El emérito copia la estrategia del novio de Ayuso y abre una ofensiva judicial por "calumnias"

El rey emérito sacude de nuevo la vida de Zarzuela y de la escena institucional. Juan Carlos I ha decidido abrir un inédito frente judicial y llevar por primera vez a los tribunales a un político con la excusa de las declaraciones de Miguel Ángel Revilla respecto a las investigaciones y negocios del patriarca de la familia Borbón, quien, sin embargo, no ha dado ninguna explicación pública durante estos años de sus actividades privadas lucrativas.

Juan Carlos I trata de poner contra las cuerdas al expresidente de Cantabria, al que le pide 50.000 euros para donar a Cáritas, por sus palabras durante tres años en entrevistas en diferentes medios. Una decisión que choca con su silencio ante los españoles por los casos en los que se ha visto envuelto el anterior monarca: el cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, la supuesta utilización de tarjetas black pertenecientes a amigos empresarios y la creación de sociedades en paraísos fiscales allende el Atlántico.

El rey emérito abre de esta manera su primer gran frente judicial contra un político, que incluso llegó a sentarse en el banquete nupcial de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en el Palacio Real. Un giro sorpresivo, del que ni siquiera sabía la propia Casa Real. Fuentes de la Zarzuela remarcan que se trata de una “iniciativa personal” de Juan Carlos I “a través de sus abogados privados” sobre “la que la Casa Real no ha sido consultada”. Asimismo, ante una posible vuelta del emérito a España, indican que no tienen referencias sobre sus movimientos privados.

En el comunicado elaborado por la abogada del emérito, Guadalupe Sánchez, se señala que se inician estas acciones legales por “protección del derecho al honor” y se remarca que se trata de declaraciones hechas en medios entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que se “calumnió gravemente” al monarca con “expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas”. Se formula además la petición de celebrar un acto de conciliación en los juzgados de Santander para tratar de llegar a un acuerdo.

Juan Carlos I exige a Revilla “la rectificación a través de los mismos medios y de manera pública de las expresiones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor” y le reclama una indemnización “por los daños morales causados que asciende a cincuenta mil euros”, que serán donados “íntegramente” a Cáritas España.

El estilo de la defensa: querellas y medios de derechas

El rey emérito ha elegido para su defensa a Guadalupe Sánchez, la misma abogada contratada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por corrupción, administración desleal, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Él, como sucede con el emérito, tiene en el foco la supuesta evasión fiscal, ya que los investigadores de Hacienda sostienen que el comisionista defraudó 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quirón. El imputado también se ha convertido en una máquina de emprender acciones por calumnias contra políticos, desde Pedro Sánchez hasta María Jesús Montero y Diana Morant, hasta periodistas y analistas como Xabier Fortes, Luis Arroyo y Pablo Simón.

La abogada es habitual en tertulias y medios de la derecha. Es colaboradora en la Cope en el programa de Carlos Herrera, una de las personas con mayor relación actualmente con el emérito y que suele actuar en alguna ocasión de portavoz del mismo.  También es colaboradora en The Objective y en sus artículos principalmente azota a Pedro Sánchez. Tiene textos como El Estado al servicio del tirano, donde escribe: “Hay quien se pregunta, sorprendido, que cómo es posible que Sánchez pueda atreverse a tanto. A mí lo que me sorprende es que haya gente que se sorprenda”. En Salt, el orden y la ley expresa: “La supervivencia política de Sánchez depende de que la sociedad normalice la inseguridad jurídica por parte de la izquierda radical y sus socios independentistas”.

Y asimismo en otras columnas la abogada del rey emérito se ensaña contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido al que llega a comparar con el anterior Gobierno de ultraderecha de Polonia y critica su “ego”. Además, en otro escrito sostiene que “el conflicto entre israelíes y palestinos dista mucho de poder considerarse un genocidio y ni tan siquiera podría hablarse de crímenes de guerra por parte del ejército de Israel, con arreglo a lo estipulado por la Convención de Ginebra”. Dedicó a la vez una columna a las campanadas de TVE, bajo el título de Lalachús y el timo de la estampita. 

La fortuna del rey vuelve al Supremo

La fortuna del rey emérito ha estado en el punto de mira desde hace años. La Fiscalía del Tribunal Supremo cerró las causas abiertas por las comisiones del AVE a La Meca, la sociedad en Jersey y el supuesto uso de tarjetas black pertenecientes a empresarios después de la regularización fiscal hecha por el propio Juan Carlos I, por haber prescrito algunos de los supuestos delitos investigados y por la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante su reinado.

No obstante, un grupo de juristas (entre ellos, José Antonio Martín Pallín y Javier Pérez Royo) ha tratado de reabrir el caso a través de una querella presentada ante el Tribunal Supremo al entender que el emérito habría cometido cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018. Unos hechos que, consideran los querellantes, violan “no sólo los preceptos del Código Penal, sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos”.

Los hechos se circunscriben a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

La Fiscalía del Supremo movió ficha a principios del mes de marzo para tratar de archivar la querella, aludiendo a que "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintos" a los que ya consideró el ministerio público en 2022 para cerrar "tras una exhaustiva investigación" las diligencias que abrió dos años antes en relación al rey emérito.

Pallín: "Un auténtico disparate"

Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, considera en declaraciones a infoLibre que la demanda del emérito contra Revilla es un "auténtico disparate": "Estamos ante un hecho de libertad de expresión y hay una presunción de veracidad porque todo lo que ha dicho Revilla está basado en unos informes de Fiscalía". "No sé quién le habrá aconsejado, pero me parece que se ha metido en un charco que le va a salpicar", añade.

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Pallín explica que cree que la demanda será admitida a trámite porque va por la vía de lo civil, pero sostiene que el juzgado pedirá que se concrete porque se pide investigar a Revilla por declaraciones de 2022 a 2025. 

Respecto a la querella que hay en el Tribunal Supremo, Pallín subraya que está envuelta en "un manto de silencio" en el Alto Tribunal. "Estamos a la espera sobre su admisión o archivo", añade, para recordar que han pedido que se dé traslado para que el querellado "tenga oportunidad de alegar". Esto podría hacer que el rey emérito tuviera que pronunciarse sobre esta cuestión, pero por el momento no ha habido contestación por parte del propio Supremo.

El Gobierno a lo largo de la jornada del martes no quiso entrar a valorar la acción judicial del rey Juan Carlos y fuentes de La Moncloa señalan que se enteraron por los medios y que ya se ha pronunciado sobre el asunto el Palacio de la Zarzuela. La relación del Ejecutivo y la Casa Real es totalmente cordial en las formas, aunque se han producido en los últimos meses algunos choques internos, como pasó con la gestión de la visita a Valencia tras la dana. Asimismo, entre ministros del Gobierno hay suspicacias sobre el ritmo que está imponiendo el nuevo jefe de la Casa, Camilo Villarino, que trabajó en la administración socialista durante un tiempo de la mano de Josep Borrell y Arancha González Laya.