Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.
La falta no es nueva ni accidental. El propio Consejo ya la había señalado en 2024 y formuló recomendaciones expresas que, un año después, han sido ignoradas por todos.
El resultado es un panorama en el que la transparencia partidista avanza solo de forma parcial y selectiva. Los partidos mejoran en algunos indicadores formales —organigramas, estatutos, memorias de actividad—, pero mantienen blindada la información más sensible desde el punto de vista del control ciudadano: los sueldos de quienes toman las decisiones políticas y gestionan recursos públicos.
Aunque no todos son igual de opacos. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de 2025 refleja una evolución a dos velocidades. En la parte alta de la tabla se sitúan el PSOE, con un 83,1% de cumplimiento, y Podemos, con un 74 %. Ambas formaciones han mejorado de forma significativa respecto al año anterior y han aplicado aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas por el CTBG en 2024. También Izquierda Unida y Sumar registran avances, aunque con puntuaciones más modestas, del 50,5% y el 46,1%, respectivamente.
Sin embargo, la mejora global no alcanza a la cuestión clave de las retribuciones. Ninguno de los partidos analizados, asegura el Consejo de Transparencia, publica de forma clara, accesible y actualizada el sueldo de sus máximos responsables, una obligación explícita en la normativa de transparencia. En este punto, no hay diferencias sustanciales entre formaciones: la opacidad es total.
En el extremo inferior del ranking se encuentran el Partido Popular y Vox, con índices de cumplimiento del 34,2% y el 33,2 %. Ambos no solo cierran la clasificación, sino que han desoído por completo las recomendaciones del Consejo: aplicaron cero de las doce que recibieron en la evaluación anterior.
El PP, cada vez más opaco
El caso del PP destaca especialmente porque, además de no avanzar, retrocede. Su puntuación cae más de diez puntos tras haber eliminado de su página web información que anteriormente sí estaba disponible, como el organigrama del partido o la descripción de su estructura organizativa.
Los informes del CTBG muestran que la información económica es, con diferencia, el ámbito más problemático de la transparencia partidista. Más allá de los salarios ocultos, las carencias se repiten en varios frentes.
En materia de contratación pública, PP, Izquierda Unida y Vox no publican ningún dato sobre contratos o convenios con las administraciones. PSOE, Podemos y Sumar optan por una fórmula defensiva: declaran que no son adjudicatarios de contratos públicos, sin aportar documentación adicional que permita verificar esa afirmación o conocer la existencia de convenios, subvenciones finalistas u otras relaciones económicas.
Los presupuestos y las cuentas previsionales tampoco escapan a la opacidad. Vox mantiene como información presupuestaria más reciente la correspondiente a 2022, mientras que PP y Sumar ni siquiera publican sus cuentas previsionales actuales.
En otros casos, la información existe, pero carece de calidad mínima: no está fechada, no se indica cuándo fue actualizada o se presenta en formatos que impiden el tratamiento y el análisis de los datos. El CTBG señala expresamente el caso de Vox, cuyas cuentas anuales están publicadas en archivos que no permiten copiar ni reutilizar la información.
Esta combinación de ausencias, desactualización y formatos opacos vacía de contenido práctico el deber de publicidad activa y convierte los portales de transparencia de los partidos en repositorios incompletos, más orientados al cumplimiento formal que a la rendición de cuentas efectiva.
La obligación legal
La base jurídica de estas exigencias no ofrece margen a la ambigüedad. Los partidos políticos están sujetos a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en tanto que perceptores de financiación pública. La norma les obliga a difundir de oficio información relevante sobre su organización, su actividad económica y la retribución de sus altos cargos.
Sin embargo, el propio diseño institucional del sistema de transparencia explica en parte la persistencia del incumplimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de un régimen sancionador efectivo en materia de publicidad activa. Su capacidad se limita a evaluar, formular recomendaciones e instar al cumplimiento, además de hacer públicos informes como los de 2025, cuyo principal efecto es el reproche reputacional. Las sanciones económicas y las consecuencias jurídicas más severas quedan, en la práctica, fuera de su alcance.
La citada norma establece que las obligaciones fijadas en su Capítulo II, entre ellas publicar “las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables”, así como “las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo” (artículo 8.1.f), son de aplicación a “los partidos políticos” (artículo 3).
La mayoría de los partidos suspenden en transparencia y no revelan el sueldo que pagan a sus dirigentes
Y deben cumplirse mediante su publicación “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización” (artículo 5.4).
Además, la ley establece que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos” (artículo 5.5).
El balance que dejan las evaluaciones de 2025 apunta a un patrón reconocible: los partidos cumplen cuando el coste político es bajo y se resisten cuando la información afecta al núcleo del poder interno. Publicar estatutos, códigos éticos o memorias de actividad tiene un impacto limitado; revelar cuánto cobran los líderes, en cambio, expone a las formaciones a la crítica pública y a comparaciones incómodas en un contexto de desafección política.
Las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trazan un diagnóstico incómodo para el sistema político español: la opacidad sobre las retribuciones de los máximos responsables de los partidos es absoluta y transversal. Ninguna de las seis principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida) cumple, según el CTBG, con la obligación legal de publicar en sus páginas web cuánto cobran sus dirigentes, pese a recibir financiación pública y a estar obligadas a hacerlo en virtud de la Ley de Transparencia.