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Comunidad de Madrid

Vox pone los primeros deberes a Ayuso: mano dura con los migrantes, acabar con las leyes de igualdad y cerrar Telemadrid

Rocío Monasterio felicita a Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor del PP y Vox.

Todo salió según lo previsto este viernes en la Asamblea. No hubo sorpresa alguna. Un año y diez meses después, Isabel Díaz Ayuso fue investida de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid. En primera votación. No fue necesaria una segunda vuelta. Ya desde la misma noche electoral, la candidata conservadora sabía que tenía detrás a la mayoría absoluta de la Cámara. Contaba con el respaldo de sus diputados, los del PP. Y también de Vox. Una ultraderecha que ha exhibido este viernes desde la tribuna de oradores uno de los discursos más racistas, machistas y homófobos que se recuerdan en el Parlamento de Vallecas. Un compendio de intervenciones parlamentarias que utilizaron, además de para atizar a la izquierda, para poner deberes al próximo Ejecutivo regional. Tareas marcadas a fuego en la agenda ultra: mano dura con los migrantes, fin de las leyes de igualdad, desmantelamiento de la normativa LGTBI y cierre de una radiotelevisión pública que ha estado en el punto de mira de Ayuso desde la pasada legislatura.

Si hay algo que ha marcado profundamente la segunda sesión del debate de investidura ha sido el señalamiento por parte de la bancada ultra de Serigne Mbayé, el diputado de origen senegalés de Unidas Podemos. No era la primera vez que desde Vox se ponía el foco en este parlamentario. Ya lo hizo a través de redes sociales en cuanto se conoció su fichaje por parte de la formación morada. “Nosotros le deportaremos”, decían, a pesar de que el diputado cuenta con la nacionalidad española. Pero este viernes, los ataques se produjeron en la sede de la soberanía regional. Y empañaron por completo la investidura de Ayuso. “Es una persona que entró en nuestro país de forma ilegal. Y, además de entrar de forma ilegal, se lucró durante años vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz”, dijo Rocío Monasterio con toda la calma del mundo.

En ese momento, la sesión saltó por los aires. Hasta tal punto que se protagonizó un enfrentamiento directo entre la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, y la portavoz de Vox. La primera, le invitó a retirar las palabras. La segunda, se negó, llegando incluso a acusar a la máxima autoridad de posicionarse del lado de las “mafias” durante las réplicas. Un segundo turno de palabra que acabó con la expulsión del hemiciclo de la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo, quien mostraba desde su escaño su desacuerdo por que se permitiesen en el hemiciclo palabras abiertamente racistas. Un tipo de discurso con el que pretenden marcar el paso al nuevo Ejecutivo regional durante la legislatura. Si tan valiente es a la hora de enfrentarse al Gobierno central en diferentes asuntos, vino a decirle a Ayuso durante su intervención, séalo también para combatir la “inseguridad” y exigir “una inmigración ordenada”.

Lucha contra el machismo y leyes LGTBI

A pesar de darle su apoyo de forma gratuita en la investidura, esta no fue la única exigencia que la ultraderecha puso en la mesa de la líder del Gobierno regional de cara a la corta legislatura que acaba de arrancar. Hubo más. Desde la tribuna, la extrema derecha apuntó hacia normas sobre las que en la Comunidad de Madrid existía hasta la fecha un enorme consenso político y social. “Están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical. Entiendo que su anterior socio de Gobierno –en referencia a Ciudadanos– no les dejase derogarlas, pero nosotros se lo vamos a exigir. Sus votantes se lo agradecerán”, dijo la cara visible de la ultraderecha en el Parlamento autonómico tras abjurar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo hizo en un momento terrible. Solo en el último mes, han sido asesinadas una docena de mujeres y tres niños en todo el país. La última, el pasado martes. Tenía 81 años.

Pero Vox también puso en el punto de mira con sus palabras en la normativa construida en materia LGTBI. Un marco jurídico al que se dio luz verde con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno. La ley de protección contra la LGTBIfobia, por unanimidad. La de Identidad y Expresión de Género, con la abstención de los conservadores. “El PP aprobó a espaldas de los madrileños, y con el único propósito de contentar a los lobbies ideológicos de la izquierda, las leyes de violencia de género y LGTBI en la Comunidad de Madrid todavía vigentes hoy. En su campaña, usted dijo ‘Comunismo o libertad’. Pues apueste por la libertad, señora Ayuso, y derogue esas leyes”, le espetó Monasterio. Son normas, dijo, que “defienden la autodeterminación de género, vulneran la presunción de inocencia e invierten la carga de la prueba”. “Cuando los maltratadores o los violadores se enteren de las leyes que tenemos aquí vigentes, ¿saben lo que se van a declarar? Mujeres”, lanzó sin sonrojarse.

“Buscar propuestas comunes”

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Deberes a la futura presidenta que los ultras completaron con la radiotelevisión pública, a la que ya habían puesto en el punto de mira en su programa para los comicios del 4M. “Hay que cerrar Telemadrid”, exigió Monasterio. Y si no se puede hacer de forma inmediata, al menos que se reduzca “drásticamente su coste”. Y hay que hacerlo, argumentó la portavoz ultraderechista, porque “ni es un servicio público, ni es un servicio necesario, es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año”. Sin embargo, lo cierto es que cada vez más madrileños sintonizan con Telemadrid. Cuando se produjo el relevo en la dirección, la audiencia se situaba en el entorno del 4% y su credibilidad era nula tras una década de control por parte de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El pasado mes de enero, sin embargo, la cadena cerraba con las mejores cifras de audiencia desde 2011.

La radiotelevisión pública madrileña ha sido uno de los caballos de batalla de Ayuso prácticamente desde el arranque de la anterior legislatura. Para el recuerdo, aquella entrevista en la que la presidenta regional, visiblemente molesta por las cuestiones relacionadas con el Hospital Enfermera Isabel Zendal, recordaba a la presentadora que hay preguntas que no se le pueden hacer a la líder de un Ejecutivo regional. En los dos últimos años, los encontronazos han sido continuos. Hasta el punto de asfixiar económicamente a la cadena. El punto álgido, la campaña electoral y la negativa de Ayuso de asistir al debate –una posición que luego rectificó–. Ahora, en el Ejecutivo estudian una modificación normativa para ventilarse al actual director, José Pablo López, cuyo mandato no expira hasta 2023. Una de las opciones sería, tal y como informó este diario, el nombramiento de un cargo de nueva creación que esté por encima del director general e, incluso, del Consejo de Administración.

Habrá que ver hasta qué punto es capaz de ceder Ayuso a las exigencias de Vox a cambio de su respaldo en la Cámara. El PP no tiene mayoría absoluta, eso es cierto. Sin embargo, cuenta con más diputados que las tres fuerzas de la izquierda juntas, por lo que la dependencia que puede tener de la ultraderecha es más reducida. La presidenta regional, durante su intervención, también ha arropado a Vox. “Quiero decirle que a mí me ha abochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera”, dijo durante su primera intervención. Y, a partir de ahí, evitó pronunciarse sobre lo reclamado. Es cierto que ambos partidos, apuntó, difieren “en muchas cuestiones”. Pero se mostró convencida de que eso “no va a ser ningún obstáculo para buscar propuestas comunes”. “Nosotros no somos como los de Ciudadanos, nosotros no somos de ahora me das los votos y si te he visto no me acuerdo”, deslizó. ¿Llegará la presidenta conservadora a plegarse a la agenda ultra de Vox? ¿Hasta qué punto? Eso es algo que se verá a lo largo de esta corta legislatura que ha echado a andar.

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