Vocales críticos del CGPJ consideran imparcial a Álvaro García por su cercanía al Gobierno: "No es idóneo"

Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial que este jueves han votado en contra de la candidatura del Álvaro García Ortiz para encabezar la Fiscalía General del Estado han emitido un voto particular en el que explican que "no es idóneo" porque no ven en él la imparcialidad requerida para el cargo debido a "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" que fundan, principalmente, en su cercanía a la fiscal general saliente, Dolores Delgado, según informa Europa Press.

En un escrito de ocho folios, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona muestran su discrepancia con los otros doce miembros del CGPJ, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes, que han aprobado el acuerdo por el que el órgano de gobierno de los jueces avala la propuesta de nombramiento de García Ortiz.

Los vocales críticos explican que no albergan dudas sobre "las condiciones objetivas" que debe cumplir el actual jefe de la Secretaría Técnica de la FGE para suceder a Delgado, esto es, ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de experiencia profesional –"no se pone en cuestión ni lo uno ni lo otro"–, si bien afirman que "el candidato propuesto no es idóneo para desempeñar el cargo" porque "no cumple con el requisito de imparcialidad".

En primer lugar, aducen que su trayectoria "se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la fiscal general recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida". El aval a Delgado ya contó con un voto particular que afeaba igualmente su "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" por saltar a la FGE directamente desde el Ministerio de Justicia.

"Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad (a Delgado) y, en lo que parece –y para valorar la idoneidad desde la perspectiva de la confianza pública, las apariencias cuentan–, algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato propuesto", dicen.

En este sentido, indican que "circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público, como los expedientes seguidos en relación con el fiscal Ignacio Stampa, o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto".

A ello añaden que "tampoco su trayectoria en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se ha caracterizado durante su mandato por lo que cabía esperar de ella, ni merece un juicio positivo", porque "en todo ese período no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia".

Apariencia de apoyo "partidista"

Además, aluden a la participación de García Ortiz hace años en un acto organizado en Galicia por la Fundación IDEAS, vinculada al PSOE, como "un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado".

"No se discute en absoluto la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que esas mismas actividades hayan de ser tenidas en cuenta en toda su dimensión por lo que ello puede implicar desde la perspectiva del acceso a determinados cargos públicos", esgrimen.

En este caso, resaltan que el evento en cuestión "no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político".

Hacen hincapié en que tuvo lugar en un contexto "singular", con la "participación del candidato de ese partido político a las elecciones del territorio", "generando inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal".

Para los siete vocales, "estas circunstancias que concurren en el candidato propuesto son hechos que, por un lado, crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir y, por otro lado, no permiten la formulación de un pronóstico positivo de gestión cuando la pasada, que no le es ajena, se ha hecho acreedora de una valoración negativa".

Todo ello, advierten, "comporta a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

"Que se vea que se hace justicia"

Los firmantes defienden que el informe evacuado por el CGPJ sobre quien aspira a capitanear la FGE "no es un mero acto rituario limitado a constatar que la persona propuesta reúne los datos objetivos" –ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional–, por cuanto "carecería de sentido lo primero y sería discutible lo segundo".

A este respecto recuerdan que la "misión constitucional" del Ministerio Fiscal consiste en "velar por la independencia de los tribunales", además de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad", un rol de "garante" que exige que quien lo ejerza "sea impermeable a influencias externas indebidas".

Los vocales sostienen que, si bien la independencia del Ministerio Fiscal presenta "notas características y propias respecto de la independencia de los jueces", debe regirse por unos cánones que resumen en un antiguo proverbio inglés: "No basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se vea que se hace Justicia".

Así, consideran "admisible" que sea el Gobierno el que proponga al fiscal general del Estado, con "un grado de discrecionalidad que ha de respetarse", pero apostillan que dicha independencia, aunque más "débil", "también comporta el deber de ajustar tal propuesta a las exigencias de legalidad y, sobre todo, a las derivadas del papel constitucional del Ministerio Fiscal".

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Al hilo, ponen de relieve que "tanto desde el Consejo de Europa como desde diversas instancias de la Unión Europea se considera que el estatuto independiente de los fiscales es un requisito imprescindible del Estado de Derecho".

Los vocales recogen que, desde el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia reclama garantizar "una autonomía suficiente" a los fiscales para "protegerles de una influencia política indebida" y su Grupo de Estados contra la Corrupción ha recomendado a España "que el Ministerio Fiscal tenga suficiente autonomía para tomar decisiones independientes de la dirección ejecutiva o gubernamental" apreciando que nuestro país podría hacer "esfuerzos adicionales" en esa línea.

Citan también el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, el cual observa que "persisten dudas en cuanto a la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno", por lo que aconseja fortalecer el estatuto del fiscal General, en particular respecto a la separación de mandatos del fiscal general de la del Gobierno.