Robles afirma que el CNI hizo su labor en Ceuta y la compartió con las fuerzas de seguridad y el Gobierno
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo en Ceuta la labor que le es "exigible" en relación con las entradas irregulares de migrantes y que la información obtenida fue compartida y analizada con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno.
Robles se ha referido a la actividad del CNI y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), durante su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, donde se han desplegado algo más de 3.000 militares en apoyo a las fuerzas de seguridad.
Aunque en su primera intervención no ha entrado directamente en la polémica sobre si el CNI advirtió al Gobierno de una posible entrada masiva de migrantes, la ministra ha reivindicado la actuación de los servicios de inteligencia y ha felicitado "muy en particular" a los 25 miembros del CNI destinados en Ceuta.
Según ha explicado Robles, estos agentes monitorizan diariamente la situación en la zona desde diferentes perspectivas, entre ellas las relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actividad de las mafias organizadas y su utilización de las redes sociales, la evolución del terrorismo yihadista y los movimientos migratorios irregulares vinculados a la situación de los países vecinos del Sahel.
Su trabajo abarca también, según la ministra, la detección de posibles actuaciones desestabilizadoras y amenazas híbridas impulsadas por actores internacionales.
Robles ha defendido además que el carácter reservado de la actividad de los servicios de inteligencia dificulta dar a conocer públicamente su actuación. "El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan", ha afirmado.
Pese a ello, ha insistido en que ese secreto no impide concluir que tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia y el propio CNI "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible" en Ceuta y que sus análisis fueron compartidos con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno.
La ministra ha apuntado también a la rapidez con la que circula actualmente la información como una de las dificultades a las que se enfrentan los servicios de inteligencia. La velocidad de las comunicaciones digitales, ha señalado, "amplía los retos y dificultades" para reaccionar a tiempo ante intentos de entrada irregular cuando se producen de manera masiva.
Robles defiende que Ceuta y Melilla "son intocables"
Más allá de la actuación del CNI, Robles ha abordado durante su comparecencia las dificultades operativas para contener entradas protagonizadas por cientos o miles de personas y ha advertido de las consecuencias que podría tener recurrir a la fuerza para impedirlas.
La ministra ha señalado la "dificultad de impedir material y físicamente" este tipo de avalanchas y ha sostenido que ni siquiera podrían frenarse mediante una utilización mínimamente proporcional de material antidisturbios. Recurrir a otros medios armados, ha añadido, podría desembocar en una tragedia con un número "incontable" de víctimas mortales.
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Robles también ha defendido que "Ceuta y Melilla son intocables, porque son España" y ha asegurado que el Gobierno no consentirá que los valores de convivencia y tolerancia que representan ambas ciudades autónomas "se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva".
La titular de Defensa, que ha abierto la ronda de comparecencias de ocho ministros en el Congreso, ha expresado además su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida durante la crisis migratoria y ha pedido perdón a los ceutíes que puedan sentirse "abandonados o no suficientemente acompañados", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno no les abandonará.
Por último, ha recordado la obligación del Ejecutivo de conjugar el cumplimiento de la legalidad con la protección de los derechos humanos y ha defendido la necesidad de una política migratoria "integral y coordinada" en el ámbito de la Unión Europea que combine una gestión firme de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y de la vida de los migrantes.
