Sánchez presenta un programa electoral que le permita alcanzar acuerdos a derecha e izquierda

Un Pedro Sánchez en modo presidencial protagonizó este miércoles la presentación de las primeras 110 medidas del programa electoral que el PSOE hace públicas desde la convocatoria de las elecciones del 28 de abril. Un conjunto de propuestas, en su mayor parte ya conocidas, por formar parte de la batería de proyectos anunciada por sus ministros durante los últimos nueve meses, destinado a hacer posible que el Gobierno en solitario que Sánchez se propone volver a presidir esté en situación de sacarlas adelante pactando a izquierda y a derecha.

El avance del programa electoral revela que el presidente y su equipo no quieren salirse del guión que les ha traído hasta aquí y que, según las encuestas, les sitúa en una intención del voto en torno al 30%. Y con una tendencia ascendente. Queda todavía un largo mes hasta el día de la votación y cualquier error puede costar caro. De ahí que el programa electoral se ciña casi exactamente a los proyectos conocidos y que la actuación combinada de la derecha —PP y Ciudadanos— y el independentismo cortocircuitó al echar por tierra el proyecto de presupuestos. Por eso evita los temas espinosos, como el impuesto a la banca, que el presidente parece haber olvidado apenas un año y dos meses después de anunciarlo a bombo y platillo, o la España plurinacional y su evolución hacia una Constitución federal.

El espacio a la izquierda del PSOE se ha fragmentado y se dispone a entrar en una batalla por la supervivencia. Y la derecha, especialmente PP y Ciudadanos, ha comenzado a enredarse a cuenta de quién debe liderar sus propios pactos. En medio, el PSOE quiere sobre todo sobrevivir a sus propios errores.

Recuperar “inmediatamente” el proyecto de ley de Presupuestos fue una de las medidas más relevantes de las enumeradas por Sánchez en una intervención teñida de solemnidad, con un fondo de banderas europeas y españolas, acompañado por todos sus ministros, altos cargos y un buen número de candidatos, que recordó los compromisos que es habitual anunciar en un discurso de investidura. Un programa inspirado, en palabras del propio presidente, en la “sensatez, la ambición y el realismo”.

España, explicó Sánchez casi al final de su intervención, “necesita un Gobierno fuerte, que hable con todas las fuerzas políticas pero que dependa de sus propias fuerzas”. Y para eso precisa “un amplio respaldo en las urnas, una participación masiva el próximo 28 de abril” que le “asegure un gran apoyo parlamentario”. Los “cinco pilares sobre los que vamos a desplegar toda nuestra acción de Gobierno”, resumió, son: “Mayoría, fortaleza, proyecto, diálogo y estabilidad”.

Pactos de Estado

El presidente del Gobierno repite en todos sus mítines la importancia no sólo de ser la fuerza más votada sino de disponer de un grupo parlamentario claramente mayoritario en el nuevo Congreso de los Diputados. Lo va a necesitar para sacar adelante, por ejemplo, los nueve pactos de Estado que quiere negociar con los demás partidos. Pactos sobre educación, ciencia y cultura, pero también para reformar la financiación autonómica, planificar las infraestructuras de los próximos años, luchar contra la corrupción y la pobreza infantil, levantar una nueva política industrial o reformar las pensiones par asegurar su sostenibilidad en las próximas décadas.

El objetivo de Sánchez es gobernar de nuevo en solitario y buscar apoyo a izquierda y derecha. Para aprobar nuevas leyes, como las que quiere impulsar en materia educativa, universidades, ordenación de enseñanzas artísticas superiores o mecenazgo. Para apoyar a las familias en todas sus formas —con atención especial a las monomarentales—; para luchar contra el fraude fiscal y para nivelar la prestación de servicios sociales en las comunidades autónomas. O para poner coto a la violencia contra los niños, garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo o impedir la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Leyes también contra la trata de seres humanos, para regular la eutanasia y la muerte digna; para garantizar la libertad de conciencia y el bienestar animal. Y reformas legislativas para actualizar el Estatuto de los Trabajadores, la prevención de riesgos laborales y la regulación de la identidad de género. Propuestas también para cambiar la ley electoral y poner fin las dificultades que sufren los españoles en el extranjero cada vez que quieren votar y para eliminar de la Ley de Seguridad los artículos que la hicieron merecedora del sobrenombre de ley mordaza.

El programa de PSOE está preñado de "medidas sociales". Desde la ampliación de las becas a las matrículas gratuitas para quienes acceden a las universidad. Del blindaje de la actualización de las pensiones a la gratuidad de las escuelas infantiles. De la inyección de fondos al sistema educativo a la inversión en medios y personal para que la sanidad se recupere de los recortes de los últimos años e incorpore, progresivamente, la atención bucodental a su cartera de servicios. Del apoyo a la creación de empleo a la equiparación de los permisos por nacimiento entre hombres y mujeres. De la lucha contra el despoblamiento en el mundo rural a la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital pensado para erradicar la pobreza infantil, uno de los objetivos a los que Sánchez siempre ha concedido más importancia desde su llegada a la Moncloa.

Un conjunto de proyectos que implica un incremento de gasto que los socialistas quieren financiar con los mismos impuestos anunciados en otoño: incremento de la progresividad del sistema fiscal para aumentar “la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios” e impuestos sobre determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras y sobre el diésel.

Lo que no está

De esa reforma fiscal no formará parte el impuesto a la banca que Sánchez anunció cuando estaba en la oposición como una forma de hacer que las entidades financieras devolvieran el dinero que el Estado empleó en rescatar el sistema financiero español en los peores años de la crisis y contribuir así al sostenimiento de las pensiones. Ni la completa derogación de la reforma laboral del PP, que la propuesta del PSOE para la próxima legislatura limita a “sus aspectos más lesivos”. Y eso que fueron varios los miembros del Gobierno que, después de la moción de censura, aseguraron que los socialistas no renunciaban a estos dos objetivos, sólo los aplazaban porque no contaban con mayoría para sacarlos adelante en el Congreso.

Tampoco figura en el programa la supresión del copago farmacéutico. En él sólo se habla de su revisión, “comenzando por pensionistas y personas de menores ingresos”. Ni se hace mención a la España plurinacional ni a la reforma federal de la Constitución como medio para afrontar el encaje de Cataluña y resolver la crisis abierta por el intento de declaración unilateral de independencia. El programa no menciona, siquiera tangencialmente, este asunto: los socialistas se saben más cómodos en el debate social y están convencidos de que, en estos momentos, el diálogo como medio para resolver el conflicto catalán sólo sirve para dar munición a la triple alianza de la derecha —PP, Ciudadanos y Vox—, cuyos líderes no desperdician ninguna oportunidad de agitar el fantasma de las cesiones a los independentistas.

Tampoco se habla en el programa electoral del PSOE de la eliminación de las concertinas —las cuchillas que coronan las vallas en la frontera con Marruecos— ni del rescate de migrantes en el Mediterráneo. Sólo de medidas a escala europea para impedir que crucen las fronteras de la UE. Nada sobre poner fin a las expulsiones en caliente, que los socialistas comenzaron a practicar cuando llegaron al Gobierno después de denunciarlas cuando estaban en la oposición porque incumplen el derecho internacional en materia de asilo.

Las 110 medidas anunciadas este miércoles incluyen, además, un puñado de propuestas que revelan la voluntad del PSOE de disputar a la derecha algunas de las banderas que han desplegado en los últimos meses.

Los socialistas se comprometen, por ejemplo, a equiparar los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que guardias civiles y policías nacionales se sitúen a la par que sus compañeros autonómicos de Euskadi y Cataluña. A defender también a la familia, aunque respetando todos los modelos, no sólo la tradicional. A modificar el régimen especial de los trabajadores autónomos para que coticen de acuerdo a sus ingresos reales y disfruten de los mismos derechos laborales que los asalariados. A poner en marcha una “estrategia nacional frente al reto demográfico” que detenga el despoblamiento y el envejecimiento del mundo rural. Y a “defender el español”, justo cuando PP y Ciudadanos anuncian su intención de impulsar leyes que pongan fin a la equiparación del castellano a las lenguas cooficiales en Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Illes Balears y Comunitat Valenciana.