El final de ETA

Los tres retos pendientes tras el desarme de ETA: disolución, presos y relato

Miembros de ETA leen un comunicado de la banda, en una imagen de archivo.

La banda terrorista ETA anunció este viernes que, en las tres próximas semanas, entregará el arsenal de armas que todavía oculta cinco años después del cese de su actividad. El objetivo de la organización es haberse desprendido del material para el próximo 8 de abril, pero la entrega de las armas no supone cerrar la existencia de ETA. Tanto los partidos como los expertos insisten en que el paso natural tras el desarme es la disolución, y además apuntan dos aspectos a resolver para consolidar el escenario de paz: la política penitenciaria y la construcción de un relato que aborde más de 40 años de violencia.

El anuncio de ETA se produjo a través del periódico francés Le Monde por boca de Jean-Noël Etcheverry, una de las cinco personas vinculadas a una organización que el pasado 16 de diciembre fueron sorprendidos por la Guardia Civil en una operación en Francia, cuando trataban de hacer desaparecer armas de ETA. No obstante, pese a que el Gobierno ha querido ser cauto y no entrar en "especulaciones" al no existir un comunicado oficial de la banda, todos los partidos se han pronunciado en relación a un anuncio al que tanto el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, como el propio lehendakari, Íñigo Urkullu, aseguraron dar toda la "credibilidad".

No obstante, una ETA sin armas no implica una ETA desaparecida. Así, al menos, lo interpretan los expertos consultados por infoLibre, que señalan que el paso siguiente al desarme debe ser, necesariamente, la "disolución" de la organización. Con respecto a esta conclusión coincidieron expresamente varios partidos: el PSOE pidió que el desarme "venga acompañado del anuncio de la disolución definitiva" para que Euskadi se libre "por fin de la pesadilla de 50 años de existencia" de la banda, mientras el PP aseguró que ETA "tiene que desarmarse y disolverse" y Ciudadanos señaló que sólo espera la "disolución" de la banda. PNV o Podemos también mostraron su satisfacción por el desarme.

"Para la memoria de la sociedad vasca no cabe esperar otra cosa que la disolución de ETA", afirma en declaraciones a este diario Jonan Fernández, secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Con él coincide Javier Elzo, catedrático Emérito de Sociología de la Universidad de Deusto y uno de los principales investigadores sobre ETA. No obstante, Elzo y Fernández plantean además otros dos retos a abordar para normalizar la convivencia: los relativos a la política penitenciaria y también a la creación de un relato sobre los años de violencia.

Las múltiples formas de contar la historia

"No creo que vaya a existir nunca un relato único sobre ETA, ni creo que eso nos tenga que extrañar, porque tantos años después no hay un relato único de la Guerra Civil o del inicio de la Primera Guerra Mundial", señala Elzo, mientras Fernández coincide en que "en ningún proceso violento se puede aspirar a que exista un único relato" porque unos y otros van a ofrecer diferentes perspectivas. No obstante, el secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco asegura que el "mínimo común" que respalda su administración pasa por el reconocimiento de la "vulneración de derechos humanos". "Tiene que quedar claro que nunca más debe existir ni terrorismo ni violación de los derechos humanos", sostiene Fernández.

A este respecto, el papel del Gobierno vasco debe de ser el de propiciar el "diálogo entre memorias", sostiene Fernández. "Deben visualizarse todas las violaciones de los derechos humanos sin que importe su signo, y sobre todo no utilizar unas violencias como justificación de otras", apunta el dirigente, que señala que la administración busca fomentar una "memoria crítica". Desde hace meses, el departamento que dirige Fernández realiza debates sobre memoria o exposiciones al respecto precisamente para fomentar esta memoria.

Por el contrario, Elzo opina que la administración no tiene que ser la que promueva, al menos de manera principal, un relato sobre los hechos. "Tiene que partir de la academia y de la sociedad civil, y debería propiciar que las historias no queden olvidadas, que el testimonio de todo aquel que tenga algo que decir sea registrado" y se ponga a disposición de investigadores y del público, señala el sociólogo. En este sentido, Elzo se pronuncia sobre una de las cuestiones más espinosas: a quién considerar víctima de la violencia. "Yo definiría como víctimas a quienes han sufrido violencia injusta, una definición en la que entrarían las víctimas de ETA o las de las torturas, pero no, por ejemplo, las víctimas de las acciones policiales" proporcionadas, señala el académico.

Pero, ¿qué dicen las víctimas del terrorismo de ETA al respecto? Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, señala en declaraciones a infoLibre que "está pendiente el gran reto de deslegitimar la violencia y de que se escriba un relato honesto de lo ocurrido", y afirma que este relato "inevitablemente tiene que contar con las víctimas". "Con nuestro comportamiento pacífico y democrático ante la barbarie terrorista hemos contribuido a frenar una espiral de violencia que podría haber tenido graves consecuencias para la sociedad", argumenta Ordóñez, que asegura que "las víctimas somos quienes podemos relatar de la forma más precisa las consecuencias del terrorismo en las vidas de las miles de personas que lo hemos sufrido".

La dispersión de los presos

El tercer gran reto abierto tras el anuncio del desarme tiene que ver con la política penitenciaria con los presos de ETA, a los que actualmente se les aplican medidas de dispersión que provocan que, en muchos de los casos, estén recluidos lejos de Euskadi. Elzo y Fernández apuestan por el fin de esta política, que también genera críticas en partidos como el PNV o Podemos pero que cuenta con el respaldo del Gobierno central y de asociaciones de víctimas como Covite.

"Siempre he dicho que el lugar de un terrorista es la cárcel, pero también creo que ahora mismo no estamos aplicando una justicia enfocada en la reinserción, sino una justicia vengativa", argumenta Elzo. El sociólogo admite que la política de dispersión "en algún momento tuvo su razón de ser" para evitar que los presos etarras pudieran organizarse aún estando encarcelados, pero asegura que, habiendo renunciado la banda a atentar, carece de sentido. Fernández coincide: "Es necesario un acercamiento de los presos a Euskadi, legalmente nada lo impide y tienen derecho a estar reclusos en un lugar donde puedan mantener su arraigo" familiar, plantea.

Sus argumentos son similares a los que enunciaron tres jueces del Tribunal Constitucional hace unos días, que emitieron sendos votos particulares en una sentencia que rechazó precisamente el acercamiento de un preso a Euskadi. "La situación de abandono unilateral de sus actividades por parte de la organización ETA desde hace ya algunos años también debe servir de elemento para hacer la debida ponderación en este tipo de decisiones", afirmaron entonces los magistrados Antonio Xiol, Adela Asúa y Fernando Valdés, que calificaron de "desproporcionado e innecesario" el perjuicio familiar al preso porque las razones para denegar el acercamiento a la localidad donde reside su familia "no han versado ni sobre razones de organización penitenciaria", "ni sobre razones de tratamiento", "ni, explícitamente, sobre razones regimentales".

Pero Covite no opina igual. "Como hemos repetido por activa y por pasiva, la distancia que separa a los presos de sus casas está en sus propias manos", asegura Consuelo Ordóñez, que afirma que los presos tienen mecanismos establecidos para ser acercados a Euskadi. "Si ellos renuncian a la violencia y se desvinculan de ETA, automáticamente son trasladados a cárceles cercanas a sus domicilios. Es una decisión exclusivamente suya", zanja.

La participación o no del Gobierno

En cualquier caso, y si no hay cambio de planes, la banda terrorista tiene previsto haberse desarmado de aquí al 8 de abril. Íñigo Urkullu pidió este viernes a los gobiernos español y francés "altura de miras" y ofreció su colaboración para que el desarme sea "unilateral, irreversible, completo y legal", algo que Unidos Podemos también reclamó al asegurar que el Gobierno central tiene "el deber político y moral" de participar en él. "Esperamos que no se pongan obstáculos en un momento histórico para el país", afirmó por su parte Otegi; en juego, según dijo, está "un desarme definitivo e integral".

Pero PP y Ciudadanos afirman que es ETA la que tiene que dar pasos hacia su disolución. "La posición del Gobierno es muy clara y muy nítida, ETA tiene que hacer dos cosas: tiene que desarmarse y disolverse", afirmó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que pidió cautela para ver "cómo se concreta" el comunicado. Covite se expresa en el mismo sentido: "Vamos ser prudentes en torno al desarme: son las fuerzas de seguridad las únicas que tendrán que valorarlo y verificarlo", plantea a infoLibre Ordóñez, que señala que "las armas tienen que ser debidamente custodiadas porque constituyen pruebas que pueden ayudar a resolver los más de 300 asesinatos que aún están sin resolver, y los miembros huidos de ETA tienen que entregarse o ser detenidos y pasar a disposición judicial para que sus delitos sean juzgados".

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