El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.
La empresa de desokupación que se dedicó a hostigar durante semanas a Miguel es la ya conocida D.I.O. Express, una de las tantísimas distribuidas en todo el país y dedicadas a amedrentar y amenazar a inquilinas para expulsarlas de sus viviendas. En su web prometen “desalojos express en 48 horas” con la garantía de haber realizado más de 5.000 desahucios al margen de la ley, para que el propietario pueda esquivar los “largos procesos judiciales” que implica llevar a cabo un desahucio por orden judicial. “En D.I.O. Express, gracias a nuestro equipo multidisciplinar, formado por expertos en negociación y asesoramiento legal, logramos que los okupas abandonen el inmueble sin conflictos ni dilaciones”, prometen. En los últimos años, los sindicatos de vivienda advierten de la proliferación de estos grupos que operan al margen de la legalidad para acelerar desalojos a la fuerza.
Estas entidades calificadas de “parapoliciales” por parte de las activistas provivienda han conseguido hacer del miedo a la llamada “inquiokupación” un negocio muy lucrativo que crece día a día. Aunque la mayoría se definen a sí mismas como “mediadoras” e insisten en sus webs en la legalidad de sus acciones, en la práctica suelen amasar grandes cantidades de dinero a base de amedrentar, violentar y acosar, en su mayoría, a inquilinas en situación de vulnerabilidad.
Desokupa, por ejemplo, afirma en su perfil público que su labor se centra en la recuperación de inmuebles “a través de acuerdos con okupas” mientras que en realidad se dedican a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales por medio de coacciones y actos intimidatorios. Otras como Desokupacyl presumen de contar con “un equipo altamente cualificado y comprometido, que acometerá el desalojo de manera segura y legal, garantizado un proceso respetuoso y metódico”, si bien su líder, Luis Núñez, fue detenido en Valladolid por extorsión y amenazas tras la denuncia de una empresa.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que normalmente, en contra de la creencia general, las empresas se encargan de desalojar a personas con contratos en vigor y sin estar en situación de impago: “En la mayoría de casos han sido contratados para pisos de alquiler donde los dueños querían hacerse con el piso sin haber finalizado el contrato”, alegan desde esta organización. En muchos otros supuestos, tal y como apunta la abogada del CAES Alejandra Jacinto, quienes contratan son empresas pequeñas y medianas que compran inmuebles con inquilinos con contrato en vigor a un precio muy barato a través de una subasta y quieren venderlos más caros. Otras veces se trata de caseros que han invertido en viviendas donde residen mayoritariamente familias vulnerables con procesos judiciales abiertos sin concluir, ya que en estos casos su precio es mucho mayor de lo habitual.
Entidades ‘fantasma’ caracterizadas por su opacidad
Tan solo algunas de estas empresas figuran realmente como entidades jurídicas, alertan desde algunas asesorías. “Hay constancia de que hay empresas o grupos que están actuando sin ningún registro como empresa ni ninguna sociedad jurídica que responda sobre esa actividad. Hay que entender que primero surgió la empresa ultra Desokupa, de Daniel Esteve, y a raíz de esa empezaron a surgir otras, muchas de las cuales son low cost, están integradas por personas con muy dudosos historiales profesionales, algunas con antecedentes penales y muchas no registran la sociedad”, aclara Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda.
Las organizaciones por el derecho a la vivienda coinciden en la necesidad de denunciar que buena parte de estas empresas opera de manera ilegal. Esto sucede, por ejemplo, con Desokupa Gador, del que es imposible hallar su identidad legal como empresa en los registros. “Son grupos organizados que funcionan como mafias, personas que están actuando totalmente fuera de la ley, algo ante lo cual hay muchísima permisividad”, desliza Nacho Martín, inquilino en lucha en el bloque de San Ildefonso en Lavapiés, víctima de la empresa de desokupación Serviokupas y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuando la empresa quiso echar a las vecinas de su edificio, cuenta Martín, ofrecieron 6.000 euros a cada familia para que se fueran del inmueble.
En grupos de este tipo que sí figuran como entidades jurídicas, la descripción oficial de sus servicios no suele corresponderse con aquellas actividades que realizan en la práctica. Es el caso de Horus Desokupa: en el registro legal, figuran como una empresa de “actividades de seguridad privada”, aunque en su web dejan claro que se dedican a “desalojos de okupas y mediación con inquilinos morosos o en situación precaria” evitando “procesos judiciales largos y complejos mediante mediación extrajudicial”.
Por su parte, Antiokupa Tarraco, a pesar de que se trataba de una empresa dedicada a ejecutar desalojos extrajudiciales a la fuerza, figura en el registro mercantil como operadora de “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento”. Fue desarticulada finalmente por los Mossos d’Esquadra en 2024 tras acumular más de 60 denuncias. Como transmitió Tarragona Digital, los miembros de este grupo eran “especialmente violentos” contra personas racializadas y algunos de ellos acumulaban antecedentes por “coacciones, amenazas, lesiones y trato degradante”. El ensayo Poder Inquilino, publicado este año por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, revela que esta empresa instaló GPS en las víctimas para vigilarlas y geolocalizarlas e, incluso, llegaron a sustraer a una niña de tres años de su madre para desalojar una vivienda. Posteriormente, ha sido declarada como organización criminal.
Con cada una de estas operaciones extrajudiciales las empresas consiguen amasar grandes cantidades de dinero: Idealista afirma que el precio de cada desalojo ronda los 3.000 euros. No obstante, los precios varían en función de la empresa. Por ejemplo, Brigada Desokupa ofrece en su web ejecuciones extrajudiciales “desde 2.500 euros”. En otros casos, como afirman desde el CAES, se ha llegado a dar la circunstancia de que una empresa llegó a cobrar cerca de 1.600 euros por la “visita”, con una prima adicional de éxito o recompensa en caso de que finalmente lograran expulsar a los inquilinos.
Pero los ingresos que obtienen estas empresas no se circunscriben únicamente a la ejecución de desalojos: algunas venden a través de sus páginas web todo tipo de dispositivos de seguridad, desde alarmas inteligentes hasta puertas blindadas. Por ejemplo, Bastión Desokupación, empresa que también presume de no respetar los tiempos judiciales a la hora de llevar a cabo sus actividades, ofrece “puertas antiokupa”, alarmas resistentes a inhibidores con videovigilancia 24 horas y controles de acceso para impedir que los inquilinos puedan acceder a sus viviendas.
El negocio del miedo a la “okupación”
En los últimos años se han multiplicado las ventas de estos dispositivos, al igual que los llamados “seguros antiokupación”, tanto por parte de estos grupos como por aseguradoras e inmobiliarias. Empresas como Securitas Direct, Prosegur, Segurma, Visegur o Mutua Madrileña, pero también portales inmobiliarios como Idealista. Securitas cuenta con “alarmas antiokupación” con tecnología ZeroVision (un sistema de seguridad que se activa en caso de intrusión y llena el área protegida de humo denso, bloqueando la visión del intruso y dificultando el robo) desde 400 euros el equipo. Mutua Madrileña, por su parte, ha lanzado un seguro antiokupación por 7,5 euros al año: “La garantía antiocupación cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar”, promueven desde su página.
En los portales web de todas estas empresas, las aseguradoras presumen de contar con una tecnología avanzada y de una efectividad probada para garantizar la seguridad de los propietarios. En el caso de Securitas Direct, ofrecen protección reforzada en la puerta principal “para detectar al intruso antes de que entre”, puertas “antiokupa” de alta seguridad capaces de resistir intentos de forzado, sofisticados sistemas de alarma, cerraduras especialmente diseñadas para resistir métodos de apertura forzada “como el bumping, el ganzuado o el taladrado con sistema anti-picking” y un largo etcétera de sistemas de protección. Aunque describen con minuciosidad el inmenso abanico de herramientas del que disponen y reiteran constantemente su infalibilidad, en ningún momento deslizan datos sobre el número de viviendas que han logrado “salvar” de intentos reales de “inquiocupación”. Sí dan otros datos cómo los relativos al número de personas que se declaran con miedo a la ocupación o de cuántas familias ya disponen de sus productos, cerca de 5,7 millones en 17 países.
Lo mismo sucede con los anuncios de este tipo de servicios en Idealista, donde tampoco aparecen cifras relativas a su porcentaje de éxito en casos de ocupación. Ni siquiera proporcionan información sobre el número de viviendas que se han visto afectadas por intentos de ocupación, pese a que en la descripción del Seguro Anti Okupas que ofertan apelan a esta amenaza y la sitúan como un peligro permanente. Por un importe de 39,85 euros anuales, prometen cubrir al casero en caso de poder demostrar pérdidas financieras asociadas con la ocupación ilegal de sus propiedades. Las opiniones de los clientes, exhibidas en las webs de ambas empresas, dejan claro que las personas que han contratado los servicios se han sentido “mucho más tranquilas y seguras” desde que disponen de estos dispositivos, aunque ninguna traslada haber sufrido intentos de ocupación.
A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”.
En este sentido, Palomo asevera que “ha salido todo un negocio, ya no solamente de las empresas de antiokupación, sino también de alarmas y seguros inmobiliarios que garantizan una fuerte protección al propietario: como la Agencia de Negocios de Alquiler, Alquiler Seguro y todas estas que gastan un fuerte patrimonio en publicidad, sobre todo en las radios, para meter mucho miedo a la gente y lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos”, recalca Palomo. Por su parte, desde Acción contra el Odio indican que “la visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen”.
Empresas sostenidas por la impunidad
Quién es quién en la constelación ultra que Desokupa despliega en redes
El negocio de estas empresas se mantiene a flote gracias a la impunidad de la que a menudo gozan quienes obtienen beneficio de ese miedo pese a llevar a cabo acciones delictivas. Desde organizaciones como PAH Vallekas señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por no actuar con la contundencia necesaria cuando una víctima llama para informar sobre el acoso que está sufriendo.
Palomo afirma que muchos policías, cuando hay un conflicto, “no detectan que hay un delito de amenazas o de coacciones sobre la vivienda y tratan de diluir el asunto en vez de tomar acta de que se está cometiendo un delito o en el peor de los casos vemos que incluso dan la razón a la empresa”. Esta situación se está dando actualmente, afirma, de forma primordial en barrios vulnerables. En septiembre del año pasado, activistas de la PAH de Carabanchel denunciaron la complicidad explícita entre Desokupa y la Policía cuando un trabajador de la empresa liderada por Daniel Esteve llamó a la Policía Nacional para ponerla en aviso, haciendo posible un operativo de cerca de 45 efectivos. El despliegue contó con un frente integrado por 15 trabajadores de Desokupa insertos en el cordón policial.
En los casos en los que las víctimas consiguen sentar en el banquillo a las empresas, es habitual que estas queden absueltas o que la causa acabe archivándose. Miguel cuenta que cuando sus acosadores tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales “se señaló una primera fecha para juicio y, a causa de un extraño error en los juzgados, se juntaron dos causas y ese juicio se suspendió. Después se dijo que nos iban a llamar para un segundo juicio y resulta que ese juicio se llevó a cabo sin nuestra presencia, es decir, sin contar con los perjudicados y demandantes y se sentenció absolviéndolos”, traslada el afectado.
El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.