Euskadi

Los vascos podrán exigir ante los tribunales un alquiler barato que garantice su derecho a la vivienda

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El Parlamento vasco ha aprobado, con el apoyo de EH Bildu, PSE y UPyD, la Ley de Vivienda, que contempla medidas como el derecho subjetivo a un alquiler barato, un canon para pisos desocupados y la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos.

El grueso de la ley ha salido adelante con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y UPyD, y el rechazo del PNV y el PP, que consideran la nueva norma un "brindis al sol" y "papel mojado".

La Ley de Vivienda de Euskadi reconoce el derecho subjetivo del acceso a la vivienda, lo que supone que las personas con escasos recursos, y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán exigir ante los tribunales de justicia que la Administración les facilite –a cambio de un alquiler social– una vivienda en la que residir.

Dada la dificultad de llevar a la práctica esta premisa, la propuesta contempla que el ejercicio de este derecho se efectúe de forma progresiva. De esa forma, en el primer año a partir de la entrada en vigor de la ley, se reconocerá el derecho subjetivo al acceso a la vivienda para las unidades de convivencia de tres o más miembros, con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que lleven cuatro o más años registradas como demandantes de un alquiler en el registro oficial.

A partir del segundo año de la entrada en vigor de la ley, se prevé que este derecho pueda ser ejercido también por las unidades de convivencia de dos miembros, con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales y que –al igual que en el caso anterior– lleven cuatro o más años registradas como demandantes de un alquiler en el registro oficial.

A partir del tercer año de la aprobación de la ley, se reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda para las unidades de convivencia de un miembro y con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales. El requisito de antigüedad en el registro de demandantes es el mismo que el de los dos casos anteriores.

15% de los ingresos

Para hacer efectivo este derecho, se establece que a las personas con unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se les podrá exigir que paguen por un alquiler más de un 15 por ciento de su renta disponible. Esta cifra, para el resto de colectivos reconocidos en la ley, se elevaría a un 30 por ciento.

Otra de las principales medidas que se recogen en la ley es el establecimiento de un canon para gravar los pisos vacíos. La medida no afecta a las viviendas de veraneo, sino sólo a aquellas que permanezca desocupadas de forma continuada y durante más de dos años. Este recargo se aplicará cuando una vivienda lleve más de dos años sin ocupar y será de diez euros por metro cuadrado al año.

No obstante, por cada año que pase sin que el piso sea ocupado, se aplicará un incremento del canon de un diez por ciento, hasta un límite por el que no se podrá triplicar la cuantía del gravamen inicial establecido. Además, se determina que en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la norma, el 80 por ciento de la vivienda pública que se construya en Euskadi deberá estar destinada al alquiler. Una vez transcurridos esos cinco años, las viviendas públicas que se creen deberán ser para alquiler.

También se establece que las personas que alquilen una finca urbana, tanto como vivienda como a otros usos, deberán depositar la fianza en la delegación territorial del Gobierno vasco y este podrá destinarlo a financiar políticas de fomento del derecho a la vivienda, siempre que quede garantizada su devolución.

Tras su aprobación, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, defendió, en declaraciones a los medios de comunicación, que el Gobierno vasco no está en contra del derecho subjetivo a la vivienda porque "ya existe", a través de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Asimismo, advirtió de que esta ley exige modificar el presupuesto destinado a la Vivienda, que pasaría de los 100 millones actuales a los 160 millones, lo que tendría como consecuencia la realización de un ajuste presupuestario. "Como Gobierno, hacemos nuestra la ley que el Parlamento vasco ha aprobado y contribuiremos con todas las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que corresponda y tratar de armonizar las colisiones que hay con otras leyes", dijo.

El parlamentario del PSE Bixen Itxaso presentó el texto legislativo recordando que fueron los socialistas quienes impulsaron hace dos años la proposición de ley y destacó el respaldo recibido por parte de EH Bildu y UPyD para lograr que la tramitación saliera adelante.

Según explicó, la nueva ley busca declarar el derecho subjetivo a la vivienda y ha rechazado las críticas lanzadas por el Gobierno vasco alertando de que podría provocar un efecto llamada, asegurando que esta nueva norma "no trata de ser una amenaza para nadie, sino que trata de guiar políticas públicas que hagan posible ese derecho a la vivienda". "El Gobierno del PP y en general toda la derecha, consideran que invade el derecho de propiedad y de ahí los recursos de inconstitucionalidad con los que amenaza", lamentó.

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Desde EH Bildu, la parlamentaria Marian Beitialarrangoitia reconoció que el "desarrollo y materialización" de la ley corresponde al Gobierno vasco, que ya se ha mostrado "contrario" al texto y explicó que no les parece "adecuado" poner "deberes" para que la ley "no quede en nada", por ello destacó la aplicación "escalonada" para llevarla a cabo.

Para la coalición, la nueva ley es "un nuevo instrumento que no va a solucionar los problemas de todos pero sí algunos de ellos" y ha subrayado la necesidad de actuar con "ambición" para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, consideró "injustas" las críticas del Gobierno vasco porque defiende que se ha tratado de hacer "la mejor ley posible" y ha asegurado que al respaldar este texto "no queremos hacer demagogia", sino "resolver los problemas derivados de la vivienda" porque se trata de una ley "segura jurídicamente".

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