La vivienda pública anunciada por la Xunta cubriría solamente el 20% de la demanda de pisos protegidos
La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.
El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.
Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.
Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.
Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.
También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.
A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.
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La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.
A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.
Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.
