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Podemos recurre una orden del juez que investiga sus cuentas para recabar información de la Junta Electoral de Madrid

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a su llegada  ese miércoles al pleno de Debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

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Podemos ha presentado este miércoles un recurso de reforma contra la providencia dictada por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga las cuentas moradas, para recabar información de la Junta Electoral Provincial de Madrid, al considerar que no existen "indicios racionales" que justifiquen tales diligencias, subrayando que de realizarse serían "prospectivas".

El partido político ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que revoque dicha providencia "dejando la misma sin valor ni efecto en cuanto a las diligencias de investigación interesadas" en la misma.

Con ella, Escalonilla pedía a la Junta Electoral Provincial de Madrid información sobre la identidad del administrador de la coalición electoral Unidas Podemos-Izquierda Unida y sobre las cuentas bancarias utilizadas para las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.

La formación de Pablo Iglesias esgrime en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, "la inexistencia de indicios racionales que justifiquen las diligencias de investigación interesadas, por no haberse apreciado irregularidad alguna en la contabilidad electoral" para estos comicios.

Para justificarlo, aporta el informe de realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de la coalición electoral, en el que se detallan las comprobaciones efectuadas sobre los recursos y gastos electorales.

Según el extracto destacado por Podemos en el recurso de reforma, el informe señala que "con carácter general no se han detectado incidencias destacables". Así, precisa que "se han examinado los gastos de importe superior a mil euros, los cuales han sido justificados mediante documentación adecuada", siendo el importe global de 252.264,68 euros, lo que representa el 92 por ciento del total. La suma gastada, de acuerdo con este informe, fue de 273.864,99 euros, dentro del límite máximo de 3.289.039,50 euros.

"Como puede comprobarse, el órgano fiscalizador no ha advertido irregularidad alguna en los gastos efectuados por la coalición electoral Unidas Podemos-IUMadrid en Pie, por lo que no cabe apreciar indicios racionales de delito que sustenten las diligencias de investigación acordadas por su señoría", defiende Podemos.

Además, la organización morada añade que, en base a este mismo argumento, el propio Escalonilla rechazó en un auto del pasado 7 de septiembre autorizar las diligencias de investigación solicitadas por Vox sobre el contrato electoral con la empresa ABD, que alegaba que sería simulado, porque Podemos había justificado la prestación de servicios ante el Tribunal de Cuentas, que lo aceptó como gasto electoral. De hecho, la causa respecto a este asunto fue sobreseída.

Con todo ello, Podemos avisa al titular de este juzgado madrileño de que, si sigue adelante con las diligencias de investigación planteadas a la Junta Electoral de Madrid, "las mismas tendrían naturaleza prospectiva".

Neurona, en el punto de mira 

La causa parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras moradas –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad –la llamada 'Caja B'–, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

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El juez ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados con Neurona, pero ha recomendado limitar las pesquisas a este contrato al estimar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".

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