Cambio climático

El sector agrícola pide al Gobierno agua del "caudal ecológico" de los ríos para afrontar la sequía

Tierras de cultivo de arroz sin sembrar a causa de la sequía.

El sector agrícola propuso este lunes al Gobierno, en una reunión para abordar los estragos por la sequía, que considere la reducción de los llamados "caudales ecológicos" de los ríos allí donde sea viable y de forma "excepcional". La propuesta fue realizada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en una reunión técnica del grupo de trabajo de la conocida como "Mesa de la Sequía" y cuenta con el respaldo expreso de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), según explicaron desde ambas organizaciones a infoLibre. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) apoya la medida "si no provoca ningún daño irreparable". Los caudales ecológicos, fijados en los planes hidrológicos de cada cuenca –sean del Guadalquivir, Tajo, Duero, Ebro o cualquier otro– son la cantidad de agua mínima que se considera que necesita un río para sobrevivir, por lo que se protege de cualquier explotación. Según la Ley de Aguas, es lo necesario para mantener "como mínimo la vida piscícola" y la "vegetación de ribera".

A preguntas de este periódico, ni el Ministerio de Agricultura (Luis Planas) ni el de Transición Ecológica (Teresa Ribera) valoraron la propuesta, que pone de relieve las crecientes tensiones en torno a un bien cada vez más escaso.

Medidas para un contexto endiablado

La reunión de este lunes del grupo de trabajo sobre el impacto de la sequía en la agricultura y la ganadería, aunque de carácter técnico, llegaba cargada de tensión e inquietud. La Mesa de la Sequía mantuvo en marzo una reunión ante lo que ya era reconocido por el Gobierno como una "generalizada escasez" de agua, agravada por el aumento del precio de la energía, las materias primas y los fertilizantes. Participaron representantes de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, las comunidades y las organizaciones Asaja, COAG y UPA y Fenacore, entre otras. La reserva hidráulica peninsular se situaba entonces en un 40,5% de su capacidad. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas en el periodo octubre-marzo había sido un 41,8% inferior al valor normal. Desde entonces, todo ha empeorado.

La guerra de Ucrania continúa. La elevada inflación también. Y lo principal en este terreno: apenas ha llovido. Los embalses están al 35,94%. La situación en Andalucía es apremiante: 26,33%. No mucho mejor andan en Extremadura (30,63%), Murcia (31,08%) o Castilla La Mancha (32,52%).

El Gobierno ha movido ficha con la aprobación de medidas de seis ministerios que suman 450 millones. Según lo acordado, los agricultores y ganaderos podrán tener una reducción del 20% en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas. Además, se concede un aplazamiento del pago en las cuotas a la Seguridad Social. Queda fijado para 2022 un precio para el agua desalada, clave para paliar la situación en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste español, así como una reducción de los cánones de regadío en las cuencas de Guadalquivir y Guadiana, las dos más afectadas por la sequía. AAgricultura ha incrementado en 60 millones el presupuesto para subvención de seguros agrarios. También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de peonadas para acceder al subsidio agrario, y se han establecido exenciones del IBI. A ello se se sumará una inversión –prevista– de más de 2.000 millones en seis años para mejorar los sistemas hídricos.

Tensiones entre el Gobierno y las comunidades del PP

¿Satisface todo este paquete de metidas al sector agroganadero? No. Su mensaje es claro: es insuficiente. Su presión ha sido clave para la celebración de la reunión celebrada este lunes, que llegaba precedida de un choque entre el Gobierno y comunidades del PP, como Andalucía y Castilla y León, que lamentaban que el encuentro fuera programado para hacer seguimiento de las medidas ya aprobadas y no para comprometer nuevas ayudas. Luis Planas, ministro de Agricultura, acusó al Gobierno andaluz de estar más preocupado por hacer "ruido" que por buscar "soluciones".

Es en ese contexto en el que se produjo la reunión por videoconferencia de este lunes, en la que participaron representantes de los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica y las comunidades, sin presencia de ministros ni consejeros, junto con las organizaciones agrarias y de regantes. Aunque la idea de partida de la reunión era hacer seguimiento de las medidas adoptadas en marzo, los representantes del sector agroganadero plantearon también nuevas peticiones a los representantes institucionales.

Una medida "excepcional"

Andrés Góngora, portavoz de la COAG, explica que durante el encuentro planteó la "idea" de que, en aquellas zonas en que va a haber "recortes para el regadío", "sería lógico disminuir los caudales ecológicos como medida excepcional". "El abastecimiento urbano está por encima de todo y hay que respetarlo, pero si mantenemos los caudales ecológicos [como están] podemos poner en peligro incluso ese abastecimiento", señala Góngora. El portavoz de COAG recalca que "la fotografía no es la misma para todo el territorio nacional", por lo que esta posible rebaja de los caudales ecológicos sólo se acometería allá donde fuera necesario y tras un estudio del caso concreto. Eso sí, añade, "habría que dejar opinar a los técnicos" y "retirar la parte política de la decisión". "No me parece descabellado", añade Góngora, que cree que es una decisión que debería adoptar el Consejo de Ministros en su conjunto, tal es su envergadura.

Góngora cree que la reunión sirvió para realizar una "exhaustivo" análisis de la situación, pero reclamó un nuevo encuentro con los máximos responsables políticos para alcanzar acuerdos concretos ante una "situación muy grave". A su juicio, serán necesarias "líneas de ayudas directas" que incluyan a la ganadería. En la Cornisa Cantábrica, explica Góngora, los animales están siendo ya alimentados con "pastos previstos para el invierno". "De cara a un mes, no van a tener reservas de pastos porque se están consumiendo ahora. En el sur y el centro hay ganaderos que no tienen ni qué dar de beber, porque los arroyos donde vivían los animales se han secado y tienen usar con cubas de agua, lo cual es muy caro", añade el portavoz de COAG, que pronostica dificultades inminentes para el olivar meridional.

Coincide en su diagnóstico Javier Fatás, también de COAG, para quien los caudales ecológicos "seguramente son muy altos para la situación que estamos padeciendo". Fatás pone el énfasis en la mala situación de las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, así como en Castilla y León, y hace común el problema a la agricultura y la ganadería.

Juan Valero de Palma, secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, respalda la propuesta de COAG sobre los caudales ecológicos. "Venimos desde hace mucho tiempo diciendo que los caudales ecológicos se tienen que aprobar con mucha prudencia y sobre todo estudiando cuáles son sus consecuencias. En España se ha ido demasiado lejos. No tiene sentido que uno de los países más secos de Europa sea el que más caudales ecológicos tiene de toda Europa. Esa medalla no nos corresponde ponérnosla a nosotros", afirma Valero de Palma, para quien la propuesta de COAG tiene "mucho sentido", aunque a su juicio "seguramente requeriría de un cambio de la Ley de Aguas". El dirigente de Fenacore, al igual que el resto de organizaciones, demanda una organización al máximo nivel político y destaca el "consenso" que, a su juicio, existe sobre dos ideas: la necesidad de modernizar los regadíos y de construir embalses allí donde estén "estén justificados ambiental, económica y socialmente".

Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), afirma que apoya la rebaja puntual de caudales ecológicos "si esa medida es posible y no provoca ningún daño irreparable". No obstante, señala que se trata de un tema "complejo y delicado", porque "la situación de determinados pantanos hace casi inviable la medida". "Nosotros queremos salvar nuestros cultivos haciendo siempre un ejercicio de responsabilidad", afirma. Cortiñas recalca que los problemas derivados de la sequía son una responsabilidad compartida por el Gobierno y las comunidades, por lo que reclamó a todas las partes que "saquen el tema de sus peleas". A su juicio, las medidas adoptadas por el Ejecutivo son pasos en la dirección concreta, pero la propia situación del sector demuestran que hacen falta más. "No podemos perder más explotaciones", dice.

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infoLibre preguntó a Asaja si respaldaba la petición de bajada de los caudales ecológicos de los ríos, sin respuesta. Según los asistentes a la reunión, su representación en la misma no se opuso. En el pasado, Asaja se ha mostrado favorable a esta medida, señala una fuente conocedora del sector.

El recuerdo de los 90

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), afirma que, a su juicio, "la solución para afrontar la sequía actual no pasa por la construcción de nuevos embalses ni por la reducción del caudal ecológico, sino por la modernización de las infraestructuras y por el uso racional del agua.

Añade Babiano: "En los años 90 años se produjeron cortes de aguas de horas en muchas grandes ciudades. Por ejemplo en Sevilla las restricciones fueron de hasta diez horas diarias y con agua de escasa calidad, que obligó a los sevillanos a comprar agua embotellada por un valor próximo a los 1000 millones de pesetas –algo más de 6 millones de euros– por mes. Esto supuso un punto de inflexión para la reforma del sistema hidrológico. Ahí se evidenció que esta situación no debería repetirse nunca más. Debemos advertir que muchos pueblos y ciudades van a entrar en situación de alerta y van a necesitar el agua que tradicionalmente se usa para riego para no entrar en restricciones en los próximos meses. Por tanto es prioritario establecer un dialogo con los regantes y fórmulas de compensación económicas".

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