Memoria histórica

El Supremo decidirá el 28 de febrero si convierte el Valle de los Caídos en un espacio de memoria para las víctimas

Imagen del Valle de los Caídos.

El próximo martes 28 de febrero el Tribunal Supremo deliberará, votará y fallará sobre la conversión del Valle de los Caídos en un espacio de memoria para las víctimas. Lo hace como respuesta al recurso interpuesto por Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, quienes en marzo de 2016, y ante el silencio del Consejo de Ministros tras una primera petición formal, instaron mediante un recurso contencioso-administrativo a reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio dedicado íntegramente a recuperar la memoria histórica de las víctimas del franquismo.

En noviembre de 2015 Garzón, Ollé y Ranz elaboraron un escrito dirigido al Consejo de Ministros en el que formulaban una serie de peticiones relacionadas con el Valle de los Caídos: la salida de los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, la supresión de la simbología franquista, la organización de la exhumación e identificación de los restos de las víctimas y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria para que el Estado pida perdón. El pasado 9 de febrero, precisamente, el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso una proposición no de ley para trasladar los restos del dictador.

En su escrito, solicitaban además la aprobación de una disposición de carácter general capaz de establecer un nuevo marco jurídico relativo a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de forma que prime la transparencia en sus cuentas y que se ponga en marcha un mecanismo de consulta para que las víctimas participen en el desarrollo de la normativa. Este jueves los autores de la iniciativa comparecieron ante los medios para recordar que la Fundación recibió, desde el 2012 y hasta el 2015, subvenciones por un importe de 340.000 euros anuales, lo cual "estaría bien si se convirtiera en un espacio de memoria", tal y como ha señalado Baltasar Garzón. En este sentido, pedían también la dotación suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el lugar, que ascienden a 33.847. Eduardo Ranz ha defendido, además, que "el Estado es el responsable de la exhumación, primero porque lo dice una ley y segundo porque el Estado es el responsable de lo ocurrido".

La petición requería también la "publicación oficial del nombre de todas las víctimas" y la cesión de toda "información suficiente para conocer el sentido inicial y el sentido actual" del espacio. Respecto a la convocatoria de un acto oficial para pedir perdón a las víctimas, Garzón apuntó que debe ser "el jefe del Estado" quien lo realice, "como manifiesto del pleno reconocimiento y reparación moral". 

Esta primera demanda, sin embargo, fue desoída por el Consejo de Ministros, quien no aportó respuesta alguna en el plazo legal de tres meses, incurriendo de este modo en un silencio administrativo. Como consecuencia, los impulsores de la petición registraron en marzo del 2016 un recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, con las mismas peticiones y, además, solicitando que se declarase la vulneración del artículo 29 de la Constitución, relativo al Derecho de Petición.

Sobre el recurso se posicionará el próximo martes 28 de febrero el Supremo, en lo que los autores consideran una "oportunidad histórica" para que los tribunales manifiesten que "en España también existe el derecho de memoria para todas las víctimas". El problema, a juicio de Baltasar Garzón, es "que no se quiere hacer", y el hecho de no aplicar una norma, como la ley de Memoria Histórica, implica una actuación que "es ilegal".

Respuesta tardía del Gobierno

Después de que el recurso fuera tramitado por el Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros remitió una respuesta fuera de tiempo a los peticionarios, "en lo que pareció ser un intento de satisfacción extraprocesal de las pretensiones de la parte demandante".

En su resolución, el Consejo señalaba el Informe de la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos del 28 de noviembre de 2011, respecto al deterioro del conjunto y a la necesidad de hacer del lugar un espacio "de encuentro de todos los españoles fueran cuales fueren sus ideologías". El escrito, tal y como han señalado los demandantes, hace hincapié en "las dificultades políticas y sociales que supone la ejecución de las recomendaciones de la Comisión y de las limitaciones de los recursos públicos para llevarlas a cabo, debiendo lograr los más amplios consensos sociales y políticos".

Eduardo Ranz ha subrayado, en este contexto, la necesidad de un "comité de científicos acreditados que expliquen los problemas arquitectónicos del Valle de los Caídos". Ranz señala, respecto a los recursos disponibles, que la Abadía Benedictina ha recibido 340.000 euros cada año en forma de subvenciones para "levantar las cargas espirituales impuesta por el fundador y atender a la finalidad social". También la Fundación Franco recibió una partida "de 150.000 euros para digitalizar archivos durante el Gobierno de Aznar". Sin embargo, señala el abogado, las víctimas del franquismo "se ven obligadas a privatizar las exhumaciones" porque no cuentan con ningún tipo de ayuda. 

"El Gobierno del PP frenó las subvenciones y cerró la oficina de víctimas", ha continuado Ranz, de modo que "la ley de Memoria Histórica la han derogado de facto". Por su parte, el letrado Manuel Ollé ha señalado que, de haber voluntad por parte del Estado español, el Valle de los Caídos podría convertirse en un espacio de homenaje hacia "el derecho de reparación, memoria, justicia y garantía de no repetición". Ha recordado, además, ejemplos como la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina, que ha calificado como un lugar "de encuentro, memoria y educación".

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