Adiós a las campañas del VIH y vía libre a 'terapias de curación': así quiere fulminar Vox las leyes LGTBI

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a la líder de Vox, Rocío Monasterio.

Vox pisa el acelerador en su ofensiva contra la normativa LGTBI madrileña. Una vez apalabrados los Presupuestos, la extrema derecha ha activado ya la tramitación de su Ley de Igualdad en la Asamblea de Vallecas, un texto que llegará el próximo 16 de diciembre al Pleno. A dos semanas vista, todas las miradas se sitúan sobre el PP, que es quien tiene en su mano la admisión a trámite de la proposición. Los conservadores siempre se han mostrado abiertos a retocar algunos aspectos del armazón jurídico. Pero no a fulminarlo completamente, que es lo que Vox busca con su iniciativa y que implicaría un retroceso importante de derechos que con tanto esfuerzo han sido conquistados en los últimos años.

La Ley de Igualdad puesta sobre la mesa no es más que una síntesis de la parte más radical del ideario de la extrema derecha. El texto no menciona ni una sola vez el término "mujer". Ni, por supuesto, "violencia de género" o "violencia machista". Se asume, por tanto, que no existe una situación de violencia específica contra las mujeres solo por el hecho de serlo. Es más, es algo que se trata de desdibujar con la inclusión de la cada vez más manida expresión "violencia en el ámbito familiar". Pero este no es, sin embargo, el único retroceso en materia de igualdad. El otro se encuentra escondido en la disposición derogatoria única, que recoge la eliminación de la Ley de Identidad y Expresión y la Ley contra la LGTBIfobia.

El borrado de este armazón jurídico llevaría aparejado un preocupante retroceso en materia de derechos. Así, por ejemplo, se daría carta blanca a las tristemente famosas terapias para curar la homosexualidad. Actualmente, la normativa autonómica prohíbe que una persona pueda "ser presionada, coaccionada u obligada" a "someterse" a "tratamientos hormonales, quirúrgicos, psiquiátricos o de cualquier otro tipo con la finalidad de modificar su identidad o expresión de género, características sexuales u orientación sexual". Es más, la "promoción y realización" de estas "terapias" se considera "infracción muy grave", lo que lleva aparejada una sanción que oscila entre los 20.001 y los 45.000 euros.

El texto de Vox no hace mención a estas prácticas, que hace un par de años se promovían desde el Obispado de Alcalá de Henares, tal y como desveló elDiario.es. Ni, por supuesto, las contempla en su cuadro sancionador. Pero no solo eso. El texto de la extrema derecha incluye, además, una salvaguarda a la que poder agarrarse en el caso de expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la norma ultra. "Los procedimientos de inspección y los sancionadores que hayan sido incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por esta", se contempla en una de las disposiciones.

Campañas gratuitas VIH

La aprobación de la norma de la extrema derecha también tendría implicaciones sobre las actuaciones de protección que la administración regional debe llevar a cabo frente a enfermedades de transmisión sexual. Actualmente, la Ley de Protección contra la LGTBIfobia recoge en su artículo 39 la obligación del sistema sanitario madrileño de realizar "de manera gratuita campañas de detección precoz del VIH, especialmente en zonas rurales". Algo de lo que, sin embargo, se olvidan los ultras en su texto, en el que se limitan a recordar, en términos amplios, que "el sistema sanitario garantizará que la política sanitaria sea respetuosa hacia todas las personas y sus opciones y preferencias personales".

En materia de salud, la derogación que Vox busca de estas normas también pondría punto y final a la atención específica que tienen derecho a recibir las personas trans –tanto adultas como menores– en la región. Actualmente, la Ley 2/2016 obliga al sistema sanitario público madrileño a proporcionarles el "tratamiento hormonal", el "proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax", el "material protésico necesario", los "tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz" o el "acompañamiento psicológico adecuado". Una atención específica que la extrema derecha no refleja en su proposición, como tampoco la que se contempla para las personas intersexuales.

Acreditaciones administrativas

Las personas trans también desaparecerían del ámbito de la Administración. El texto de la extrema derecha, de nuevo de la forma más amplia posible, obliga a la Comunidad de Madrid a garantizar "la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento respecto de situaciones de especial riesgo de discriminación". Y ahí se queda, frente a una normativa actual que le obliga a obrar "teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer", contemplando para ello la expedición de "acreditaciones" acordes con esta identidad con las que puedan acceder a "servicios administrativos y de toda índole".

A nivel policial, con la derogación del actual marco normativo la administración autonómica ya no estaría obligada a incluir "acciones formativas" en las que "específicamente" se recoja el "tratamiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación" de las personas LGTBI, en especial las personas transexuales. Bastaría, tal y como se contempla en la iniciativa de Vox, con "acciones formativas en las que específicamente se recoja el tratamiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación". De nuevo, un intento de diluir la especial protección que tienen los colectivos vulnerables.

Exactamente lo mismo sucede a nivel educativo. En el texto ultra se establece que los currículos deben contener "pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto entre todas las personas" y que se elaborarán protocolos "que permitan detectar, prevenir y corregir acciones de discriminación y acoso en las aulas". Sin embargo, ni una mención específica a incluir la realidad LGTBI en los planes de estudios, ni a protocolos de atención educativa a la identidad de género, ni al respeto a la imagen física del alumnado trans o la libre elección de su indumentaria, cuestiones que sí que se recogen en las normas autonómicas que la Ley de Igualdad de Vox contempla eliminar.

Una decisión previa a la aprobación de Presupuestos

Con la desaparición de Ciudadanos, la extrema derecha se ha erigido como pieza clave en la gobernabilidad de los conservadores. Y Madrid se ha convertido en el laboratorio de esta nueva forma de hacer política junto a los ultras. Si Isabel Díaz Ayuso es presidenta regional es porque la extrema derecha votó a favor de su investidura. Y si continúa la legislatura sin apenas sobresaltos es, de nuevo, gracias a Vox. Con sus votos, los ultras han impedido que se reabra la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. O que se ponga la lupa sobre los negocios que pueda tener el hermano de la presidenta.

Y también con sus escaños Vox permitirá que Ayuso saque adelante sus primeros Presupuestos autonómicos. Hace justo una semana, ambos partidos suscribieron un acuerdo en el que la extrema derecha colocaba algunas de sus banderas ideológicas –auditorías de los centros de menores no acompañados, análisis de las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años o recorte de gasto político–. Un texto que, sin embargo, no hacía mención alguna a la derogación de lo que Vox califica como "leyes de género", una eliminación que los ultras llevan exigiendo a Ayuso desde el mismo día de su investidura. "Seguimos negociando", se encargan de repetir una y otra vez desde el Ejecutivo autonómico.

La ultraderecha, sin embargo, ha decidido pisar el acelerador con su Ley de Igualdad, obligando a los conservadores a pronunciarse sobre este tema en la Asamblea de Madrid pocos días antes de que se produzca la votación definitiva de sus cuentas públicas. El PP, por el momento, ha evitado adelantar el sentido de su voto. La presidenta no es partidaria de una derogación completa de estas normas, aunque sí ve con buenos ojos una reforma de aquellas cuestiones que considera mejorables. En concreto, se refiere a la eliminación de la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de cometer una discriminación a aportar una justificación de lo que ha hecho "con hechos o indicios razonables, fundamentados o probados". Es el principal punto de encuentro entre ambas formaciones.

El movimiento LGTBI ya ha convocado una concentración el próximo 15 de diciembre, horas antes del debate de toma en consideración del texto de la ultraderecha, en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional. Una movilización a la que han llamado a sumarse los tres partidos de la izquierda. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han dejado claro este martes, tras una reunión a la que no ha acudido el PP, que harán frente común contra la derogación que pretende Vox. "Queremos ver si Ayuso quiere destacar Madrid porque elimina derechos como Hungría o Polonia o quiere destacarla porque es una comunidad abierta e integradora", ha sostenido el diputado socialista Santi Rivero.

Una preocupación que ha saltado a la arena política nacional. "Exigimos al Gobierno la aceleración y aprobación de la ley LGTBI y Trans estatal para defender la libertad frente a quienes la están poniendo en peligro como en Madrid", ha pedido en redes sociales Más País, que ha registrado en la Cámara Baja una pregunta parlamentaria interesándose por los motivos que "justifican la demora" en la tramitación de dichas normas y preguntando al Ejecutivo central cuándo está prevista la aprobación de ambos textos y si se ha planteado tramitarlos por la vía de urgencia.

Las banderas ideológicas que Vox ha conseguido colocar en los primeros Presupuestos de Ayuso

Las banderas ideológicas que Vox ha conseguido colocar en los primeros Presupuestos de Ayuso

Más sobre este tema
stats