Los abusos de la banca

Una sociedad estatal deniega peritos al juez Pedraz para el ‘caso Banco de Valencia’

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) ha contestado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no puede llevar a cabo su solicitud de que aporte dos peritos arquitectos que determinen las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

La ausencia de arquitectos que valoren varios terrenos impide desde el 24 de noviembre de 2013 al magistrado de la Audiencia Nacional cerrar las primeras pesquisas del caso, compuesto por una investigación principal y una decena de piezas separadas. 

Ante esta situación de bloqueo, Pedraz dirigió a la desesperada en junio pasado una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que le informaba de que la participación de los peritos en la instrucción es "imprescindible", al tratarse de un procedimiento penal de "especial trascendencia".

17.000 millones de euros

El Banco de Valencia tuvo que ser rescatado con 17.000 millones de euros de dinero público. Además, la investigación del caso Bankia ha puesto de manifiesto la importancia de la caída de esta entidad financiera en el posterior desplome de Bankia, que ha necesitado más de 24.000 millones para evitar su bancarrota. 

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha visto cómo se paralizaban las tres primeras acusaciones del caso Banco de Valencia, ya que no dispone de dos peritos arquitectos que se encarguen de determinar las presuntas irregularidades de sus dirigentes.

En una providencia del pasado 26 de noviembre, el juez Santiago Pedraz da cuenta de que la empresa de capital público Segipsa "no puede llevar a cabo la solicitud de designación de dos peritos teniendo en cuenta el régimen jurídico de encomiendas".

"Dificultades"

Esta decisión de la sociedad pública ha colmado la paciencia del juez, que muestra su frustración en la resolución del pasado miércoles 26 de noviembre: "Ante la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de esta investigación judicial y del resto de diligencias previas con el mismo objeto, para la elaboración de la tasación pericial acordada, confiérase traslado del contenido de su respuesta a las partes", asegura Pedraz.

Además, el magistrado otorga un plazo de 10 días para que las partes personadas le presenten un escrito, "solicitando la práctica de diligencias complementarias, en su ocaso, o la adopción de alguna de las resoluciones prevista en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El mencionado artículo incluye la posibilidad de pedir la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, entre otras.

infoLibre ha conversado con una acusación participar que en estos momentos estudia la posibilidad de encargar a una empresa privada la valoración de los terrenos que reclama el magistrado de la Audiencia Nacional para finalizar las primeras piezas separadas del caso Banco de Valencia.

El pasado 20 de noviembre de 2014, la presidenta de Segipsa, Alicia Díaz ZurroSegipsa, envió un escrito a Pedraz en el que aseguraba que esta empresa, es un medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado para la realización de determinados trabajos o servicios, siempre que dichos trabajos recaigan sobre cualquier bien o derechos integrados en el Patrimonio del Estado o en otros Patrimonios Públicos.

"Encomiendas"

"En consecuencia, teniendo en cuenta el régimen jurídico de encomiendas, esta sociedad estatal no puede llevar a cabo la solicitud de designación de dos peritos, a los fines indicados en su carta", refleja el escrito. Las encomiendas son los encargos directos que realizan los organismos públicos a otras entidades públicas consideradas "medios propios instrumentales", sin mediar concurso.

Pero además de esta supuesta restricción, la dirigente de la sociedad estatal explica a Pedraz que en la actualidad los recursos de Segipsa para realizar un trabajo técnico de las características indicadas actualmente están dedicados plenamente al cumplimiento de trabajos encomendados de conformidad a lo establecido en dicha norma.

Tras solicitar ayuda el 24 de noviembre de 2013, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Ménéndez, contestó el 2 de diciembre con una negativa. Según pudo comprobar este diario, el responsable de Hacienda justificó esta decisión por "la escasez de medios personales propios existentes".

Riesgo para Hacienda

Para el director general de la Agencia Tributaria, aportar dos empleados públicos para investigar el caso mermaría las posibilidades de actuación que "en el cumplimiento de los intereses generales, corresponden a la Agencia Tributaria, ocasionando riesgo para el normal funcionamiento del servicio público que le compete, con la consiguiente lesión de los intereses colectivos que tutela".

Además, Menéndez sostiene que la "ausencia de medios humanos" para prestar la colaboración con Pedraz "es una realidad probada" porque la Agencia Tributaria mantiene un contrato de asistencias técnicas que permanece vigente.

Con la intención de desbloquear el caso, el juez recurrió al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete. Le envió una carta en la que destacaba que en el caso Banco de Valencia se investigan delitos "cuya comisión ha afectado notoria y notablemente a la economía nacional", hasta el extremo de que fue necesaria la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fondo de Reestructuración

Además, el juez indicaba en la carta que la petición de funcionarios se justificaba por la necesidad de comprobar el contenido de las querellas presentadas por el FROB, un organismo dependiente del Gobierno, en las que asegura que las tasaciones se realizaron de una forma que incumplía la normativa.

El magistrado pretende recurrir a funcionarios porque "son expertos objetivos e imparciales, sin vinculación privada con ninguno de los contendientes y su imparcialidad viene determinada por su condición de funcionarios públicos, cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".

La complejidad del caso Banco de Valencia ha obligado a la Fiscalía Anticorrupción a desplegar un plan especial para investigar todas las presuntas irregularidades, según ya publicó infoLibre.  El Ministerio Público ha asignado a cinco fiscales a investigar las diferentes irregularidades que por el momento se han detectado. "El Banco de Valencia está dando un trabajo infernal", confirmó un portavoz de Anticorrupción.

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