidente no fue del conductor, sino de la empresa. "No nos parecía justo que se echara la culpa al último eslabón de una cadena y que los directivos quedaran libres. Hoy se ha señalado que la gestión de la empresa fue nefasta", celebra desde el otro lado del teléfono. 

El relato que ha explicado el accidente durante todos estos años se basaba en un hecho: que el conductor atravesó una zona limitada a 40 kilómetros por hora a una velocidad de 80. Pero las víctimas querían que se investigara el motivo por el que ocurrió así. Descartaron, desde el primer momento, que hubiera sido una simple imprudencia y apuntaron, más bien, a la falta de seguridad en esa zona. Pero no conseguían que ningún juez les diera la razón. Al contrario. La magistrada Nieves Molina archivó la causa tres veces porque no apreciaba responsabilidades penales en el accidente. Algo que la Audiencia Provincial sí vio. Aseguró, en el auto de apertura, que no existía "un plan de prevención de riesgos (...) para evitar fallos humanos o excesos de velocidad en la conducción".

Una tesis que ahora ha confirmado la magistrada Begoña Estañ Capell. Según la sentencia que dictó este lunes y a la que ha tenido acceso infoLibre, el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García, omitieron sus obligaciones como miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de FGV. "El Comité de Seguridad en la Circulación conocía las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo", señala el fallo. 

Los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat sentados en el banquillo de los acusados, por el accidente de Metrovalencia de julio de 2006. | EFE

Las deficiencias no eran pocas. El sistema de frenado FAP daba problemas y el convoy siniestrado ya había sufrido tres descarrilamientos previos. Las ventanas, además, habían sido modificadas sin la homologación de la empresa fabricante y sin reunir los requisitos "de resistencia, estanqueidad, visibilidad y adecuado montaje". Algo que impidió que "actuaran como medida de protección", provocando "un resultado mucho más grave del que correspondería a un descarrilamiento" como el producido aquel día. Además, tampoco existían balizas que frenaran el tren en caso de que un fallo humano provocara un exceso de velocidad. 

Teniendo en cuenta todas esas deficiencias, la formación del maquinista "debería haber sido más rigurosa", sostiene la jueza. "La formación de un maquinista en FGV tenía que ser muy superior a la demostrada, porque tenían líneas sin protección automática", recoge el auto. Y una de ellas era la 1, la protagonista del accidente. "Pero la empresa asigna esta línea a este maquinista con escasa formación y escasa experiencia, poniendo en riesgo mucho mayor la seguridad de sus trabajadores y de sus viajeros", sentencia. 

Con esos hechos probados, los cuatro exresponsables de la empresa aceptaron los 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, otros 37 delitos por lesiones y el delito por omisión o cooperación necesaria contra el derecho de los trabajadores. 

Un acuerdo alcanzado tras un mes de negociaciones

En el banquillo se sentaron ocho personas. Pero la mitad fueron absueltos. Se trata de la exgerente de FGV, Marisa Gracia —a quien se le atribuye una "culpa in vigilando" por noatender bien a sus subordinados—; el que fuera director de Operaciones, Manuel Sansano; el exjefe de Talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; y el exresponsable de estudios y proyectos, Francisco Orts. Y también fueron absueltas como responsables civiles la empresa y la aseguradora, Zurich Insurance PLC. Así lo estableció el acuerdo que todas las partes firmaron apenas una semana antes del juicio que debía celebrarse este lunes y que, en cambio, se convirtió en un un encuentro de aproximadamente media hora de duración para ratificar la sentencia. 

Las negociaciones comenzaron hace un mes. Concretamente, recuerda Baeza, el 26 de diciembre. Y por iniciativa de todas las partes. Inicialmente, para los ocho acusados la Fiscalía pedía en su escrito de calificación provisional una pena de tres años y siete meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional. Las víctimas, por su parte, elavaban la pena a cuatro años.

Pero tras tres archivos de la causa cabía la posibilidad de que el juicio, que en un principio iba a durar seis meses, acabara sin ni siquiera una condena. Por eso Baeza defiende que el resultado del pacto alcanzado "en absoluto es una derrota". "Desde el punto de vista de las acusaciones es una auténtica victoria. Hace tres o cuatro años hablábamos de lo difícil que podía ser llegar a juicio debido a la actitud de la jueza instructora, así que cuando llegamos lo consideramos una victoria", asegura. 

La portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, junto a Enric Chulio y Beatriz Garrote (de espaldas) a su llegada al juzgado de lo Penal número 6 de Valencia. | EFE

Por eso la condena, aunque sea sólo de cuatro personas, es un logro aun mayor. "Cuando llegas a un acuerdo todo el mundo tiene que ceder, pero también quiere conseguir lo que pretende", resume Baeza. Así que después de muchas conversaciones las tres partes comenzaron a acercar posturas. Y decidieron que esas cuatro personas fueran las condenadas porque entendieron "que dentro de los ocho acusados hay una jerarquía" de responsabilidades dentro de la empresa ferroviaria. "Cuatro acusados y cuatro absueltos nos pareció lo más correcto, lo más adecuado", añade el abogado de las víctimas. 

Ninguna de estas personas pisará la cárcel. Pero la pena también fue acordada. La Fiscalía, según Baeza, negoció dos años de prisión; la defensa, uno. Por eso acordaron algo intermedio: un año y diez meses. Y a cambio de esa reducción se aumentó el periodo de suspensión en la ejecución de la pena: de tres años a tres años y seis meses. Durante ese periodo, explica Baeza, los acusados no pueden volver a delinquir. Si lo hiciesen, esa pena se sumaría a la impuesta este lunes. 

Objetivos cumplidos

Garrote se muestra satisfecha con la sentencia. Según dice, toda negociación "es un tira y afloja" y era complicado alcanzar una pena más dura teniendo en cuenta que ha pasado más de una década del accidente. "Es una condena razonable, entre comillas, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado. Eso entorpecía las pruebas porque muchas no se podían investigar. No había ni vías ni vagón. No había pruebas directas. Todo era basarse en testimonios", afirma. 

Según sostiene, con el cierre del capítulo judicial se termina la lucha que comenzó la asociación que preside. "Este era el último capítulo abierto que nos quedaba. Creemos que se han cumplido los objetivos de la asociación y por eso el siguiente paso es disolverla y dar por terminada esta etapa", asegura. Porque además de esta condena consiguieron que la Comunitat Valenciana aprobara una Ley de Seguridad Ferroviaria y que una comisión parlamentaria concluyera lo que este lunes quedó ratificado: "Que el accidente era evitable y que sucedió por una mala gestión". 

Fue en 2015, aunque se intentó mucho antes. Apenas un mes después de que ocurriera el siniestro se creó la primera comisión, que se saldó en tan solo cuatro días, durante los que el PP usó su mayoría absoluta para vetar comparecientes, censurar documentación y legitimar la versión de que el accidente era "imprevisible e inevitable". Nueve años después, el cambio de Gobierno en la Comunidad y en el Ayuntamiento, abrió de nuevo la comisión. En esa ocasión, las sesiones se desarrollaron durante seis meses. Todos los grupos políticos, a excepción del PP, concluyeron que las causas "fueron múltiples por la mala gestión y la falta de inversión de FGV". El accidente, entonces, pasó a ser "predecible y evitable". Lo que ahora confirmó la Justicia.

Imagen de un homenaje a las víctimas del accidente del Metro de València. | EFE

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