Al menos tres comunidades siguen sin cumplir la ley y no tienen en marcha el registro de objetores al aborto

Al menos tres comunidades siguen resistiéndose a poner en marcha el registro de objetores al aborto al que les obliga la ley. Algunas lo hacen expresando su oposición manifiesta a desarrollar la herramienta, pero otras incumplen de forma más sutil: dilatando los procedimientos y eternizando su funcionamiento efectivo. 

La reforma de la ley del aborto cincelada en la anterior legislatura introdujo modificaciones de calado, pensadas fundamentalmente para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho blindado en la red pública. Pero lo que fue celebrado como un avance generalizado –salvo por los sectores conservadores y ultracatólicos–, todavía se topa con algunas barreras en la práctica. Un ejemplo claro está en el registro de objetores de conciencia. 

El registro nació para vigilar que no exista ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos y fue una de las propuestas estrella de la anterior legislatura. La objeción de conciencia quedó regulada entonces en distintos artículos de la reforma, introduciendo dos medidas clave. Por un lado, la creación en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de un registro propio. Y por otro lado, la confección de un protocolo estatal que incluyera las condiciones mínimas para cada registro. En un primer momento, fueron numerosas las comunidades que justificaron su inacción apoyándose en la ausencia de este protocolo común. 

Pero en diciembre de 2024 el departamento de Mónica García sacó adelante los criterios de base para poder desarrollar los registros. "Les decimos a las comunidades autónomas que, en cumplimiento de la ley, ya tienen ese registro, con lo cual ya no hay excusas para incumplir la ley. Se han designado los criterios mínimos y ha salido con total consenso", señaló entonces la ministra.

En aquel momento, la mayoría de las comunidades autónomas se pusieron manos a la obra, pero no todas estaban dispuestas a cumplir con el mandato legal. En octubre del año pasado, el Ministerio de Sanidad tuvo que llamar la atención de cuatro territorios: Madrid, Illes Balears, Aragón y Asturias. La cartera dirigió un requerimiento formal a sus gobiernos, instándoles a poner en marcha los trámites necesarios. Conforme fue pasando el tiempo, el grueso de ellas acató, salvo la gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Pero en algunos casos, el compromiso rubricado no fue más que un brindis al sol e incluso algunas de las que dieron su palabra siguen hoy sin contar con un registro en pleno funcionamiento.

Madrid y la oposición frontal

El caso de la Comunidad de Madrid es posiblemente el más flagrante: se trata de la única región que ha expresado sin titubeos su intención de ir contra la ley. Tanto fue así que el conflicto trascendió del plano meramente político y quedó finalmente en manos de los tribunales. El pasado mes de marzo, los jueces resolvieron: la comunidad debía crear de inmediato el registro de objetores que estipula la ley. 

Pero la líder regional está dispuesta a seguir su propia hoja de ruta, incluso con el mandato judicial sobre la mesa. Según la propia Comunidad confirmó en mayo a preguntas de este diario, "no se ha creado todavía dicho registro". 

A pesar de carecer de un registro oficial, la autonomía sí reconoce que el derecho al aborto no está garantizado en todos los hospitales públicos. Tal y como publicó el pasado jueves el diario El País, el gobierno regional justifica la externalización de la interrupción voluntaria del embarazo alegando que "en algunos hospitales públicos" de la región "no se puede asegurar" la realización de abortos "entre otros motivos por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario". infoLibre ha preguntado en qué datos se basan para sostener tal afirmación, teniendo en cuenta que a día de hoy no existe registro de objetores, pero fuentes oficiales han declinado hacer declaraciones al respecto.

Andalucía, Castilla y León o cómo eternizar los trámites

Si bien el foco político y mediático ha estado en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que otras tantas han evitado poner en funcionamiento sus propios registros burocratizando los procedimientos y eternizando los trámites. En marzo de 2025, el proyecto de decreto para crear un registro de objetores en Andalucía superó la fase de audiencia pública. Sus efectos todavía no se habían materializado cuando el Ministerio de Sanidad lanzó el requerimiento formal en octubre, pero el departamento de Mónica García entendió que estaba en fase de tramitación, así que le dio el visto bueno.

Ha pasado un año y medio desde que salió a fase pública, pero la herramienta sigue sin estar operativa. Tal y como ha podido confirmar infoLibre a través de una respuesta oficial remitida en junio, el Gobierno de Andalucía señala que el proyecto de decreto por el que se crea y regula el registro ha sido "objeto de un amplio proceso de análisis y debate". En la actualidad, añade, el proyecto normativo "continúa su tramitación siendo sometido a los trámites e informes preceptivos previstos en el procedimiento establecido a tal fin, para su aprobación definitiva". Hasta entonces, agregan las fuentes oficiales, "no es posible registrar declaraciones de objeción de conciencia en esta materia". 

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Algo similar sucede en Castilla y León. El verano pasado, la comunidad diseñaba un proyecto de decreto para sacar adelante el registro y así cumplir con la ley estatal. El inicio de los trabajos la excluyó del punto de mira del Ministerio de Sanidad, así que se quedó fuera del listado de comunidades rezagadas. Sin embargo, la región permanece en un estado perpetuo de tramitación. "El decreto por el que se crea el registro se encuentra en fase de elaboración" y el registro "se creará exclusivamente a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación" aclaraban fuentes oficiales en una respuesta recibida en abril del presente año. 

¿Y qué hay de las comunidades que en octubre del año pasado fueron requeridas por no contar con un registro? Asturias reconoce a este diario que todavía no ha aprobado la norma que crea y regula el registro, pero ha sacado adelante una "tramitación provisional", por lo que a efectos prácticos el registro sí está funcionando. 

En cuanto a Aragón, el pasado mes de marzo el entonces consejero de Sanidad en funciones explicó que el registro está ya en marcha y que es un sistema "dinámico", en el que los profesionales sanitarios pueden inscribirse o darse de baja en cualquier momento, aunque el gobierno regional no ha contestado a la petición de este diario. Finalmente, a día de hoy no hay constancia pública de que exista un registro en Illes Balears, después de que el decreto superase en febrero la fase de exposición pública.