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Comunidad de Madrid

La urgencia de Ayuso por controlar Telemadrid le lleva a crear un director provisional a su servicio que no existe en ninguna televisión autonómica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No era ningún secreto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso metería mano a Telemadrid en cuanto la nueva legislatura echase a andar. De hecho, era algo que no ocultaban en la Puerta del Sol. Lo que quizá no se esperaba era que los conservadores dieran el paso tan rápido. Lo hicieron cuarenta y ocho horas después de la nueva toma de posesión de Ayuso como presidenta regional, con el registro en la Asamblea de Vallecas de una proposición de Ley con la que pretenden retocar tres artículos de la norma que rige el funcionamiento de la radiotelevisión pública madrileña. No son muchos, solo los necesarios para hacer caer al actual director general, José Pablo López, y nombrar con la ayuda de Vox a un administrador provisional con sus mismas funciones que tome las riendas del ente hasta que se encuentre a un sustituto. Una figura de nueva creación que, de recibir luz verde la reforma, convertiría a Madrid en la única región con un cargo transitorio que pueda hacer y deshacer a su antojo. 

La clave del movimiento de los conservadores se encuentra, fundamentalmente, en la modificación del artículo 22 de la Ley de Radio Televisión Madrid, el que regula el mandato del director general. El PP plantea reducirlo de los seis años actuales a los cuatro, un cambio que sería aplicable, tal y como se establece en la disposición transitoria, "en el momento de la entrada en vigor" de la reforma. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto ocurra, el mandato de López estaría automáticamente consumido. ¿Y qué sucedería entonces? Que la Asamblea de Vallecas tendría que ponerse inmediatamente a buscar un sustituto. Los conservadores son conscientes de que no será sencillo. Principalmente, porque el proceso de elección requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara, 91 diputados que PP y Vox no tienen. Y hasta que eso ocurra, la actual redacción normativa establece que el director general tiene que continuar en el ejercicio de sus funciones. 

Por eso, la reforma normativa del PP borra también esta última cuestión. Y, en su lugar, crea el cargo de administrador provisional, que será quien lleve las riendas del ente público "con las mismas funciones y competencias" que el director general hasta que se le consiga encontrar un sustituto. En este caso, se trata de un puesto mucho más político. Principalmente, porque es el Gobierno regional el que se encarga de nombrarlo. Es cierto que luego esa propuesta tiene que ser ratificada por la Asamblea. Sin embargo, es suficiente para que salga adelante con una mayoría absoluta en segunda votación de la que sí disponen, actualmente, PP y Vox. La reforma legal no incluye ningún límite temporal. El administrador provisional estará hasta que se elija a un nuevo director general. Es decir, que si hay un bloqueo podrá mandar sine die la persona elegida por el Ejecutivo de turno. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido en las últimas horas que lo que buscan los conservadores con su proposición es "perfeccionar la ley". Así, este martes el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha señalado que la propuesta sigue "el derecho comparado del resto de comunidades". Sin embargo, lo cierto es que ninguna región con una radiotelevisión pública cuenta en su ordenamiento jurídico con la figura del administrador provisional. De Andalucía a Galicia pasando por Baleares, Euskadi o Cataluña, todas ellas tienen establecido que es el mismo director general el que continúa en funciones al finalizar su mandato y hasta que se cierra el relevo. Un cargo que sí existe en el caso de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y que ocupó Rosa María Mateo hasta la elección de José Manuel Pérez Tornero como nuevo presidente del ente público.

De la vanguardia a la cola en independencia

Con la reforma, Madrid deja de estar también a la vanguardia normativa en lo relativo a independencia política en los medios públicos. La ley que ahora se busca retocar fue aprobada en 2015, con Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo regional. El objetivo, y así se apuntaba en la exposición de motivos, era construir una entidad "profesional y despolitizada". Para ello, se cambió el método de elección del director general: dejaba de ser nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Administración y se pasaba a una fórmula en la que la propuesta de este último órgano necesitaba ser ratificada por dos tercios de la Asamblea regional. De esta manera, Madrid se alejaba de comunidades como Castilla-La Mancha, donde el máximo responsable de la radiotelevisión pública sigue siendo todavía nombrado por el Consejo de Gobierno "oído el Consejo de Administración". 

El filtro parlamentario está presente en casi la totalidad de regiones. Y el juego suele implicar, en la mayoría de los casos, mayorías reforzadas. En Cataluña, el presidente de la Corporación Catalana de Medios es elegido en el Parlament por "una mayoría de dos tercios" y a propuesta, como mínimo, "de tres grupos parlamentarios" de entre los que forman parte del Consejo de Gobierno del ente. En Extremadura, el candidato, que propone el Ejecutivo regional, tiene que recabar el respaldo de tres quintos de la Cámara. En otras regiones, se plantean dos votaciones. En Andalucía, Murcia o Galicia se necesitan dos tercios en primera vuelta y tres quintos en segunda, mientras que en Aragón se requieren dos tercios en primera y absoluta en segunda. En Baleares y Canarias vale con tres quintos o absoluta. La mitad más uno de los miembros de la Cámara es lo que está establecido en el caso de Euskadi, donde el candidato a director general lo propone el Ejecutivo vasco.

En busca de la despolitización, la ley de Cifuentes también incorporaba novedades en los mandatos. Así, se fijó en seis años el del director general, a fin de evitar relevos con cambios de ciclo político. Ahora, Ayuso vuelve a ajustar los tiempos a la duración de las legislaturas, lo que, de aprobarse, alejaría a Telemadrid de otras regiones. En Galicia o Extremadura, el mandato del director general tiene una duración establecida de cinco años, mientras que en Cataluña, Asturias o Baleares es de seis –de hecho, en las dos últimas hay renovaciones parciales en los respectivos Consejos de Administración–. En el caso de la Comunitat Valenciana, el mandato del director general, que es elegido por Les Corts a propuesta del Consejo Rector y tras un concurso público, tiene una duración de tres años, lo que también impide relevos inmediatos con el cambio de Gobierno, algo que sí rige el funcionamiento de la radiotelevisión pública en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Euskadi o Canarias.

"Retrotrae a tiempos de control político y despilfarro"

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La despolitización de los medios públicos ha sido desde hace años una de las preocupaciones de algunos organismos internacionales. En enero de 2019, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitó a los Estados miembro a través de una resolución aprobada casi por unanimidad que hiciesen todos los esfuerzos necesarios para garantizar la "independencia editorial" y "un periodismo de calidad" que merezca la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación públicos. De hecho, si algo ha conseguido Telemadrid desde que llegó la nueva dirección ha sido atraer a cada vez más espectadores. Si en el momento de la llegada de López la audiencia se situaba en el entorno del 4% y su credibilidad era nula tras una década al servicio de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ahora es capaz de alcanzar cuotas de pantalla de casi el 26%.

La reforma planteada por el PP ha puesto en pie de guerra a los colectivos profesionales, que ahora ya no podrán participar en el procedimiento de conformación del Consejo de Administración –si antes planteaban cinco de los nueve consejeros, ahora todos quedan en manos de los grupos políticos–. "Retrotrae a tiempos de control político y despilfarro económico", han señalado desde el Comité de Empresa de Telemadrid, que sostienen que la reforma "parece ilegal" y lamentan que se trate de dar marcha atrás después de haberse conseguido recuperar "la credibilidad de la sociedad madrileña". También desde la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha expresado su rechazo al que consideran un "ataque" contra "un servicio público" que "pertenece a toda la ciudadanía" y que debe "seguir garantizando una información veraz, plural e independiente"

Ayuso, por el momento, no parece dispuesta a ceder ante la exigencia de Vox de bajar la persiana de la televisión pública. "Es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año", resaltaba la portavoz del partido ultraderechista, Rocío Monasterio, durante el debate de investidura de la presidenta conservadora. Sin embargo, lo cierto es que Telemadrid no es una empresa deficitaria. En 2018, 2019 y 2020 ha cerrado en equilibrio presupuestario, con un ligerísimo superávit. Allá por 2011, quien era directora de la cadena, Isabel Linares, presumía de que la cadena costaba a sus habitantes 17,1 euros. Ahora, el coste ronda los 11 euros por madrileño al año. Lejos quedan ya esas deudas que llegaron a alcanzar los 260 millones de euros durante la etapa más negra de la cadena. Unos años de despilfarro económico marcados por las inversiones ruinosas y los contratos disparatados.

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