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La ocultación económica en la política

Vox cierra su legislatura de estreno con sus 52 diputados ocultando ingresos al Congreso

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

Los 52 diputados de Vox que han terminado la legislatura sin declarar qué ingresos tuvieron y de dónde procedían en los cinco años previos al inicio del mandato no son ya el único caso de infracción flagrante a la doctrina de transparencia aprobada por las dos Cámaras. La avanzadilla de la ultraderecha le ha abierto camino al líder y candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que se ha resistido a incluir en su declaración de bienes cuánto le paga su partido en concepto de sobresueldo. Finalmente, el PP filtró este miércoles que paga a Feijóo 52.346 euros anuales como "gastos de representación".

Tanto los portavoces del Congreso como los del Senado admiten que ni el Reglamento interno ni el Código de Conducta bicameral –aprobado con fanfarrias en octubre de 2020 por todos los grupos salvo Vox– contienen medidas reales de sanción a los infractores. En resumen, queda al albur de cada parlamentario amoldarse en parte, en todo o en nada a la política de transparencia, que garantiza la publicidad de todo aquello que interese conocer a los ciudadanos: desde con quiénes se reúnen a qué actividades extraparlamentarias desarrollan y, por regresar al primer párrafo, a qué se dedicaron profesionalmente antes de sentarse en el escaño o cuánto cobran al margen de su nómina como diputado o senador. Justamente esas percepciones, las relativas al salario oficial, no son de consignación forzosa en ninguna de las declaraciones. ¿Por qué? Porque poseen carácter público y conocerlas está al alcance de cualquiera con ganas de valerse de una calculadora.

En lo que respecta a Vox, este periódico intentó este martes de nuevo y sin éxito una respuesta al porqué del sistema elegido para presentar unas declaraciones de intereses económicos que no aportan ni un solo dato sobre las actividades de sus diputados antes de la toma de posesión del escaño. Para curarse en salud y siguiendo una pauta común para todo el grupo, los 52 diputados encabezados por Santiago Abascal copiaron al unísono un mismo texto y lo encajaron en el primer y más relevante apartado de la declaración de intereses económicos: "Actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos".

Nada contrario al "interés superior de España"

¿Qué ofrecieron como respuesta los 52 diputados de la extrema derecha? Lo que sigue: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados"."

En abril, y pese al entrecomillado previo, el Boletín Oficial de las Cortes calificó 2022 de "buen año" en lo que concierne al cumplimiento del Código de Conducta. No incluyó ninguna reprimenda y ni siquiera una regañina. En un tono benigno, sin exigencias y sin mencionar de forma abierta a Vox, el órgano se limitó a aportar la siguiente recomendación a los parlamentarios: "Que intenten evitar las «respuestas-tipo», esto es, aquellas que contienen una respuesta genérica, redactada de antemano en términos muy amplios, para poder ser utilizada por todos los parlamentarios de un mismo grupo. Ello es especialmente aconsejable en relación con el apartado I, relativo a las actividades desarrolladas por cada parlamentario en los cinco años anteriores al inicio del mandato, ya que no resulta creíble, ni compatible con el sentido de la norma, el que haya una coincidencia total entre las actividades desarrolladas durante un período de tiempo extenso por un elevado número de parlamentarios".

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Vox ni siquiera ha explicado en ningún momento por qué busca mantener en secreto la trayectoria profesional de sus representantes públicos. El PP, en cambio, ha salido al escenario a defender la ocultación de datos de Feijóo con un argumento que invoca la legislación vigente: ninguna norma –sostuvo en Twitter su portavoz en el Senado, Javier Maroto– autoriza al presidente de la Cámara, el socialista Ander Gil, a darle a Feijóo una semana de plazo para que haga constar en su declaración de bienes lo que le paga el PP.

En realidad, y como escribió Gil en el mensaje dirigido al PP,  “los senadores tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación”. En el caso de Feijóo, esa modificación –su nombramiento como presidente del PP y el cobro de un sueldo partidario a partir de ahí– se produjo en mayo de 2022.

Como publicó infoLibre este martes, el PP pagó de media a José María Aznar y a Mariano Rajoy unos 260.000 euros brutos al año al cambio de 2023 cuando eran los líderes de la oposición y ocupaban el sillón de la calle Génova en el que ahora se sienta Feijóo. El líder del PP, sin embargo, ha tratado de no hacer pública su nómina en el partido hasta después de las elecciones, alegando que no está obligado a actualizar su declaración en el Senado hasta que abandone su escaño, el próximo 17 de agosto. Al final la cifra se ha conocido este miércoles.

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