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La gestión de Ayuso

El tribunal que vigila los contratos de Madrid avisa del "incremento sustancial" de los pagos fuera de control

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid ya avisó en junio de 2023 de que los pagos a proveedores privados mediante el sistema de “convalidación de gasto” habían experimentado “un incremento sustancial”, aunque no consideró que hubiese motivos para iniciar ningún procedimiento sancionador. Fórmula legal pero solo prevista para situaciones excepcionales, la convalidación garantiza el pago de los suministros o servicios prestados sin fiscalización previa por proveedores que en ese momento carezcan de contrato vigente por distintas circunstancias. Pero, tal como señala un decreto aprobado por el mismo PP en el Ayuntamiento de Madrid, lo que debería tener “un carácter residual y no recurrente y estructural” se ha disparado desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso (PP) a la presidencia autonómica. De las 139 convalidaciones aprobadas por el Gobierno regional en 2019, año en que la actual presidenta tomó posesión del cargo el 14 de agosto, se ha pasado a las 510 de 2022, según los sucesivos informes anuales del TACP, todos ellos consultados por infoLibre.

En el último cuatrienio (2020-2023) el Ejecutivo de Ayuso ha desembolsado por esa vía más de 2.000 millones de euros, según informó eldiario.es. Y como había publicado infoLibre, 707 millones –es decir, un tercio del total– llegaron a las cuentas del hospital Fundación Jiménez Díaz, de Quirón Salud. El Jiménez Díaz es el auténtico buque insignia del holding que en la primera década del siglo se convirtió en el gran beneficiario de la privatización sanitaria emprendida por Esperanza Aguirre. Hasta ahora, nadie ha explicado por qué acudió la Consejería de Sanidad a la fórmula de la convalidación en lo que respecta al único hospital propiedad de Quirón –los otros tres que gestiona son de titularidad pública– y con el que mantiene un “convenio singular” desde diciembre de 2006. La Consejería de Sanidad anunció días atrás que su objetivo es "la convalidación cero".

Una de las filiales del coloso sanitario citado en el párrafo anterior, Quirón Prevención SL, realiza los reconocimientos médicos a la plantilla de la Administración madrileña. Y según Hacienda, fue al menos en el bienio 2020-2021 el principal cliente de Alberto González Amador, pareja de Ayuso y al que la Fiscalía atribuye un fraude fiscal de 350.000 euros reconocido por su propio abogado. Sobre González Amador pesa también la imputación de un supuesto delito de falsedad documental cimentado en empresas que habría utilizado como instrumentales para emitir facturas irreales.

Un revés a la libre competencia y una figura opaca

Distintas por completo a los contratos de emergencia –tramitados a gran velocidad pero formalmente dentro del marco normativo aunque ese es uno de los puntos que ahora investigará el Congreso– y de las prórrogas de contrato, las convalidaciones de gasto suponen en la práctica un revés a la libre competencia. Si un proveedor sigue cobrando de una administración pública más allá del límite establecido en el pliego de condiciones por el que se reguló la adjudicación o sin que esta haya existido en ningún momento, ese proveedor carece literalmente de competidores.

Ese hecho topa de frente con un discurso favorable al libre mercado que la presidenta de Madrid presenta como uno de los pilares de su política económica. Según Ayuso, el Gobierno madrileño del PP “lleva casi dos décadas suprimiendo todos los impedimentos a la libre competencia, como son las leyes innecesarias o el exceso de impuestos o burocracia”.

Que las convalidaciones constituyen una figura opaca está fuera de duda. En el portal de contratación, de acceso público, no figuran las memorias justificativas de por qué se acude a esa vía en cada caso y se paga la cantidad aprobada en vez de haber convocado una licitación a la que pudieran presentarse las empresas interesadas. La única información disponible es la que el Consejo de Gobierno refleja en la nota oficial que emite tras cada sesión. Si el Ejecutivo ha aprobado ese día una convalidación de gasto –o una decena, como ha llegado a ocurrir–, el comunicado difunde la cuantía aprobada, el servicio o el suministro con que se corresponde y, en la mayoría de los casos, la identidad del destinatario de los pagos.

Del crecimiento progresivo de las convalidaciones aprobadas durante los Gobiernos de Ayuso, el Tribunal de Contratación se había limitado hasta 2023 a enumerarlas ejercicio por ejercicio, aunque el cómputo temporal no iba siempre de enero a diciembre sino que en ocasiones se sumaban datos de meses de dos años consecutivos. Las cifras que recogen los informes son estas: 63 convalidaciones en 2017; 22 en 2018; 139 en 2019; 192 en 2020; 520 en 2021 y 510 en 2022. A ellas –aquí, contabilizadas por infoLibre aunque el TACP no dará cifras hasta este verano– se unen las 322 de 2023.

“Dificultades” por la falta de personal

Es en el último de los informes anuales emitidos por el TACP, órgano adscrito a la Consejería de Hacienda y  que –se lee en la web oficial– “goza de independencia funcional" donde se incluye el siguiente párrafo: “El propósito de informar cada uno de los expedientes de convalidación de gasto aprobados por el Consejo de Gobierno con el informe de Intervención a los efectos de las competencias propias de este Tribunal encuentra dificultades en las disponibilidades de personal del mismo y el incremento sustancial de este tipo de expedientes”.

Tras la lectura de un diagnóstico que hasta ahora había pasado inadvertido y que se centra en las “dificultades” de examinar todos los expedientes de convalidación así como en su “incremento sustancial”, infoLibre preguntó a la Consejería de Hacienda cómo hay que traducir un párrafo inequívoco pero de redacción algo farragosa. La respuesta fue la que sigue: "Se han analizado con carácter interno todos los expedientes y no se ha iniciado ningún expediente por las causas establecidas en los informes trasladados”. Es decir, el TACP no considera que quepa ninguna sanción.

Las fuentes de Hacienda prosiguen así: “Las dificultades de personal en un momento determinado no han impedido que se conocieran y analizaran todos [los expedientes de convalidación]. Para atender las necesidades de personal se ha provisto una plaza de nueva creación que corresponde a un técnico (A1) que actualmente se encuentra cubierta por un funcionario interino desde diciembre de 2023”.

En el punto de mira de la oposición

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Para la oposición, las convalidaciones de gasto operan desde hace años como una máquina cuyos mecanismos solo conoce quien la maneja: aquí, el Gobierno regional. Más Madrid llegó a presentar hace justo un año una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que el órgano fiscalizador terminó archivando. No era la primera vez que ponía el acento sobre un asunto que durante años ha permanecido fuera del debate público. En octubre de 2021, uno de los expertos de Más Madrid en contratación, el diputado Eduardo Gutiérrez, definió así en declaraciones a infoLibre lo que ya entonces se había convertido en práctica habitual: "Las convalidaciones de gasto, normalizando a posteriori gastos que se realizan sin control previo alguno y de las que está abusando el Ejecutivo de Ayuso, son la evidencia del descontrol del uso que está haciendo el Gobierno del PP de los dineros de todos los madrileños".

Para el PSOE, las convalidaciones de gasto operan como una herramienta de bloqueo de la libre concurrencia. “Por la puerta trasera y sin control previo de la Intervención General –sostiene el diputado Daniel Rubio–, la Comunidad de Madrid recurre a la fórmula de la convalidación de gastos, que llega en algún ejercicio presupuestario al 30% del presupuesto”. “Con ello –agrega– hurtan la libre competencia entre empresas. Y por ello, una y otra vez o bien rechazan las iniciativas del grupo parlamentario socialista para analizar este asunto, o bien dilatan los plazos legales que tienen para responder las solicitudes de información”.

Incluso Vox, aliado estratégico del PP, pidió ya en 2022 la comparecencia en la Asamblea de Madrid del presidente del Tribunal de Contratación, Laureano Peláez, funcionario nombrado para el cargo por el Gobierno madrileño previo concurso. El objetivo de aquella comparecencia era “asesorar sobre la utilización del procedimiento de convalidación del gasto”. Gracias a su mayoría en la Mesa de la Cámara autonómica, el PP tumbó la solicitud. Lo hizo –la fórmula se repite– alegando que Peláez no se cuenta “entre los eventuales destinatarios de las comparecencias contempladas” en el Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

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